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Frente a una segunda vuelta la oposición se uniría en contra del PLD.
La posibilidad de que haya una segunda vuelta en las elecciones del 2020 pone en peligro la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual esta obligado a ganar esos comicios en primera vuelta para evitar la la alianza de toda la oposición en su contra.
Esa es la urgencia del partido oficial que recientemente sufrió un división, con la renuncia del ex presidente Leonel Fernández, quien lo lideró luego de la muerte de Juan Bosch, en el 2001.
El partido morado y quince aliados obtuvieron en las elecciones del 2016, 2,847,438 votos, es decir, el 61.74% de los 4,708, 746 sufragios emitidos.
Si Gonzalo Castillo, candidato presidencial del oficialismo y sus aliados no se impone en primera vuelta, sería la segunda vez que se produce un escenario de segunda vuelta desde que se estableció con la modificación constitucional de 1994.
La realidad electoral del peledeísmo dicta mucho hoy del escenario que se verificó en el 2016, luego de que Leonel Fernández lo escindió en dos partes. El PLD tampoco tiene la misma capacidad de valencia, pues parte de los aliados de los comicios del 2016 hoy están cobijados bajo el frente que auspicia La Fuerza del Pueblo.
El Comité Político del PLD, en su primera reunión luego de la renuncia de Fernández, acordó el relanzamiento de la organización.
A la división del peledeísmo se une el juramento hecho por Fernández en su discurso del domingo 20 de octubre en el que llamó “engreídos” a sus antiguos compañeros y lanzó el grito de ataque de “e’ pa fuera que van”, con lo cual reveló su decisión de luchar por desalojar del Palacio Nacional a sus actuales inquilinos.
Las únicas elecciones en segunda vuelta se celebraron el 30 de junio de 1996. La primera vuelta la ganó José Francisco Peña Gómez, candidato del acuerdo de Santiago con 1,333,925 votos. Además, en el 2000 Hipólito Mejía no alcanzó el 50% más un voto, pero la falta de apoyo de Joaquín Balaguer, del PRSC, al PLD y Danilo Medina, hizo que este desistiera de que se convocara a segunda vuelta.
En las elecciones de 1996, el PLD, que postuló a Leonel Fernández, obtuvo 1,130,523 y el Partido Reformista Social Cristiano 435,504. En segunda vuelta ganó el peledeísmo con el apoyo del reformismo al obtener 1,466,382 votos y el Acuerdo de Santiago sacó 1,394,641 .
Si el PLD no se impone en primera vuelta en mayo del próximo año tendría que enfrentar a la alianza que se ve venir entre el PRM y Fernández, que adelantan negociaciones para apoyarse en 20 provincias con los candidatos para igual número de senadurías. Se cree que dicha alianza se extendería a las elecciones presidenciales de junio del 2020, si es necesario.
La Gran Alianza Nacional Renovadora, que postula a Fernández, está integrada por los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano Fuerza Nacional Progresista, de Unidad Nacional y La Fuerza del Pueblo.
El Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader, recibe el apoyo de la Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio y el Frente Amplio. El panorama se le presenta muy dificil al peledeísmo en el caso de que no logre obtener el 50 % más uno de los sufragios en las elecciones pautadas para el próximo año.
La segunda vuelta se estableció en el país, entre otras reformas, con la modificación de la Constitución de la República de 1994, para resolver la crisis post electoral que acortó el período gubernamental al líder del Partido Reformista Social Cristiano, doctor Joaquín Balaguer.
diariolibre.com
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.