Opinión
La Parte Buena y la Parte Mala de las Redes Sociales
Por José Cabral
La llegada del internet fue como una especie de salvación para los más débiles frente al monopolio y la colonización de la información y de la opinión, porque más del 90 por ciento de los contenidos de los medios de comunicación proviene de naciones que agreden, además, política, económica y socialmente a los demás pueblos, principalmente a los del llamado tercer mundo, cuya mayoría están localizados en América Latina y en el África Sub-sariana.
La lucha por la democratización de la información y la opinión data de muchos años, incluyendo la época en la que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrolló planes para romper con lo que se conoce como el libre flujo de la información por un Nuevo Orden Informativo Internacional.
Y la llegada del internet, tecnología salida de las propias entrañas de la sociedad que ocupa la categoría de imperio por haber llegado a la fase superior del capitalismo y que protagoniza no sólo el monopolio y la colonización de la información y la opinión, sino que además había sido la responsable de la negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y africanos, ha sido una gran bendición.
El internet, tecnología que tiene su origen en el pentágono norteamericano, hoy constituye una arma muy poderosa en contra de esos mismos intereses, porque a través del mecanismo usado para protagonizar invasiones militares, luego termina, sin querer que así fuera, dotando a los que no tienen voz de una arma muy poderosa como las redes sociales.
El internet ya ha servido para derrocar dictaduras y monarquías, como ocurrió con la llamada primera árabe que se llevó de paro a varios gobiernos de esa parte del mundo, cuya motorización vino después que jóvenes apelaran a esta tecnología para organizar grandes protestas en contra del hambre y la miseria de la mayoría de sus habitantes, donde se reportaban altos índices de desempleos, lo cual era un obstáculo para que la gente decidiera formar una familia.
Pero hay muchos más fenómenos que han sido motorizados por la tecnología del internet, por lo que nadie puede negar el impacto de éste en el mejoramiento del respeto del derecho a la información y la opinión de los que no tienen voz, dado que la gente no tenía derecho a la palabra en unos medios de comunicación tradicionales cuya propiedad pertenece a grandes consorcios nacionales e internacionales.
El internet rompió con la era de la comunicación unidireccional y la transformó en multidireccional para acabar con un monopolio y una colonización de la información y la opinión que ha devenido en una mejoría de las democracias en todo el mundo.
Sin embargo, las redes sociales también han traído su parte mala, como la que tiene que ver con el que la usa para difamar e injuriar a otros, hasta por hobby, lo cual desnaturaliza la idoneidad de tan importante logro tecnológico.
Lo peor de todo es que quien incurre en semejante abuso de las redes sociales esconde su identidad, porque se trata precisamente de un irresponsable que no es capaz de dar la cara para afrontar su atrevimiento, lo cual también indica de que se está frente a una mentira para hacer daño.
Lo que pasa es que hay gente, tal vez la mayoría, que asume como cierta cualquier campaña injuriosa y difamatoria de cualquier ser del bajo mundo lleno de malas pasiones y con sentimientos no nobles y que muchas veces su capacidad no alcanza para llegar más lejos que vomitar mentiras e insultos en contra de alguien con quien pudo haber tenido una diferencia o sencillamente porque no coincide con sus puntos de vista.
Son muchísimas las razones por las que los malos que están diseminados por doquier deciden difamar a otros, como por ejemplo aquellos que también matan por razones muy poco entendibles, ya que hay de todo en la viña del señor, expresión bíblica que describe el panorama que queremos presentar a los lectores.
Frente al grave problema de lo bueno y lo malo que representa la maravillosa tecnología del internet, no habría otra opción que apelar a una frase muy popular, que en cierto modo es una especie de resignación que dice: No hay nada bueno que por mal no venga, y lo contrario: No hay nada malo que por bien no venga.
Lo que se impone frente a la corriente injuriosa y difamatoria que se desarrolla por el internet es enfrentarla con los mecanismos que establece la ley sobre la materia, sobre todo después de que la misma circunstancia ha llevado a los Estados a desarrollar o crear legislaciones para los delitos de alta tecnología con sanciones muy severas para los que incurran en los mismos.
No queda de otra.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!