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La Operación Lava Jato salpica a los políticos más influyentes de Brasil

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EFE

Incluye a la mayoría entre los más influyentes en el Ejecutivo y el Legislativo, entre ellos 8 ministros, 5 expresidentes, 3 gobernadores, 24 senadores y 37 diputados

RÍO DE JANEIRO. La Lava Jato, la operación iniciada hace tres años para investigar una red de corrupción en la petrolera Petrobras, salpicó esta semana a la elite de la política brasileña con la decisión de la Corte Suprema de autorizar que se investigue a 97 autoridades con fuero privilegiado.

La lista de políticos que la máxima corte de Brasil autorizó investigar por haber sido citados en acusaciones de ejecutivos de la constructora Odebrecht sobre los beneficiarios de la red de corrupción en Petrobras, incluye a la mayoría entre los más influyentes en el Ejecutivo y el Legislativo, entre ellos 8 ministros, 5 expresidentes, 3 gobernadores, 24 senadores y 37 diputados.

La operación Lava Jato se inició el 17 de marzo de 2014 cuando la policía del sureño estado de Paraná descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo.

En el proceso se destapó una red de corrupción en la empresa estatal Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos que alcanzan a todos los partidos.

Después de tres años de investigación, el caso ha salpicado a más de una docena de países de la región y en Brasil ha dejado cientos de detenidos involucrados en un esquema de pago de sobornos por contratos, que van desde altos ejecutivos de empresas constructoras y directivos de Petrobras hasta miembros de la cúpula del poder.

Esta es la relación de las fechas más destacadas sobre el caso: 2014

17 marzo.- La Policía Federal desarticula en Curitiba una banda acusada de lavar unos 4.350 millones de dólares y son detenidas 28 personas.

21 marzo.- Arrestado el exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa.

6 septiembre.- En plena campaña electoral, Costa desvela un sistema de corrupción organizado alrededor de Petrobras que compromete al Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Partido Progresista (PP).

26 octubre.- Dilma Rousseff, reelegida presidenta de Brasil, se compromete a combatir la corrupción.

22 diciembre.- Rousseff admite que la corrupción en Petrobras dificulta la formación de Gobierno y renueva su confianza en Graca Foster, presidenta de la petrolera.

27 diciembre.- Rousseff, el saliente ministro de Hacienda, Guido Mantega, y Foster figuran entre los catorce nombres que deberán responder en un proceso adelantado por la Justicia estadounidense contra Petrobras.

2015

1 enero.- Rousseff inicia su segundo mandato.

4 febrero.- Foster y otros cinco directivos renuncian a sus cargos en Petrobras.

5 febrero.- Detenido el tesorero del PT Joao Vaccari Neto.

6 febrero.- Aldemir Bendine, banquero cercano al PT, nombrado presidente de Petrobras.

3 marzo.- El fiscal general Rodrigo Janot, que investiga la participación de aforados en la trama de corrupción, pide investigar a 54 personas, entre ellas políticos protegidos.

6 marzo.- El Supremo autoriza a investigar a 49 políticos y autoridades, entre ellos los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB.

1 octubre.- El Congreso de Perú acuerda formar una comisión legislativa que investigará los presuntos vínculos de autoridades de ese país con el caso.

17 diciembre.- La Policía brasileña desmantela otra red que habría desviado recursos de Petrobras desde 1997.

2016.

29 enero.- La Fiscalía de Sao Paulo cita como investigado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero por la compra de un apartamento.

30 enero.- El exmandatario y candidato a la Presidencia de Perú Alan García declara como testigo.

3 marzo.- El Supremo acepta las denuncias contra Cunha.

4 marzo.- La Policía conduce a Lula a declarar a una comisaría por sospechas de ocultación de patrimonio y lavado de dinero.

21 marzo.- Detenido en Lisboa el fugitivo brasileño Raul Schmidt, socio de un exdirector de Petrobras.

31 marzo.- La esposa del presidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, declara en una comisión investigadora del Congreso de su país sobre las reuniones que mantuvieron ambos con empresarios involucrados en la Lava Jato durante la campaña electoral.

18 abril.- Ollanta Humala declara ante el fiscal.

12 mayo.- El Congreso brasileño vota a favor del proceso destituyente contra Rousseff, que es separada de la Presidencia durante 180 días y sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

23 mayo.- La prensa brasileña destapa conversaciones en las que el ministro de Planificación, Romero Jucá, sugiere frenar las investigaciones del caso Petrobras.

2 agosto.- La constructora Queiroz Galvao es acusada de integrar, junto con otras compañías, un cartel para distribuirse los contratos de Petrobras.

6 agosto.- Diarios brasileños revelan que el empresario Marcelo Odebrecht, uno de los acusados del caso Petrobras, declaró ante la Justicia que Temer fue uno de los beneficiados por la red de corrupción.

31 agosto.- El Congreso aprueba la destitución de Rousseff. Temer asume la Presidencia.

14 septiembre.- La Fiscalía acusa a Lula de ser el “comandante máximo” de un “sobornoducto” organizado en su Gobierno (2003-2010) para, con recursos desviados de organismos estatales, financiar a sus aliados políticos.

10 octubre.- La Fiscalía presenta cargos contra Lula, Marcelo Odebrecht y nueve personas más por delitos de corrupción relacionados con contratos en Angola.

19 octubre.- Detenido Cunha.

17 noviembre.- Arrestado el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, acusado de recibir al menos 66 millones de dólares en sobornos.

23 noviembre.- Ejecutivos de Odebrecht comienzan a firmar acuerdos de delación para reducir eventuales condenas.

19 diciembre.- El juez Sergio Moro acepta otra denuncia por supuesta corrupción contra Lula.

21 diciembre.- El Departamento de Justicia de EE.UU. revela documentos sobre presuntos sobornos efectuados por Odebrecht en doce países de América Latina y África por 788 millones de dólares.

2017

19 enero.- El juez Teori Zavascki, responsable de Lava Jato en la Corte Suprema, fallece en accidente aéreo.

31 enero.- La presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes, homologa las delaciones en que 77 ejecutivos de Odebrecht denuncian a las autoridades que recibieron sobornos por facilitar sus operaciones y a las que ofrecieron donaciones electorales ilegales.

9 febrero.- El magistrado del Supremo Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en sustitución de Zavascki, autoriza una investigación contra el expresidente José Sarney y los senadores Romero Jucá y Renán Calheiros, exjefe de esa cámara, por tentativa de obstrucción a la Lava Jato.

16 febrero.- Las fiscalías de once países anuncian que investigarán coordinadamente la red de corrupción de Odebrecht.

14 marzo.- La Fiscalía pide autorización a la Corte Suprema para abrir cerca de 276 investigaciones contra autoridades citadas en las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht.

4 abril.- La Corte Suprema autoriza la apertura de 76 investigaciones contra políticos con fuero privilegiado citados en las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht y envía otras 201 peticiones de investigación contra políticos sin fuero a otros tribunales.

11 abril.- La Corte Suprema divulga la lista de políticos con fueron privilegiado contra los que autorizó la apertura de investigaciones.

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Latinoamericanas

Fuerza internacional intensifica ofensiva contra bandas haitianas y advierte que mantendrá sus operaciones

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Por Efe

La misión multinacional reafirmó su compromiso de combatir a las organizaciones criminales pese a la emboscada contra cuatro militares salvadoreños, mientras autoridades haitianas realizan operativos y buscan reforzar sus fuerzas de seguridad.

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que continuará sus operaciones contra las organizaciones criminales que mantienen bajo su control amplias zonas de Haití, pese a los recientes ataques contra integrantes de la misión internacional, incluido el incidente en el que desaparecieron cuatro militares salvadoreños.

Mediante una declaración difundida en la red social X, la fuerza multinacional reafirmó su determinación de contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad del país caribeño, advirtiendo que las acciones violentas de las bandas no detendrán el cumplimiento de su mandato.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión por la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, quienes fueron emboscados por hombres armados en las afueras de Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.

La GSF acompañó su mensaje con imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados, militares de Chad y personal salvadoreño participando en actividades de vigilancia aérea.

Operativos contra grupos armados en Puerto Príncipe

Mientras la misión internacional mantiene su ofensiva, la Policía Nacional de Haití continúa desarrollando intervenciones en sectores considerados estratégicos para las organizaciones criminales.

Según informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, durante la noche del domingo se ejecutó un operativo en el barrio Bel-Air, en Puerto Príncipe, que habría dejado varios presuntos integrantes de bandas armadas muertos.

La intervención estuvo dirigida contra una organización que operaba en ese sector y que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio haitiano, estaría relacionada con numerosos secuestros registrados en la capital.

Las autoridades buscan recuperar espacios ocupados por estructuras criminales que han limitado la movilidad de la población y afectado las actividades económicas y sociales.

Haití busca incorporar miles de nuevos militares

Paralelamente a las operaciones de seguridad, las Fuerzas Armadas haitianas iniciaron un proceso de selección de nuevos integrantes para fortalecer su capacidad institucional.

Alrededor de 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones intelectuales, de las cuales serán seleccionados aproximadamente 700 candidatos.

El proceso forma parte de un programa gubernamental que contempla incorporar 15,000 miembros a las Fuerzas Armadas durante los próximos tres años.

La iniciativa pretende ampliar la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y respaldar las acciones desarrolladas contra las organizaciones criminales.

Persiste incertidumbre sobre militares salvadoreños desaparecidos

La situación de los cuatro integrantes del contingente salvadoreño continúa generando preocupación internacional.

La GSF informó que recibió restos humanos cuya identidad no había sido establecida y que inicialmente se consideró que podrían corresponder a los militares desaparecidos.

Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó esa posibilidad, por lo que la identificación de los restos permanece pendiente de confirmación.

Las autoridades salvadoreñas han desplegado unidades especializadas para apoyar las operaciones de búsqueda y determinar el paradero de sus efectivos.

La emboscada representa uno de los acontecimientos más delicados enfrentados por la misión internacional en su lucha contra las organizaciones criminales haitianas.

Organización denuncia presuntos vínculos entre bandas y sectores de poder

En medio de las operaciones, la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (Rhajac) pidió al presidente salvadoreño actuar con cautela ante la compleja situación política y de seguridad de Haití.

La organización denunció la supuesta existencia de acuerdos entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y dirigentes de organizaciones armadas, que presuntamente tendrían como propósito favorecer su permanencia en el poder.

También señaló alegadas relaciones de protección y colaboración entre bandas criminales y determinados integrantes de sectores políticos, empresariales y policiales.

Entre sus señalamientos, la organización mencionó presuntas complicidades relacionadas con miembros de instituciones policiales haitianas y dominicanas.

Estas afirmaciones constituyen denuncias de la Rhajac y no hechos judicialmente establecidos. La información difundida no aporta una determinación oficial que permita confirmar tales acusaciones ni atribuir responsabilidades individuales.

La recuperación territorial sigue siendo el principal desafío

La persistencia de las bandas armadas continúa representando uno de los mayores obstáculos para la estabilización de Haití.

Aunque las operaciones conjuntas han permitido recuperar algunos espacios y enfrentar determinadas estructuras criminales, las organizaciones armadas mantienen una considerable influencia territorial y capacidad de movilización.

La situación evidencia que las acciones militares necesitan complementarse con el fortalecimiento institucional, la interrupción del tráfico ilegal de armas y el combate contra las fuentes de financiamiento criminal.

Para la fuerza internacional, el desafío no consiste únicamente en neutralizar integrantes de las bandas, sino en contribuir a crear condiciones que permitan al Estado haitiano recuperar de manera permanente el control de las comunidades afectadas.

Mientras continúen los enfrentamientos y las denuncias sobre posibles redes de protección criminal, la estabilidad de Haití seguirá dependiendo tanto de los resultados de las operaciones de seguridad como de la capacidad de sus instituciones para restablecer el Estado de derecho.

Fuente: Agencia EFE, declaraciones de la GSF, informaciones de Radio Télé Galaxie y comunicado de la Rhajac, 27 de octubre de 2026.

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Misión internacional desafía a las bandas armadas de Haití y anuncia que mantendrá sus operaciones

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La desaparición de cuatro militares salvadoreños aumenta la tensión en el país caribeño, mientras continúan los enfrentamientos, las operaciones de seguridad y las denuncias sobre presuntos vínculos entre sectores de poder y grupos criminales.

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ. – La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) aseguró que mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en Haití, pese al recrudecimiento de la violencia y la desaparición de cuatro integrantes del contingente salvadoreño, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

La misión multinacional reiteró este lunes que las acciones intimidatorias y los ataques perpetrados por las bandas armadas no modificarán sus objetivos de contribuir al restablecimiento de la seguridad y respaldar a las autoridades haitianas.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la capacidad operativa de los grupos criminales, que mantienen bajo amenaza a comunidades enteras y representan un desafío para las fuerzas nacionales y extranjeras desplegadas en el territorio.

La desaparición de los cuatro militares salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre durante una emboscada en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ha agravado la tensión y provocado nuevas interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las que opera la misión.

Incertidumbre por militares desaparecidos

Uno de los acontecimientos que mayor preocupación ha generado es la recepción de restos humanos cuya identidad todavía no ha sido establecida.

La GSF informó que recibió, mediante una organización humanitaria, restos que inicialmente se consideraron relacionados con los cuatro militares desaparecidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer esa correspondencia.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que los restos encontrados pertenezcan a sus compatriotas y explicó que las características observadas no coinciden con las de los militares buscados.

La falta de información concluyente mantiene abiertas las investigaciones y aumenta la preocupación por la suerte de los integrantes del contingente salvadoreño.

Operativos contra organizaciones criminales

Mientras continúa la búsqueda, las fuerzas de seguridad haitianas han intensificado sus intervenciones en sectores considerados de alta peligrosidad.

De acuerdo con informaciones difundidas por Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional de Haití desarrolló una operación en Bel-Air, uno de los barrios de Puerto Príncipe afectados por la presencia de grupos armados.

Durante la intervención, realizada la noche del domingo, varios presuntos integrantes de bandas criminales habrían perdido la vida.

Las autoridades buscan debilitar la capacidad de organizaciones señaladas por su participación en secuestros, ataques armados y otras actividades delictivas que afectan a la población.

La GSF también difundió imágenes de sus operaciones, en las que aparecen vehículos blindados y miembros de los contingentes internacionales desplegados para apoyar las labores de seguridad.

Haití busca fortalecer sus Fuerzas Armadas

Paralelamente a las operaciones contra las pandillas, el Gobierno haitiano desarrolla un programa de fortalecimiento militar con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta de sus instituciones.

Como parte de esa iniciativa, aproximadamente 2,000 aspirantes participaron el domingo en evaluaciones destinadas a seleccionar nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas.

De ese grupo se escogerán alrededor de 700 candidatos, dentro de un proyecto gubernamental que contempla incorporar 15,000 efectivos durante los próximos tres años.

La medida forma parte de los esfuerzos por recuperar progresivamente el control territorial y reducir la dependencia de la asistencia internacional en materia de seguridad.

Denuncias sobre presuntas complicidades políticas

La crisis también ha generado cuestionamientos sobre la posible existencia de vínculos entre organizaciones criminales y determinados sectores de influencia política y económica.

La Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (RHAJAC) solicitó al presidente salvadoreño actuar con cautela ante informaciones sobre supuestos acuerdos entre dirigentes políticos haitianos y líderes de bandas armadas.

La organización denunció la presunta existencia de mecanismos de protección y apoyo a grupos criminales desde determinados espacios de poder.

Sus señalamientos también alcanzan a sectores privados y a supuestos integrantes de organismos policiales haitianos y dominicanos.

Estas acusaciones constituyen denuncias de la organización y no hechos judicialmente demostrados. Por tanto, requieren investigaciones independientes que permitan determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.

La crisis haitiana mantiene en alerta a la región

La persistencia de la violencia en Haití continúa representando un desafío de seguridad que trasciende sus fronteras, especialmente por sus posibles repercusiones humanitarias, migratorias y territoriales.

Para República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, el deterioro de la seguridad del país vecino constituye un asunto de especial interés nacional.

La desaparición de militares extranjeros evidencia las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para desarrollar operaciones en territorios donde las organizaciones criminales conservan una importante capacidad de acción.

Aunque la misión multinacional insiste en que continuará sus actividades, los acontecimientos recientes ponen de manifiesto la complejidad de enfrentar a estructuras armadas que desafían tanto a las autoridades nacionales como a las fuerzas internacionales.

El principal desafío sigue siendo transformar las operaciones militares en resultados sostenibles que permitan recuperar el control institucional, proteger a la población y crear condiciones para restablecer la estabilidad política y social de Haití.

Fuentes: Agencia EFE, comunicados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Radio Télé Galaxie y declaraciones atribuidas a la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción.

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Bandas armadas consolidan su dominio en Haití y agravan la crisis de seguridad nacional

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Las organizaciones criminales fortalecen su control territorial mediante extorsiones, secuestros y el dominio de rutas comerciales, mientras persisten los señalamientos sobre sus vínculos con sectores políticos y económicos.

Puerto Príncipe, Haití.– La creciente influencia de las organizaciones criminales en Haití continúa debilitando la capacidad de respuesta de las autoridades y representa uno de los mayores obstáculos para restablecer la seguridad y el orden institucional en esa nación caribeña.

Las bandas armadas han logrado consolidar estructuras que les permiten controlar comunidades, establecer sistemas de vigilancia, imponer cobros ilegales y restringir la circulación de ciudadanos y mercancías por importantes vías del territorio haitiano.

De acuerdo con el investigador Diego Da Rin, especialista en resolución de conflictos de International Crisis Group, estas organizaciones han evolucionado hasta convertirse en estructuras con capacidad operativa, fuentes propias de financiamiento y un considerable dominio de determinadas zonas.

Durante una entrevista concedida a DW Español, el especialista explicó que los territorios ocupados por las bandas cuentan con mecanismos de vigilancia y posiciones estratégicas desde las cuales sus integrantes pueden detectar movimientos de las fuerzas de seguridad y dificultar las intervenciones policiales.

Control territorial y presión sobre la economía

Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es la influencia de los grupos armados sobre infraestructuras esenciales para el funcionamiento económico de Haití.

Según Da Rin, las bandas han extendido su presencia hacia instalaciones estratégicas vinculadas al abastecimiento de combustible y al transporte de mercancías, además de ampliar sus operaciones desde Puerto Príncipe hacia los departamentos de Artibonite y del Centro.

Esta expansión ha facilitado el establecimiento de peajes clandestinos y otras formas de extorsión contra comerciantes, transportistas y residentes de las comunidades afectadas.

Los cobros ilegales y los secuestros constituyen importantes mecanismos de financiamiento que permiten a las organizaciones adquirir armamento, mantener sus estructuras y sostener sus operaciones.

Corrupción e impunidad favorecieron su crecimiento

El investigador también advirtió que la expansión de las pandillas no puede explicarse únicamente por las condiciones de pobreza o las debilidades institucionales del país.

Durante años, determinados sectores políticos y económicos habrían utilizado grupos armados para ejercer presión sobre adversarios, intervenir en procesos electorales y promover intereses particulares.

Sin embargo, con el paso del tiempo, varias de estas organizaciones adquirieron mayor independencia y desarrollaron estructuras que dificultan incluso el control por parte de quienes anteriormente mantenían vínculos con ellas.

Da Rin considera que la corrupción, la impunidad y las relaciones entre grupos criminales y sectores influyentes alimentan un ciclo de violencia que obstaculiza cualquier solución duradera.

Desaparición de militares aumenta la preocupación internacional

La capacidad de actuación de las bandas volvió a quedar en evidencia tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños durante un incidente ocurrido el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.

Los uniformados formaban parte de una misión internacional de apoyo a la seguridad haitiana y, según las declaraciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desempeñaban labores técnicas y de evacuación médica.

El mandatario exigió su liberación y advirtió sobre posibles medidas adicionales para lograr su recuperación.

Informaciones difundidas por medios dominicanos señalan que efectivos especializados de El Salvador fueron desplegados para reforzar las operaciones de búsqueda en sectores relacionados con la actividad de grupos criminales.

El incidente ha incrementado la preocupación sobre los riesgos que enfrentan tanto la población haitiana como los integrantes de las fuerzas internacionales que participan en los esfuerzos para restablecer la seguridad.

Un desafío que supera la respuesta militar

La situación haitiana evidencia que la recuperación del territorio no depende exclusivamente de operativos policiales o militares.

El fortalecimiento de las instituciones, la persecución de las redes de financiamiento criminal, el combate a la corrupción y la ruptura de los vínculos entre las bandas y sectores de poder aparecen como elementos esenciales para debilitar estas organizaciones.

Mientras persistan las fuentes de ingresos ilegales y las condiciones que favorecen su expansión, Haití continuará enfrentando graves dificultades para recuperar el control de sus comunidades y garantizar la protección de sus ciudadanos.

Fuente: Informaciones ofrecidas por Diego Da Rin, de International Crisis Group, a DW Español, y reportes periodísticos difundidos por elCaribe.

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