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La oposición solicita remover al jefe de la Policía Militar y al de Juntas Electorales
Santo Domingo, R.D.-Múltiples partidos de la oposición política solicitaron este lunes que el jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, sea removido de su cargo por la “inacción” de la entidad que dirige frente a supuestos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las elecciones municipales pasadas.
Esta solicitud está contenida en un documento firmado por varios candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos, en el que proponen varias medidas a tomar por la Junta Central Electoral (JCE), de cara a los próximos comicios.
Igualmente en este pliego de garantías los partidos firmantes pidieron que, una vez sea removido el jefe de la policía electoral, el nuevo titular sea elegido con el consenso de la oposición.
Asimismo, instaron a la Junta a suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, afirmando que se ha mostrado “parcialidad y complicidad” con el PRM. Si no es suspendido, sugirieron que este sea reubicado fuera del ámbito electoral.
De manera similar, enfatizaron la necesidad de que observadores de todos los partidos políticos estén presentes en la Dirección General de las Juntas Electorales.
¿DE QUÉ ACUSAN AL PRM Y AL GOBIERNO?
Los partidos firmantes de este “Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024”, alegaron que el Gobierno entregó tarde la mitad de los fondos previstos para un año electoral con el propósito de debilitar las fuerzas políticas opositoras.
Añadieron que el oficialismo “conquistaron” candidatos de la oposición utilizando recursos financieros del Estado.
Aseveraron además que, valiéndose del Estado, el PRM “se apoderó” de los espacios físicos de los recintos electorales, con sus militantes dedicándose a la compra de votos.
Sin embargo, en su informe de las elecciones municipales, Participación Ciudadana indicó que el PRM no fue el único partido en cometer faltas durante ese proceso electoral, aunque sí indicaron que fueron los mayores transgresores.
“Nuestros observadores pudieron observar proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en el 45% de los casos la mayoría a favor del PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)”, dijo en aquel entonces la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez.
En cuanto a las acusaciones de compra de votos, el informe de Participación Ciudadana indicó que esto sucedió en el 16% de los recintos, siendo el PRM, el PLD, la FP y el PRD los principales infractores.
OTRAS MEDIDAS SOLICITADAS
El documento de la oposición contiene más de 30 medidas a tomar por la JCE, incluyendo algunas a tomar en cada mes de camino a las elecciones de mayo.
Entre las medidas pedidas para marzo está la emisión de una resolución que regule el procedimiento a seguir para la revisión de votos nulos, votos observados y el proceso de reconteo de votos; entregar a los partidos el monto estipulado en la Ley de Régimen Electoral, , a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en “parcialidad”; reasignar en las juntas electorales a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos; sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes.
Reanudar la realización Mesa Técnica, con la misma sesionando al menos una vez por semana hasta las elecciones, para darle seguimiento y garantizar el cumplimiento de este conjunto de medidas que proponemos en este documento; hacer cumplir las sanciones que establece la ley 20- 23 de Régimen Electoral.
Velar porque la Presidencia de la República, los funcionarios públicos de gobierno y municipales actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.
Limitar el uso de recursos del Estado, desde ahora hasta la finalización de las elecciones presidenciales y congresuales del 2024; entregar la lista de todo el personal contratado que trabajó como facilitadores, supervisores, entre otros, en las elecciones del 18 de febrero, y que no está en la nómina fija de la JCE.
Entregar del Padrón de concurrentes de las elecciones del 18 de febrero, a más tardar 45 días antes de las elecciones del 19 de mayo; llevar a cabo una auditoria al padrón nacional de electores y del padrón del exterior, en coordinación con los delegados técnicos de los partidos políticos; entregar a los partidos políticos los resultados íntegros de la auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), de las elecciones municipales.
Entregar a los partidos políticos el informe de la investigación sobre la interferencia en la señal de internet de la JCE; que la realice Junta una campaña más eficaz de motivación del voto.
Para abril las medidas solicitadas fueron que la JCE emita duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p. m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas; que se refuerce la capacitación de los miembros de las juntas electorales, así como de la oficialidad de la Policía Electoral.
Fortalecer la capacitación de los funcionarios de los colegios con especial énfasis en los que están vinculados a la EDET, con la presencia opcional de los delegados políticos ante las juntas electorales; impedir las instalaciones de carpas y cualquier otra infraestructura alrededor o en frente de los recintos electorales.
Establecer vía resolución, como una de las atribuciones de la Policía Electoral, impedir que tanto dentro como en todo alrededor del recinto electoral, se coloquen casetas, publicidad, compra de cédulas y aglomeración de personas.
Establecer la figura del encargado de recinto electoral, elegido en consulta con los partidos políticos, que sería el responsable de la administración de ese recinto para atender las distintas situaciones que se presente en el mismo.
Entregar a los partidos políticos en formato de Excel, la lista de funcionarios capacitados que serán designados en los colegios electorales, con por lo menos un mes de antelación; garantizar la cadena de custodia de todos los materiales electorales; publicar una lista con la información de contacto de todos los fiscales electorales por demarcaciones con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar denuncias sobre la compra de cédulas y otras violaciones de las normas electorales.
Garantizar y propiciar los mecanismos para que la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, pueda investigar las violaciones a la ley 20-23, y aplicar las sanciones correspondientes; que la JCE haga una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Mejorar el proceso de corrección de boletas, permitiendo que los partidos políticos puedan consultar a través de la Plataforma de Registro de Candidaturas el estatus en tiempo real de las observaciones y correcciones aplicadas ante dé la impresión de las boletas.
Utilizar mecanismos para la trazabilidad de los equipos electrónicos y materiales electorales en todas las etapas del proceso electoral, que permitan tener un control de las herramientas en todas las fases del proceso.
Que la Junta haga adecuada preparación y distribución de los materiales y equipos con la antelación necesaria para evitar retrasos y minimizar fallas técnicas el día de la elección; agregar al material electoral las actas de contingencia en papel, con la identidad predeterminada del recinto y colegio electoral que corresponda para que, ante una falla tecnológica, se pueda proceder con el escrutinio de los resultados.
Que la JCE lleve a cabo pruebas y simulacros de la transmisión de resultados, realizando un modelado de amenazas conforme a un método de modelado estándar; socializar con los delegados de los partidos el protocolo a tiempo de vinculación al sistema de transmisión y divulgación de resultados de la JCE.
Para mayo, las medidas sugeridas fueron que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones; entregar las credenciales para delegados y suplentes por lo menos 10 días antes.
Entregar las credenciales para los partidos recibir la transmisión de los resultados, por lo menos una semana antes de las elecciones; realizar dos pruebas de transmisión de resultados con la presencia de los delegados de los partidos políticos.
Instalación de los colegios electorales el sábado 18 de mayo con la presencia obligatoria de los delegados de los partidos.
¿QUIÉNES FIRMAN ESTE PLIEGO?
El documento fue firmado por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD.
También está, Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Opción Democrática (OD) y Carlos Peña candidato presidencial del partido Generación de Servidores (GenS) .
De igual forma firmó José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) y Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano (PSC).
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am