Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano creó una comisión para analizar las quejas que ha manifestado durante los últimos días la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) por el “cobro excesivo” de comisiones cuando reciben ingresos por medio del pago electrónico.

Así lo informó este miércoles el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, indicando que la intención es atender las “reclamaciones legítimas”.

“Ya tenemos una comisión mixta entre nosotros y (Anadegas) para ver de qué manera podemos atender las quejas que sean legítimas en el proceso de las tarifas y las comisiones establecidas por la intermediación electrónica”, expresó al ser entrevistado mientras se encontraba en el Congreso Nacional.

No obstante, el incumbente pidió entender “que ese es un servicio privado de intermediación electrónica”.

Mientras tanto, según explicó, el MICM realizó este martes su primera reunión con los comerciantes de combustibles para evitar que la ciudadanía pierda la facilidad de pagar a través del formato digital.

El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, ha advertido desde el pasado 30 de junio que eliminarían ese formato de pago en al menos 780 estaciones si las entidades financieras no reducen sus cuotas de beneficio.

“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, dijo a los medios de comunicación.

De nuevo el precio de los combustibles

Luego de haber reducido su costo de más de USD$100 a aproximadamente USD$68, el precio del barril del petróleo aumentó de nuevo, el miércoles, luego de que se agravara el conflicto bélico registrado en Oriente Medio, entre Irán e Israel, quien tiene a Estados Unidos como aliado.

Ante esta situación, Sanz Lovatón aseveró que el “plan anticrisis” aprobado por el Congreso Nacional le permitirá al Gobierno «seguir sorteando la situación internacional”.

El funcionario se refiere a la Ley 30-26 que promulgó el pasado 18 de junio el presidente Luis Abinader, la cual consiste en aumentar algunos impuestos a diversos sectores de la sociedad, con el objetivo de alcanzar aproximadamente RD$50,000 millones adicionales y subsidiar los combustibles.

Sobre los cacerolazos

Durante los últimos días, la sociedad dominicana ha expresado su rechazo a varias situaciones registradas en el país, a través de una serie de cacerolazos realizados desde los hogares del gran Santo Domingo y protestas en el Distrito Nacional.

Algunas de estas son el abuso policial, posibles vulnerabilidades establecidas en el Código Penal para la ciudadanía y una de las más constantes desde abril: el alza en los precios de los combustibles.

Pero, para este funcionario, esto no significa que el Gobierno se encuentre en un mal momento.

“Yo creo que eso habla bien del clima de libertad y participación en la República Dominicana. Yo creo que eso al final es una expresión genuina”, dijo.

Según dijo Lovaton, los funcionarios esperan que, “con el paso de los días”, las medidas aplicadas por el mandatario Luis Abinader “sigan sintiéndose entre la gente”.

Santo Domingo, R.D.-Si alguien se preguntara el motivo por el cual el Gobierno no asume las reformas impositivas igual como en los países desarrollados la respuesta varía. En realidad, la presión por nuevos recursos es una facultad cíclica por la que atraviesan las administraciones, aunque en países como República Dominicana, donde casi todo es importado, los salarios son precarios y no hay reembolsos generalizados, lo primordial es prestar atención a los técnicos y a la gente que tributa.

La Ley 30-26 fue aprobada sin muchas discusiones, pero esa medida está muy lejos de ser inofensiva al bolsillo de la gente común, del “sándwich” de la economía (clase media baja), razón que motiva a varios economistas a pedir una revisión de la pieza.

La llamada Ley anticrisis, incluso, fue titulada este semana como “Un dinosaurio impositivo”, por el reconocido economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo semanal en El Caribe, al referirse específicamente a la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores y, que según la publicación las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio. Define como un absurdo el proyecto de ley aprobado.

Impacto negativo

Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), asegura que la Ley 30-26, pro crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas.

“La rentabilidad de las empresas se verá afectada, las inversiones y los precios de bienes y servicios, impactando a los hogares. Vivir y hacer negocios será más caro”, afirma.

Respecto a las retenciones o el impuesto a transferencias y cheque aduce que “son elementos con efectos negativos, sin importar tamaño de los emprendimientos”. El aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil aumentaría los costos operativos, dice.

Y, tendrían, además, un efecto sobre la bancarización, ya que las personas toman decisiones de incorporarse formalmente o de realizar transferencias en efectivo de acuerdo a los costos.

A juicio del economista, los puntos que quitan competitividad introducidos en la Ley 30-26 deberán ser revisados con una transformación tributaria futura, que debe ser en poco tiempo. República Dominicana se torna en un destino menos competitivo con esta legislación, asegura.

“Hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos que impactó la inflación en un punto porcentual desde el inicio de la contienda del Medio Oriente a pesar de que fue sobrellevado con subsidios; el PIB creció 4.2% para enero-mayo”, indica.

Afirma que si se observa el comportamiento internacional el comercio continúa y las exportaciones dominicanas crecieron un 14.4%, ayudados por altos precios de rubros como el oro.

Pérez Ducy aduce que lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural, el cual deberá ser enfrentado con una verdadera reforma eventualmente.

Para Pérez Ducy esta ley es apenas una reforma tributaria que aumenta algunos impuestos, en general de manera progresiva con la excepción del efecto por tramos del impuesto para residuos sólidos, pero la considera mejor que continuar con el endeudamiento externo.

“Pero lo crítico será revisar el gasto, como lo señalado hace tiempo. Cómo justificar una reforma para RD$40,000-50,000 millones gastando RD$11,000 millones en publicidad?

Respecto al aumento del impuesto de 0.15 a 2.0 sobre transacciones bancarias dice que no le luce que tendrá ningún impacto, debido a que los usuarios no volverán a usar cheques solo por esto, debido a que la gente no dejará de hacerlo para ir al banco por el tiempo y el gasto en combustible que implica.

Falta de plan

El economista Luis Vargas considera que esa ley no responde a ningún plan, porque es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos, crea confusión y viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no la deroga.

Entiende que la ley presenta un problema de carácter jurídico y de carácter técnico y por tanto cree que no toca los problemas fundamentales, incluyendo el control de la evasión.

Suelto

Cheques y transferencias

La Ley 30-26, sobre medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, establece un aumento del impuesto de 1.5 por mil (0.0015) aplicado a los cheques y transferencias electrónicas a 0.002 por mil (2.0 por mil).

Mantiene exento el retiro de efectivo, las transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona, consumo con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones pagos de los fondos de pensiones, pagos impuestos al Estado y las transferencias del Estado.

Santo Domingo, R.D.-Los fondos de inversión en la República Dominicana alcanzaron la cifra de 82,598 cuentas activas en mayo de 2026, equivalente a un incremento de más del 40 % frente al mismo mes del año anterior, cuando el sector contaba con 58,762 cuentas.

Así está contenido en el boletín mensual de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), en el cual se establece que del total de cuentas activas, 78,236 pertenecen a personas físicas, ocupando el 95 %, lo que confirma que el perfil predominante de la industria es del inversionista individual, que puede invertir en algunos fondos desde pequeños montos.

Dijo que, para tener acceso a ese tipo de inversiones de manera individual, había que disponer de un capital que muy pocas personas podían comprometer y que, a través de un fondo, ese activo se compra con el dinero de diversos aportantes donde los beneficios los recibe cada uno en proporción exacta a su participación.

La industria arrancó en 2013 con apenas 45 cuentas activas. En 13 años, el número superó las 82,000, según destacó el gremio a través de un comunicado de prensa.

Acceso a inversiones

La República Dominicana registra una penetración de fondos de inversión inferior al 1 % de su población, frente a un promedio que supera el 5.60 % entre los países latinoamericanos, sin incluir a Brasil.