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Es una aspiración inalcanzable que partidos políticos cambien su conducta, ya que han sido formados para delinquir.
Con más de ochenta allanamientos el Ministerio Público apresó a un grupo de personas, incluidos funcionarios del Gobierno, que forman una red de narcotráfico que parece ser parte de las acciones del bajo mundo en que está vinculado el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, preso en Miami.
Los informes sobre este operativo involucran no sólo a quien fuera director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, sino también al diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Darío Féliz Féliz, quien intentó, siempre de acuerdo con lo dicho por la magistrada Yeni Berenice Reinoso, de encubrir a un extraditable en momentos en que éste estaba cercado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la DEA y el Ministerio Público.
En el caso de este diputado no se produjo su apresamiento porque goza de inmunidad, pero que el Ministerio Público contempla proceder mediante un sometimiento en la Suprema Corte de Justicia por ser un funcionario que su caso debe ser manejado en una jurisdicción privilegiada.
Pero el asunto es todavía mucho más grave, porque ha trascendido la información de que en esta red de narcotráfico hay involucrados varios senadores, quienes incluso parece que recibieron algún tipo de financiamiento de este grupo durante la pasada campaña electoral.
En todo esto hay cosas que no cuadran, como por ejemplo el hecho de que el presidente de la República, Luis Abinader, no bien termina un operativo del Ministerio Público ofrece declaraciones que envían el mensaje de que todo es fruto de una voluntad del mandatario cuando en realidad se trata de una iniciativa de un órgano que se proclama que es independiente, pero que no queda la menor duda de que el Jefe de Estado busca sacarle provecho político.
Ese comportamiento de Abinader no luce muy coherente y podría decirse hasta serio, porque si el Ministerio Público actúa por motu propio entonces no tiene ningún asidero que el presidente quiera dar la impresión de que todas esas acciones obedecen a su voluntad y a su deseo de que las cosas sean de ese modo.
La otra cuestión es que hay periodistas que destacan la supuesta colaboración del Gobierno en la persecución de estos casos, lo cual demuestra que desconocen que las autoridades no tienen otra opción, porque de no ser así exponen al país a sanciones muy severas.
Lo que la mayoría de la gente se pregunta es que si estos funcionarios que exhiben riquezas que no pueden justificar son nombrados por el presidente Abinader no hay forma de explicar que se desconoce lo que ocurre con ellos, muchos de los cuales fueron escogidos como candidatos a diputados y senadores a pesar de que todo el mundo sabe que están vinculados al bajo mundo.
Pero además como es que el Estado y principalmente Abinader no está informado de que muchos de sus funcionarios, incluidos diputados y senadores, están involucrados en el narcotráfico.
Todo esto deja muchas preguntas por responder, sobre todo con un PRM que cada día que pasa aparecen más de sus dirigentes involucrados en el negocio de las drogas y cuando no en otras transacciones consideradas del bajo mundo, cuya situación no excluye a los demás partidos del sistema en el que se sustentan.
El otro elemento que llama a la atención es que ya algunos diputados se hayan adelantado para calificar de serio al legislador del PRD Feliz Féliz y para decir que por el hecho de que él intentara ocultar o ayudar a evadir la persecución policial a un extraditable no lo involucra en ningún ilícito.
La defensa a capa y espada de algunos legisladores de colegas que actúan al margen de la ley no es la primera vez que ocurre en el Congreso Nacional, lo cual además es una especie de confirmación de que el narcotráfico financia a muchos de los diputados y senadores e indica que desde hace mucho tiempo el país cuenta con un narco-estado.
En el curso de los días surgirán muchos más elementos de un asunto que preocupa a todo el país, porque una vez más se confirma que el sistema de partidos ha perdido totalmente su credibilidad, lo que afecta de forma sustancial la democracia, cuya recuperación no parece tan fácil.
Frente a este caso y muchos otros las actuales autoridades nacionales juegan al gato y al ratón, porque a partir del propio presidente de la Republica se debe establecer alguna responsabilidad ante la comisión de tantos errores con la designación de funcionarios vinculados al narcotráfico, lo que llama a la atención y a una preocupación especial.
Se impone esperar para ver el curso de la investigación en desarrollo y en la que parece que podrían haber muchas sorpresas, ya que se habla de una red que supera todas las anteriores desmanteladas en el país con la colaboración de los Estados Unidos, lo cual quiere decir mucho más de lo que cualquiera pueda imaginar.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.