Economía
La pensión del 85% de los trabajadores del país no superará el 20% de su último salario
Santo Domingo, R.D.-El 85% de los trabajadores dominicanos que cotizan actualmente para su pensión en el sistema de pensiones que establece la Ley de Seguridad Social, estarían recibiendo al momento de su retiro solamente entre el 15% y el 20% de su último salario, lo que significa que será un ingreso pírrico.
La advertencia la hace el presidente de la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT), Arismendi Díaz Santana, quien considera urgente hacer cambios en la Ley 87-01, de Seguridad Social, en lo referente al régimen de pensiones, que permitan incrementar estos porcentajes.
Entre los cambios que sugiere, figuran el de subir de manera gradual de un 9.97% a un 15% la cotización o el aporte salarial mensual que hace el afiliado al sistema de pensiones, en la misma proporción establecida a la fecha, donde el 70% lo aporta el empleador y el 30% el empleado.
Con esa propuesta, explica el presidente de FSSPT, de elevar la cotización del 9.97% actual al 15.0% en un proceso gradual, la cotización de los afiliados aumentaría sólo un 0.24% anual durante seis años y el aporte de los empleadores sólo subiría un 0.60% anual hasta el 2031.
Dijo que en la propuesta de extender gradualmente los años de aportes, se haría de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de la población y respetando los derechos adquiridos de los cotizantes mayores de 50 años. Como tercera propuesta de modificación de la ley, establece revisar y ajustar la comisión de las AFP.
Entiende que esas propuestas casi triplicarían la tasa de reemplazo para todos los afiliados, en relación al estimado actual de la pensión sin reforma.
“Hay una situación crítica, y no quiero alarmar, si no se hace una reforma urgente del sistema de pensiones, más del 85% de los que se van a pensionar, van a recibir una pensión pírrica, de entre un 15% a un 20% de su último salario”, señaló Díaz Santana, al ser entrevistado en torno al contenido de su reciente libro “Historia y Fundamentos del IDSS”.
Eso viene, explicó, porque cuando se hizo la ley de Seguridad Social los cálculos que se hicieron indican que se debía destinar el 12% para pensiones, 10% para salud y 1.2% para riesgos laborales, lo que daba 23.2%, pero llegó una comunicación de empleadores y trabajadores que decía que ellos podían aportar sólo hasta el 21%, entonces se redujo a 9.97% pensiones y esa es una de las razones por lo que las pensiones serán muy bajas.
Otra razón, señaló, es que los afiliados del IDSS pasaron al nuevo sistema, con ese derecho adquirido, y el Estado debía dar un bono de reconocimiento que debía entregar al final del proceso para que junto con las nuevas aportaciones, el afiliado pudiera tener un fondo suficiente. Dijo que un estudio hecho hace muchos años ese bono se estableció en 22 mil 500 millones de pesos, pero el Estado no lo ha aportado.
Al remontarse al nacimiento del sistema, Díaz Santana recordó que se conoció la experiencia de otros sistemas que funcionaban en distintos países, y que el Sistema Dominicano de Seguridad Social fue una mezcla, donde se eligió lo mejor de cada uno.
Dijo que el sistema de reparto todavía es mayoritario en el mundo, pero que tiene sus inequidades, y que en el país se mejoró el sistema de capitalización individual y se estableció un fondo de solidaridad social para apoyar a los trabajadores que no alcancen las cotizaciones requeridas.
Entiende que ningún sistema puede ser permanente para toda la vida, por eso se estableció en la ley de Seguridad Social que debe haber una evaluación del sistema a los 10 años, para corregir cualquier desequilibrio que le afecte, lo cual en el país no se ha hecho.
Dijo que muchos países de la región están modificando la ley de seguridad social para ir ampliando los años de cotización en la medida en que se van ampliando los años de esperanza de vida y recordó que cuando el IDSS se formó la esperanza de vida en República Dominicana eran 48 años y hoy son 75 y el Gobierno tiene en sus metas elevarlo a 77 promedio.
Economía
Cámara Americana sugiere al USTR reconsiderar cargos por servicios marítimos en comercio de bienes
En una carta formal al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), AmchamDR comunicó su inquietud respecto a los cargos por servicios a los operadores de buques chinos de hasta un millón de dólares por escala en puertos estadounidenses, así como el cobro a las compañías navieras que utilizan buques construidos en China, de hasta 1,5 millones de dólares por escala.
El mes pasado, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) propuso varios cargos por servicios portuarios, de hasta $1.5 millones de dólares por barco, para embarcaciones construidas en China, manejadas por operadores chinos, dependiendo de la composición de sus flotas o pedidos prospectivos de barcos chinos, que, según dijo, ayudarían a remediar las prácticas desleales utilizadas por China para convertirse en un jugador dominante en las industrias de construcción naval y marítima.
Las medidas propuestas forman parte de una investigación sobre esas prácticas lanzada el año pasado por USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una petición presentada por varios sindicatos importantes de EE.UU.
La principal preocupación articulada por AmchamDR es que economías más pequeñas como la República Dominicana se vean en desventaja competitiva frente a economías más grandes con capacidad de ser atendidas por una mayor escala de embarcaciones.
Las importaciones que llegan en barcos grandes a EE. UU. desde Asia con más de 10,000 contenedores pudieran tener un costo incremental de aproximadamente $100 – $150 dólares por contenedor, mientras que los barcos más pequeños del tipo que sirven a la República Dominicana y otros países de la región (200 – 1,000 contenedores) pudieran ser impactados hasta con $7,500 dólares adicionales por contenedor.
«Si bien desde AmchamDR apoyamos el objetivo a largo plazo de fortalecer la industria de construcción de buques de EE. UU., a corto plazo estas tarifas por servicios portuarias tendrían un impacto muy negativo para muchos de nuestros miembros, incluidas las líneas navieras, los puertos, las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana y los importadores de productos estadounidenses como petróleo, Gas Natural Licuado, carbón, maquinarias y productos agrícolas», afirma.
Esperan que USTR considere alternativas a corto y largo plazo a las tarifas de servicios propuestas y los umbrales de exportación según el origen de los barcos de una manera que no afecte negativamente las exportaciones de EE. UU., a los transportistas estadounidenses y a las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) invitó a los profesionales del ámbito financiero y al público en general a participar en la consulta de la reforma del reglamento de protección a usuarios.
Este nuevo instrumento, presentado el 3 de marzo, procura una transformación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por dicho órgano en 2015.
PROPUESTAS DE CAMBIOS
La propuesta plantea un mayor control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad.
De ser aprobada la pieza, los ciudadanos que no reconozcan un consumo de sus productos financieros tendrán el derecho a no pagar el monto reclamado mientras la solicitud se encuentre en proceso.
También ampliará el plazo para presentar reclamaciones ante la SB y plantea que se establezca un término, a partir de la firma de los contratos de adhesión, durante el cual los usuarios puedan retractarse.
El proyecto sugiere prohibir las barreras administrativas que impiden la cancelación o cambio de productos, así como las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de las tasas de interés.
La iniciativa asigna a las entidades de intermediación financiera la responsabilidad por el buen comportamiento de sus representantes y terceros contratados en el proceso de cobro de deudas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO
El documento íntegro se encuentra disponible en el portal de la SB, sb.gob.do, así como en el portal del Banco Central.
Los interesados en opinar pueden socializar sus aportes a la Gerencia del Banco Central o la Superintendencia de Bancos, a través de fin.normativa@bancentral.gov.do y del correo regulacion@sb.gob.do, respectivamente.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-Mediante una disposición oficial, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obliga a los productores ganaderos y vendedores de carne bovina a convertirse en agentes de retención del 1% del monto facturado a personas y negocios informales, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En su artículo 8, la normativa de la DGII, explica respecto a la Facturación Electrónica, que las personas jurídicas designadas como agentes de retención deberán estar en ese sistema.
Solo deja exento de la norma a los agentes de retención que sean emisores electrónicos o se encuentren dentro del plazo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Esta disposición, también forma parte de los trabajos que han resultado de modelos tecnológicos avanzados como “machine learning” y sobre lo que se infiere que han detectado una alta informalidad en el sector de la agropecuaria.
Asimismo, la DGII tomó en consideración el interés del estado de permitir el desarrollo del subsector de ganadería d carne bovina, “sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus condiciones económica pero garantizando la incorporación de las nuevas acciones que permitan fomentar la formalización de las personas que se dedican a las actividades del citado subsector”.
En su artículo 1, la normativa plantea el objetivo de establecer agentes de retención al subsector de ganadería de carne bovina.
En su artículo2 señala el alcance de la disposición: “Están alcanzados por la presente Norma General las personas físicas que vendan bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina”.
Además, agrega, “se encuentran sujetos a las disposiciones de esta Norma General las personas jurídicas que adquieran bienes o productos cárnicos de dicho subsector, quienes fungirán como agentes de retención”.
Dentro de su disposición que, consta de once artículos, el artículo 6 explica sobre el tratamiento del Comprobante de Compras, que se permitirá a las agentes de retención la recurrencia de su uso con una misma cédula de identidad cuando adquieran de personas físicas no formalizadas bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina siempre que se realice la retención prevista.
Sobre la retención, indica en su artículo 7 que esta constituirá un pago a cuenta del ISR únicamente en los casos en el que el contribuyente objeto de la retención se formalice como persona física en la DGII, el cual podrá ser usado en la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de su primer ejercicio fiscal.
De igual modo, precisa que la medida aplica a partir del establecimiento actual de los agentes de retención, por lo que no aplica para ejercicios anteriores.
Suelto
Inobservancias
La DGII señala que habrá sanciones ante la inobservancia de la Norma General 04-2025, en atención al Código Tributario, al considerarse un incumplimiento de los deberes formales, contenidos en los artículos 50 y 253.
Entrada en vigor
De acuerdo con el aviso oficial, la referida normativa entrará en vigor a partir de tres meses de esta publicación , sin perjuicios de los plazos indicados en el artículo 8, que refiere a la Facturación Electrónica, que también da un plazo de tres meses para que las personas jurídicas designadas como agentes de retención a soliciten ser emisor electrónico.