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La OPS cuestiona criterios de atención al dengue en el país

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Salud Pública registra 96 muertes y 13, 084 casos de dengue. Sociedades médicas y la OPS exhortan a unificar esfuerzos contra la enfermedad

showimage (4)SANTO DOMINGO. El dengue se maneja en el país bajo una serie de mitos que ponen en entredicho el diagnóstico de la enfermedad, y que posiblemente es la causa de la alta tasa de muertes que ya alcanza los 96 casos oficiales.

Uno de esos mitos es esperar por los resultados de laboratorio para diagnosticarlo, como plaquetas bajas, olvidando que el dengue es puramente clínico.

Otro, es confundir la enfermedad con neumonía, leptospirosis, malaria y amigdalitis y recomendar el uso continuo de acetaminofen.

Los mitos fueron expuestos por la doctora Anabel Alfaro, especialista en el tema, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien hizo los señalamientos en base a los resultados de un estudio, que demuestra que el número de plaquetas no es el indicativo fundamental de gravedad en el diagnóstico de dengue.

Dijo que cuando un paciente empieza a presentar dolor abdominal, irritabilidad, vómito, somnolencia o sangrado por la nariz, además de la fiebre, es una muestra que está cayendo en un shock hipovolémico que si no se detiene a tiempo puede causarle la muerte.

Alfaro dictó la conferencia «Tratamiento del Dengue: lecciones aprendidas en la región de Las Américas» en la reunión de actualización sobre el tratamiento del dengue y el cólera en la República Dominicana que organizaron el Ministerio de Salud Pública y la OPS/OMS.

En la actividad participaron miembros de las sociedades dominicanas de Infectología, Pediatría y Medicina Interna, directores de hospitales públicos, así como representantes de las facultades de medicina de diferentes universidades.

De acuerdo con Alfaro, un médico general puede efectivamente tratar los casos de dengue, y sólo debe estar atento a los signos clínicos, que son los que indican cuándo un paciente puede caer en estado grave, y no el número de plaquetas que tiene, lo que se logra acompañando al paciente, pasando una mala noche junto a él.

Ve como una ventaja para el médico dominicano que la mayoría de los dengues en el país presentan signos de alarma, y no se explica cómo es que llegan a shock.

Asegura que los pacientes graves se salvan a corto plazo y a bajo costo, y que lo importante es unificar criterios, y organizarse evita muertes.

«Aquí tienen una ventaja con relación a otros países, donde la enfermedad no presenta esos signos y el personal de salud no cuenta con un flujograma de atención muy adecuado y nos lleva de la mano», indicó Alfaro.

Recomienda orientar a las madres para que también reconozcan los signos de alarma, y no pierdan tiempo en llevar a sus hijos al médico.

Otra recomendación es mantener a los pacientes en una sala especial, porque se pueden contaminar con facilidad y sufrir una septicemia.

Salud Pública

Al manifestar su preocupación por la alta letalidad que tiene la enfermedad, el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, exhortó a los directores de hospitales a hacer valer entre su personal la aplicación del algoritmo de dengue establecido como norma de atención en el país. Señaló que la epidemia registra más de dos millones de casos en la región de Las Américas.

Pediatras pidenUnificar esfuerzos

El presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rodolfo Soto Ravelo, aseguró que el 80% de los fallecimientos por dengue en este año, corresponde a niños.

En ese orden, dijo que las autoridades médicas, enfermeras y los padres deben prestar atención al problema de las muertes por dengue en la población infantil.

Llamó a los médicos y a los padres estar atentos a las labores de atención y prevención de los casos para detener las muertes, las que considera muy altas.

Diariolibre.com

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Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.

El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

Abinader se reúne con obispos en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.

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Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.

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Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.

La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.

Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma
Imponen garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa” por porte ilegal de arma

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.

Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.

El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.

De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.

Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.

El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.

«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».

  • En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
  • Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.

El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.

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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público  en las próximas horas la imposición  contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.

El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.

Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

Instrumentos odontológicos en un consultorio, vinculados al caso de un falso odontólogo acusado de causar lesiones
Instrumentos dentales en un consultorio, en el contexto de la solicitud de prisión preventiva contra un falso odontólogo.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.

Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.

La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.

La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.

“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.

  • El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
  • Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.

El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.

Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.

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