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La oposición solicita remover al jefe de la Policía Militar y al de Juntas Electorales
Santo Domingo, R.D.-Múltiples partidos de la oposición política solicitaron este lunes que el jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, sea removido de su cargo por la “inacción” de la entidad que dirige frente a supuestos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las elecciones municipales pasadas.
Esta solicitud está contenida en un documento firmado por varios candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos, en el que proponen varias medidas a tomar por la Junta Central Electoral (JCE), de cara a los próximos comicios.
Igualmente en este pliego de garantías los partidos firmantes pidieron que, una vez sea removido el jefe de la policía electoral, el nuevo titular sea elegido con el consenso de la oposición.
Asimismo, instaron a la Junta a suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, afirmando que se ha mostrado “parcialidad y complicidad” con el PRM. Si no es suspendido, sugirieron que este sea reubicado fuera del ámbito electoral.
De manera similar, enfatizaron la necesidad de que observadores de todos los partidos políticos estén presentes en la Dirección General de las Juntas Electorales.
¿DE QUÉ ACUSAN AL PRM Y AL GOBIERNO?
Los partidos firmantes de este “Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024”, alegaron que el Gobierno entregó tarde la mitad de los fondos previstos para un año electoral con el propósito de debilitar las fuerzas políticas opositoras.
Añadieron que el oficialismo “conquistaron” candidatos de la oposición utilizando recursos financieros del Estado.
Aseveraron además que, valiéndose del Estado, el PRM “se apoderó” de los espacios físicos de los recintos electorales, con sus militantes dedicándose a la compra de votos.
Sin embargo, en su informe de las elecciones municipales, Participación Ciudadana indicó que el PRM no fue el único partido en cometer faltas durante ese proceso electoral, aunque sí indicaron que fueron los mayores transgresores.
“Nuestros observadores pudieron observar proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en el 45% de los casos la mayoría a favor del PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”, dijo en aquel entonces la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez.
En cuanto a las acusaciones de compra de votos, el informe de Participación Ciudadana indicó que esto sucedió en el 16% de los recintos, siendo el PRM, el PLD, la FP y el PRD los principales infractores.
OTRAS MEDIDAS SOLICITADAS
El documento de la oposición contiene más de 30 medidas a tomar por la JCE, incluyendo algunas a tomar en cada mes de camino a las elecciones de mayo.
Entre las medidas pedidas para marzo está la emisión de una resolución que regule el procedimiento a seguir para la revisión de votos nulos, votos observados y el proceso de reconteo de votos; entregar a los partidos el monto estipulado en la Ley de Régimen Electoral, , a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en “parcialidad”; reasignar en las juntas electorales a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos; sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes.
Reanudar la realización Mesa Técnica, con la misma sesionando al menos una vez por semana hasta las elecciones, para darle seguimiento y garantizar el cumplimiento de este conjunto de medidas que proponemos en este documento; hacer cumplir las sanciones que establece la ley 20- 23 de Régimen Electoral.
Velar porque la Presidencia de la República, los funcionarios públicos de gobierno y municipales actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.
Limitar el uso de recursos del Estado, desde ahora hasta la finalización de las elecciones presidenciales y congresuales del 2024; entregar la lista de todo el personal contratado que trabajó como facilitadores, supervisores, entre otros, en las elecciones del 18 de febrero, y que no está en la nómina fija de la JCE.
Entregar del Padrón de concurrentes de las elecciones del 18 de febrero, a más tardar 45 días antes de las elecciones del 19 de mayo; llevar a cabo una auditoria al padrón nacional de electores y del padrón del exterior, en coordinación con los delegados técnicos de los partidos políticos; entregar a los partidos políticos los resultados íntegros de la auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), de las elecciones municipales.
Entregar a los partidos políticos el informe de la investigación sobre la interferencia en la señal de internet de la JCE; que la realice Junta una campaña más eficaz de motivación del voto.
Para abril las medidas solicitadas fueron que la JCE emita duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p. m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas; que se refuerce la capacitación de los miembros de las juntas electorales, así como de la oficialidad de la Policía Electoral.
Fortalecer la capacitación de los funcionarios de los colegios con especial énfasis en los que están vinculados a la EDET, con la presencia opcional de los delegados políticos ante las juntas electorales; impedir las instalaciones de carpas y cualquier otra infraestructura alrededor o en frente de los recintos electorales.
Establecer vía resolución, como una de las atribuciones de la Policía Electoral, impedir que tanto dentro como en todo alrededor del recinto electoral, se coloquen casetas, publicidad, compra de cédulas y aglomeración de personas.
Establecer la figura del encargado de recinto electoral, elegido en consulta con los partidos políticos, que sería el responsable de la administración de ese recinto para atender las distintas situaciones que se presente en el mismo.
Entregar a los partidos políticos en formato de Excel, la lista de funcionarios capacitados que serán designados en los colegios electorales, con por lo menos un mes de antelación; garantizar la cadena de custodia de todos los materiales electorales; publicar una lista con la información de contacto de todos los fiscales electorales por demarcaciones con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar denuncias sobre la compra de cédulas y otras violaciones de las normas electorales.
Garantizar y propiciar los mecanismos para que la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, pueda investigar las violaciones a la ley 20-23, y aplicar las sanciones correspondientes; que la JCE haga una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Mejorar el proceso de corrección de boletas, permitiendo que los partidos políticos puedan consultar a través de la Plataforma de Registro de Candidaturas el estatus en tiempo real de las observaciones y correcciones aplicadas ante dé la impresión de las boletas.
Utilizar mecanismos para la trazabilidad de los equipos electrónicos y materiales electorales en todas las etapas del proceso electoral, que permitan tener un control de las herramientas en todas las fases del proceso.
Que la Junta haga adecuada preparación y distribución de los materiales y equipos con la antelación necesaria para evitar retrasos y minimizar fallas técnicas el día de la elección; agregar al material electoral las actas de contingencia en papel, con la identidad predeterminada del recinto y colegio electoral que corresponda para que, ante una falla tecnológica, se pueda proceder con el escrutinio de los resultados.
Que la JCE lleve a cabo pruebas y simulacros de la transmisión de resultados, realizando un modelado de amenazas conforme a un método de modelado estándar; socializar con los delegados de los partidos el protocolo a tiempo de vinculación al sistema de transmisión y divulgación de resultados de la JCE.
Para mayo, las medidas sugeridas fueron que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones; entregar las credenciales para delegados y suplentes por lo menos 10 días antes.
Entregar las credenciales para los partidos recibir la transmisión de los resultados, por lo menos una semana antes de las elecciones; realizar dos pruebas de transmisión de resultados con la presencia de los delegados de los partidos políticos.
Instalación de los colegios electorales el sábado 18 de mayo con la presencia obligatoria de los delegados de los partidos.
¿QUIÉNES FIRMAN ESTE PLIEGO?
El documento fue firmado por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD.
También está, Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Opción Democrática (OD) y Carlos Peña candidato presidencial del partido Generación de Servidores (GenS) .
De igual forma firmó José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) y Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano (PSC).
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Tribunal decidirá el 2 de noviembre sobre 21 incidentes planteados por Jean Alain Rodríguez y otros acusados
La Pepca solicita rechazar los cuestionamientos de la defensa y plantea que algunos pedimentos sean resueltos junto con el fondo del proceso por presunta corrupción administrativa.
SANTO DOMINGO, RD. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el próximo lunes 2 de noviembre su decisión sobre 21 incidentes procesales presentados por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros imputados en el juicio por presunta corrupción administrativa.
Las juezas Yissel Soto, quien preside el tribunal, Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López deberán pronunciarse sobre los planteamientos de las defensas, entre ellos las solicitudes de exclusión de pruebas documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) rechazó los cuestionamientos y sostuvo que no se han demostrado las irregularidades denunciadas por los acusados durante la investigación.
Defensa cuestiona incorporación de pruebas
Entre los principales argumentos presentados por Jean Alain Rodríguez figura la alegada incorporación irregular de miles de elementos probatorios al expediente.
El exfuncionario sostiene que determinadas pruebas fueron depositadas fuera de los plazos establecidos y que existen otras irregularidades procesales que, a juicio de su defensa, justifican su exclusión.
Estos planteamientos forman parte de una estrategia de defensa dirigida a cuestionar la admisibilidad de los elementos de prueba que sustentan la acusación.
No obstante, corresponderá al tribunal determinar si las objeciones tienen fundamento jurídico y si procede excluir alguno de los medios probatorios cuestionados.
Ministerio Público rechaza alegatos
La Pepca, encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, calificó los incidentes como improcedentes y defendió la legalidad de las actuaciones desarrolladas durante la investigación.
El órgano acusador solicitó, además, que la decisión sobre determinados incidentes sea diferida para resolverlos conjuntamente con el fondo del proceso, con el propósito de evitar retrasos en el desarrollo del juicio.
En representación del Ministerio Público también participaron los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero.
La decisión sobre ese pedimento dependerá de la valoración que realicen las magistradas respecto de la naturaleza de los incidentes y las disposiciones procesales aplicables.
Audiencia del miércoles queda sin efecto
El tribunal dispuso continuar el conocimiento del expediente el lunes 2 de noviembre, por lo que no se celebrará la audiencia que estaba prevista para este miércoles 28 de octubre.
La próxima jornada judicial será determinante para establecer cuáles cuestionamientos serán resueltos de inmediato y cuáles, si el tribunal acoge la solicitud correspondiente, podrán ser examinados junto con el fondo del juicio.
Acusación involucra más de RD$6,000 millones
Jean Alain Rodríguez enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre los años 2016 y 2020.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las operaciones investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$6,000 millones.
El expediente incluye imputaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción administrativa, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos.
Estas acusaciones deberán ser demostradas durante el juicio, bajo el respeto de la presunción de inocencia y las demás garantías procesales de los imputados.
Otros procesados en el expediente
Entre las personas sometidas a juicio figuran el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de Tecnología de la Información y la Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exsubdirector financiero, Alfredo Alexander Solano Augusto.
También aparecen como imputados Jonathan Loanders Medina, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte e Isis Tapia Stefanni.
El expediente incluye a otros particulares y entidades comerciales que, según el Ministerio Público, habrían participado en las operaciones investigadas.
Decisión podría influir en el desarrollo del juicio
La resolución que adopte el Segundo Tribunal Colegiado tendrá importancia para la continuación del proceso, especialmente en lo relativo a la admisibilidad y valoración posterior de las pruebas presentadas por el órgano acusador.
Desde el punto de vista procesal, la controversia enfrenta dos posiciones: por un lado, el derecho de los imputados a cuestionar la legalidad de los medios probatorios y, por otro, la facultad del Ministerio Público de sustentar su acusación mediante pruebas sometidas al control judicial.
La presentación de incidentes constituye un mecanismo reconocido dentro del proceso penal, pero corresponde a los jueces determinar su procedencia conforme a la legislación vigente.
La audiencia del próximo lunes definirá el tratamiento de los incidentes planteados y marcará una nueva etapa en el juicio contra el exprocurador y los demás acusados por presunta corrupción administrativa.
Alejandra Rojas Saldaña, conocida como “Yolaska”, deberá cumplir un año de prisión preventiva en Rafey Mujeres, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en el hecho.
PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso este martes doce meses de prisión preventiva contra Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, investigada por su presunta participación en el secuestro y robo agravado de un ciudadano alemán ocurrido el pasado 22 de octubre en esa provincia.
La decisión fue adoptada por el juez Ronaldy Marcelino Henríquez, quien ordenó que la imputada cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago.
Rojas Saldaña es señalada por el Ministerio Público como una de las personas involucradas en el rapto de Uwe Kindervater, ciudadano de nacionalidad alemana que habría sido sometido a amenazas, agresiones físicas y despojado de sus pertenencias durante el incidente.
La medida fue impuesta después de que la Fiscalía de Puerto Plata presentara los elementos que, a su juicio, justifican mantener a la imputada privada de libertad mientras continúa la investigación.
Investigación revela cómo ocurrió el secuestro
De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho se produjo alrededor de las 8:00 de la noche del jueves 22 de octubre, cuando Rojas Saldaña presuntamente ingresó a la residencia del extranjero acompañada de otro hombre que permanece prófugo.
La investigación establece que ambos habrían sometido a la víctima mediante amenazas con un arma de fuego, obligándola a permanecer inmovilizada con las manos y los pies atados.
Posteriormente, los presuntos agresores sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular pertenecientes al ciudadano alemán.
Según el Ministerio Público, los involucrados también intentaron realizar transferencias electrónicas utilizando los medios financieros de la víctima.
Extranjero logró escapar en una estación de combustible
Las autoridades sostienen que, después de sustraer las pertenencias, los implicados trasladaron al ciudadano alemán contra su voluntad utilizando el vehículo de este.
Durante el recorrido, la víctima logró escapar cuando se encontraban en una estación de combustible del municipio Villa Montellano, en Puerto Plata.
Su huida permitió que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables.
El extranjero recibió atención médica tras el incidente.
Evaluación médica estableció lesiones
De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, el ciudadano alemán sufrió múltiples lesiones como consecuencia de las agresiones.
La evaluación médico-legal practicada a Kindervater estableció una incapacidad de 21 días, circunstancia incorporada al expediente como parte de los elementos que sustentan la investigación.
Las autoridades consideran que las condiciones en las que se produjo el hecho evidencian la gravedad de las conductas atribuidas a los imputados.
Fiscalía mantiene búsqueda de otro sospechoso
La investigación está a cargo del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, bajo la coordinación del procurador fiscal Julio César Gómez.
Las diligencias investigativas fueron desarrolladas con la participación de Pedro Antonio Melo, mientras que el fiscal litigante Marcos Wilkins Díaz representó al Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción.
Rojas Saldaña fue arrestada el 23 de octubre de 2026, mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0093267.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar al segundo hombre señalado como participante en el secuestro.
Enfrenta varias imputaciones penales
La Fiscalía de Puerto Plata atribuye provisionalmente a la imputada conductas relacionadas con robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie.
El expediente también contempla presuntas infracciones a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Estas calificaciones jurídicas son provisionales y podrían ser modificadas conforme avancen las investigaciones y se incorporen nuevos elementos probatorios.
El Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva resultaba necesaria para garantizar la comparecencia de la imputada durante el procedimiento y proteger a la víctima.
Proceso continuará bajo investigación
Con la imposición de los doce meses de prisión preventiva, las autoridades judiciales continuarán las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas.
La Fiscalía deberá reunir y presentar los elementos probatorios que sustenten las acusaciones formuladas.
Por su parte, la defensa de Rojas Saldaña conserva el derecho de ejercer los mecanismos procesales establecidos en la legislación dominicana.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena. En consecuencia, la imputada mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente determine su responsabilidad mediante una sentencia definitiva.
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Abinader reclama acciones conjuntas contra el narcotráfico y advierte que el crimen organizado supera las fronteras nacionales
República Dominicana y Estados Unidos encabezan una conferencia hemisférica con representantes de 19 países para definir estrategias militares, intercambiar inteligencia y fortalecer la cooperación frente a las organizaciones criminales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El presidente Luis Abinader hizo este martes un llamado a los países del continente americano para transformar los compromisos diplomáticos en acciones concretas contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, al considerar que las respuestas aisladas resultan insuficientes frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras.
El mandatario formuló sus declaraciones durante la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), celebrada en Santo Domingo con representantes de defensa y seguridad de 19 naciones.
La iniciativa, coordinada por República Dominicana y Estados Unidos, procura establecer mecanismos de cooperación militar, intercambio de información y operaciones conjuntas para enfrentar las amenazas que representan los carteles de drogas y otras redes del crimen organizado.
Presidente advierte que las organizaciones criminales actúan con mayor coordinación
El jefe del Estado dominicano sostuvo que las redes criminales han desarrollado estructuras internacionales capaces de aprovechar las debilidades de los sistemas de seguridad y las diferencias entre las legislaciones de los países.
En ese contexto, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones militares, policiales y de inteligencia.
Abinader advirtió que las organizaciones criminales continúan desarrollando sus actividades mientras los gobiernos discuten acuerdos y estrategias de cooperación.
Por esa razón, exhortó a las delegaciones participantes a establecer objetivos específicos y mecanismos que permitan medir los avances en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario también planteó que las diferencias políticas entre los países no deben impedir el reconocimiento de responsabilidades compartidas frente a amenazas que afectan la seguridad del hemisferio.
Preparan estrategia militar regional para el período 2026-2031
Uno de los principales propósitos de la conferencia es avanzar en la elaboración de un plan de campaña conjunto para el período 2026-2031, destinado a coordinar las acciones de los países participantes.
El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que las delegaciones trabajan en varios componentes considerados esenciales para el funcionamiento de la coalición.
Entre ellos figuran:
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La elaboración de un plan estratégico de operaciones conjuntas.
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La definición de un marco de gobernanza para la coalición.
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La integración de seis equipos multinacionales de trabajo.
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El establecimiento de mecanismos de cooperación y seguimiento.
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La distribución de responsabilidades entre los países participantes.
Estas iniciativas buscan crear una estructura de coordinación que permita desarrollar respuestas regionales frente al tráfico de drogas, el narcoterrorismo y otras actividades ilícitas.
Cooperación militar sin renunciar a la soberanía
Abinader defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, al señalar que la participación de los países en estrategias comunes no implica necesariamente una pérdida de soberanía.
Por el contrario, consideró que la coordinación entre Estados puede contribuir a ejercer con mayor eficacia las responsabilidades nacionales frente a organizaciones que operan simultáneamente en diferentes territorios.
El mandatario sostuvo que las fronteras no deben convertirse en espacios utilizados por integrantes de redes criminales para evadir las actuaciones de la justicia.
En ese sentido, planteó la importancia de establecer mecanismos que permitan compartir informaciones, fortalecer las investigaciones y facilitar la actuación de las autoridades competentes.
República Dominicana y Estados Unidos encabezan iniciativa
La conferencia se desarrolla con la participación del Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
La Coalición de las Américas contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, como parte de los esfuerzos para ampliar la cooperación regional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Posteriormente, los países participantes avanzaron en conversaciones destinadas a definir su estructura operativa y sus principales objetivos.
El encuentro celebrado en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre busca establecer las bases para una coordinación más estrecha entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad pública.
México y Brasil no participan en la coalición
Entre los aspectos que llaman la atención figura la ausencia de México y Brasil, dos países de considerable importancia geográfica, económica y estratégica dentro del continente americano.
Ambas naciones enfrentan desafíos relacionados con la actuación de organizaciones criminales, aunque presentan realidades y políticas de seguridad diferentes.
Su ausencia plantea interrogantes sobre el alcance que podrá tener una estrategia hemisférica contra el narcotráfico sin la participación de algunos de los territorios más relevantes para comprender las rutas, mercados y estructuras del crimen organizado en la región.
La conferencia reúne delegaciones de países como Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, además de República Dominicana y Estados Unidos.
Narcotráfico representa amenaza para la estabilidad institucional
El ministro de Defensa advirtió que las actividades de las organizaciones criminales no se limitan al comercio ilegal de sustancias controladas.
También pueden involucrar tráfico de armas, lavado de activos, corrupción y otras operaciones que afectan el funcionamiento de las instituciones públicas.
Estas estructuras representan un desafío para la estabilidad política, económica y social de los países, especialmente cuando logran establecer conexiones internacionales y mecanismos de financiamiento ilícito.
Por esta razón, los participantes consideran necesario desarrollar estrategias que incluyan prevención, inteligencia, investigación y cooperación operativa.
El desafío será convertir los acuerdos en resultados
La conferencia representa un nuevo esfuerzo de coordinación hemisférica frente a organizaciones criminales que han demostrado capacidad para adaptarse a los controles fronterizos y a las operaciones de las autoridades.
Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la implementación de los compromisos, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los Estados para mantener una cooperación sostenida.
El principal desafío de la coalición será demostrar que los acuerdos internacionales pueden traducirse en resultados verificables, mediante la reducción de las actividades criminales, el debilitamiento de las redes de narcotráfico y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Para República Dominicana, que ocupa una posición geográfica estratégica en el Caribe, la participación en estos mecanismos representa una oportunidad de ampliar la cooperación internacional frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.