Nacionales
Frente a una segunda vuelta la oposición se uniría en contra del PLD.
La posibilidad de que haya una segunda vuelta en las elecciones del 2020 pone en peligro la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual esta obligado a ganar esos comicios en primera vuelta para evitar la la alianza de toda la oposición en su contra.
Esa es la urgencia del partido oficial que recientemente sufrió un división, con la renuncia del ex presidente Leonel Fernández, quien lo lideró luego de la muerte de Juan Bosch, en el 2001.
El partido morado y quince aliados obtuvieron en las elecciones del 2016, 2,847,438 votos, es decir, el 61.74% de los 4,708, 746 sufragios emitidos.
Si Gonzalo Castillo, candidato presidencial del oficialismo y sus aliados no se impone en primera vuelta, sería la segunda vez que se produce un escenario de segunda vuelta desde que se estableció con la modificación constitucional de 1994.
La realidad electoral del peledeísmo dicta mucho hoy del escenario que se verificó en el 2016, luego de que Leonel Fernández lo escindió en dos partes. El PLD tampoco tiene la misma capacidad de valencia, pues parte de los aliados de los comicios del 2016 hoy están cobijados bajo el frente que auspicia La Fuerza del Pueblo.
El Comité Político del PLD, en su primera reunión luego de la renuncia de Fernández, acordó el relanzamiento de la organización.
A la división del peledeísmo se une el juramento hecho por Fernández en su discurso del domingo 20 de octubre en el que llamó “engreídos” a sus antiguos compañeros y lanzó el grito de ataque de “e’ pa fuera que van”, con lo cual reveló su decisión de luchar por desalojar del Palacio Nacional a sus actuales inquilinos.
Las únicas elecciones en segunda vuelta se celebraron el 30 de junio de 1996. La primera vuelta la ganó José Francisco Peña Gómez, candidato del acuerdo de Santiago con 1,333,925 votos. Además, en el 2000 Hipólito Mejía no alcanzó el 50% más un voto, pero la falta de apoyo de Joaquín Balaguer, del PRSC, al PLD y Danilo Medina, hizo que este desistiera de que se convocara a segunda vuelta.
En las elecciones de 1996, el PLD, que postuló a Leonel Fernández, obtuvo 1,130,523 y el Partido Reformista Social Cristiano 435,504. En segunda vuelta ganó el peledeísmo con el apoyo del reformismo al obtener 1,466,382 votos y el Acuerdo de Santiago sacó 1,394,641 .
Si el PLD no se impone en primera vuelta en mayo del próximo año tendría que enfrentar a la alianza que se ve venir entre el PRM y Fernández, que adelantan negociaciones para apoyarse en 20 provincias con los candidatos para igual número de senadurías. Se cree que dicha alianza se extendería a las elecciones presidenciales de junio del 2020, si es necesario.
La Gran Alianza Nacional Renovadora, que postula a Fernández, está integrada por los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano Fuerza Nacional Progresista, de Unidad Nacional y La Fuerza del Pueblo.
El Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader, recibe el apoyo de la Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio y el Frente Amplio. El panorama se le presenta muy dificil al peledeísmo en el caso de que no logre obtener el 50 % más uno de los sufragios en las elecciones pautadas para el próximo año.
La segunda vuelta se estableció en el país, entre otras reformas, con la modificación de la Constitución de la República de 1994, para resolver la crisis post electoral que acortó el período gubernamental al líder del Partido Reformista Social Cristiano, doctor Joaquín Balaguer.
diariolibre.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.