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La corrupción es la peor pandemia que ha vivido el país, cuya secuela es de hambre, retrocesos y muertes.
En la República Dominicana como siempre pasa se ha generado toda una polémica con las compras de utensilios médicos sobrevaluados que hace el Estado para contrarrestar la pandemia del coronavirus, cuya situación ha traído consigo buscar justificar lo injustificable.
El Covid-19 es para concentrar todos los esfuerzos para hacerlo desaparecer del territorio nacional, pero ello no justifica que se quiera ver como normal o propio de la circunstancia el hecho de que funcionarios del Gobierno o allegados suyos se inventen cualquier compañía de la noche a la mañana para optar por los aparentes concursos de licitación que ha convocado el Estado.
Está más que avalado que los que han optado por participar en estas licitaciones públicas para comprar equipos y todo tipo de utensilios médicos se manejan con un gran interés de acumular fortunas sobre la base del sufrimiento del pueblo dominicano.
Sin embargo, no es mala la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de veedores mediante el decreto 145-20 que fiscalizará las compras de utensilios médicos que haga el Estado, a fin de evitar lo que ya se ha denunciado, sólo que habrá que ver hasta dónde este instrumento contribuye a detener lo que parece ser algo muy grave y preocupante, pese a que se considera ineficiente para garantizar la transparencia reclamada.
Todo el mundo sabe que los que han tenido el control del Estado no se conforman con cantidades pequeñas de beneficios, sino con grandes márgenes, lo cual ha demostrado que los funcionarios corruptos ya no se satisfacen con cien ni doscientos millones, sino con miles.
La sobrevaluación avalada alcanza hasta un 112 y casi un 200 por ciento, ya que los que se dedican a esta malsana tarea buscan acumular grandes fortunas en cuestión de días o de horas, cuyo lamento es mucho mayor porque lo hacen con el apoyo de gentes que están enquistadas en la cima del poder.
El asunto es tan grave que ya se ha perdido hasta la vergüenza, es un asunto que llega al peor de los descaros, cuyo agravante es el hecho de que un funcionario como el ministro de Salud Pública advirtiera a los que critican esta conducta mafiosa de que se va a comprar lo que el país necesite sin importar el precio que se pague.
Es una especie de luz verde a los corruptos para que continúen la estafa en contra de todos y cada uno de los dominicanos, cuyas expresiones no le permiten a este funcionario ver lo que le viene al país y al mundo con la pandemia.
A caso el doctor Rafael Sánchez Cárdenas desconoce o no tiene la capacidad para ver a mediano o largo alcance y entender que la amenaza en contra del país no es sólo por las consecuencias en términos de muertes de la pandemia, que naturalmente es lo peor, porque la vida humana no tiene precio, sino de una hambruna de grandes proporciones y en consecuencia de una peligrosa calamidad económica.
Este problema de la hambruna no es una advertencia sólo de la Organización de las Naciones Unidas, sino de economistas de una incuestionable reputación internacional y países como la República Dominicana no tendrán otro camino que el endeudamiento externo, lo que implica mayores compromisos de pagos de capital y de intereses y además de un desmejoramiento del sistema sanitario, de justicia y de educación.
El país está ante una crisis económica de dimensiones asombrosas y en consecuencia de crear hasta grandes explosiones sociales, por lo que se impone que la nación sea lo suficientemente cuidadosa con los ¨vivos¨ que aprovechan inescrupulosamente la situación generada por Covid-19 y el manejo inadecuado de la crisis.
De ninguna manera se debía plantear que si hay que comprar determinados productos que no se haga si a cambio las consecuencias podrían ser peores, pero tampoco se puede justificar y en efecto estimular a que se compre al precio que sea y de esa manera volcar sobre la economía nacional una carga inaguantable fruto de la irracionalidad de los gobernantes.
En el país y en todas las naciones latinoamericanos, donde la existencia del Estado es muy precaria, hay grupos de comerciantes despiadados que en componenda con sectores del Gobierno recurren a cualquier tipo de especulación para acumular riquezas, aunque sea sobre la base del sufrimiento del pueblo.
La corrupción que se genera a propósito del coronavirus se habla de que hay involucrados personajes estrechamente vinculados a las altas instancias del poder, quienes han ofertado al Gobierno ventas de equipos con una sobrevaluación que supera los 900 millones de pesos.
Escuchar a un funcionario de la categoría del ministro de Salud Pública con una postura que más que criticar y buscar opciones para que el país no sea engañado y depredado, con una posición que estimula lo mal hecho, crea confusión y mucho dolor.
Y no es que se deje de comprar lo que se necesita, pero si para adquirirlo al precio del mercado hay que recurrir a entidades internacionales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pues que se haga.
Por el camino que se dirige el planeta parece que todos los países, o por lo menos la mayoría, está frente a una amenaza de hambruna de consecuencias imprevisibles producto de la pandemia y las naciones que sufrirán más la situación serán las más pobres, las del tercer mundo, aquellas más débiles y víctimas de la corrupción de sus gobernantes y de los buitres de la economía mundial, que prestan a intereses muy altos, lo cual además genera un gran retroceso social.
No se sabe la motivación que ha tenido el ministro de Salud Pública para expresarse como lo ha hecho, pero ojalá lo dicho obedezca a su preocupación por estar en primera fila en el combate del Covid-19 y no porque sea tolerante con lo mal hecho, con los especuladores que no le importa la vida de la gente, sino el dinero ganado cuando de nadar en ríos revueltos se trata.
El Gobierno debe medir sus pasos en estos momentos que el país y el mundo viven sus peores momentos, porque el hecho de que la confusión reine en medio de la pandemia, no lo libera de sanciones por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por tolerar las acciones reprochables y no justificables desde ningún punto de vista ni de la circunstancia que nos afecta.
Las consecuencias tendrán que venir ahora o después de haber pasado la tempestad, porque desde cualquier perspectiva que se vea es una acción insensible, ruin y castigable.
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La propuesta reforma fiscal se trata de una “consideración” hacia el ciudadano o una torpeza más del gobierno.
Por Elba García
Las reformas fiscales son una razón suficiente para que los gobiernos caigan en lo más profundo de la impopularidad, ya que las mismas siempre van en contra de los sectores más sacrificados como la clase media o de aquellos que sobreviven en el día a día, dado que deben convivir con una carga impositiva formal e informal que los sumerge en la mayor de la pobreza.
El quid del asunto está en el hecho de que generalmente los gobiernos de derecha, como el que encabeza Luis Abinader, procuran satisfacer los intereses de los sectores más poderosos del país, insertados en la macroeconomía, en razón de que este de modelo de administración pública se rige por la corriente de la economía política conocida como neoliberalismo.
Esta ha sido la razón histórica de las explosiones sociales que se han producido en países de los diferentes continentes del mundo y ello es que ha motivado que hayan demandas para que este tipo de reforma tributaria baje la carga impositiva en contra de los que menos tienen como una vía para estabilizar y mejorar la credibilidad de la democracia.
Aunque la verdad es que no puede haber mejoría de la inversión social si no es a través del sacrificio fiscal de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, pero el problema es también que muchas veces mientras más se recauda más crece la corrupción administrativa y que a pesar del sacrificio de la gente no se produce la retribución esperada.
En estos momentos la presión política y social conlleva a que los gobiernos que se manejan con demagogia terminen con acciones que no son las idóneas para resolver los problemas sociales y económicos de la nación.
En ese marco se encuentra actualmente la República Dominicana, donde la gente luce cansada de tanto sacrificarse con un trabajo agotador y nunca ve los frutos de su esfuerzo, ya que tiene que llevar consigo una carga impositiva formal e informal que grava prácticamente todos los productos de la canasta familiar y los servicios públicos y privados, lo cual se convierte en una pesadilla para tener sobre la mesa la comida del día a día.
Sin embargo, por una razón u otra esa realidad tiene que cambiar porque como dicen muchos analistas, si la economía anda bien la política está mucho mejor, pero cuando es lo contrario las cosas muchas veces se vuelven incontrolables y entonces aparecen las crisis sociales.
Este un asunto tan delicado que si no se maneja con sinceridad y con la imposición de los sacrificios que implica cargar al que más tiene, la cuestión se vuelve inmanejable y entonces sufre la economía y también la política, porque la democracia pierde su credibilidad, lo cual tiene un impacto demoledor en las inversiones y en renglones tan importantes como el turismo.
La verdad es que no se trata de una cuestión tan espontánea, sino que para que los resultados sean diferentes se requiere de buena asesoría y de un mejor nivel de sensatez, responsabilidad y apego a los mejores intereses de la nación.
Son diversas las expectativas creadas a propósito de la pretendida reforma fiscal, aunque los detalles específicos de la misma pueden variar de las propuestas y debates desarrollados en los últimos meses, algunas de la cuales versan sobre cómo se logra la ampliación tributaria, ajustes de los impuestos existentes, mayor progresividad, incentivos al crecimiento económico y modernización de la administración tributaria.
Estos procesos, que muchas veces resultan traumáticos, son observados por el ciudadano y el sector privado con mucha atención, ya que cualquier cambio en la estructura impositiva tiene impactos importantes tanto en la economía como en el costo de la vida, sobre todo cuando se grava el consumo a través del ITBIS.
La clave del éxito de la reforma descansa en que el Gobierno le dé un manejo idóneo a ésta con explicaciones convincentes de los beneficios que la misma dejará a largo plazo y mostrar su disposición a negociar con los sectores que salen más perjudicados.
El Gobierno debe preocuparse no sólo por aumentar los ingresos del Estado, sino también en garantizar un sistema tributario más equitativo, transparente y capaz de promover el desarrollo sostenible.
Sin lugar a dudas, que la carencia de una cultura de tributación impide que los países puedan alcanzar la meta del desarrollo y crecimiento sostenible, pese a que el problema también tiene que ver con la calidad del gasto y lo poco transparente del manejo del presupuesto nacional, cuya mayor parte se va en corrupción administrativa.
La pregunta que se hacen principalmente los expertos en economía es cómo el Gobierno puede promover una reforma fiscal que no se corresponde con los niveles del déficit que arrastra el país desde hace varias décadas y que ahora se busque una aparente solución que sólo resuelve una parte del problema.
Esto así, porque el Gobierno sólo busca recaudar con la presente reforma fiscal la suma 122 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras el déficit ronda por los 3 puntos del PIB.
De manera, que a mediano o a largo plazo las autoridades entrarán nuevamente en una crisis en la economía que las llevara a continuar con el odioso endeudamiento público, como ocurre actualmente.
El proyecto de reforma fiscal que ya está en el Congreso Nacional aparentemente traerá mayores sacrificios a los que más tienen, pero ello todavía está por verse.
La verdad es que el estudio de la propuesta reforma fiscal genera la reiteración de la pregunta, por qué sólo se busca satisfacer una parte del problema cuando la misma debió ser de mayor alcance y someter a los sectores más poderosos a pagar el costo de la democracia.
La pregunta vuelve a surgir, pero con una formulación diferente, ya que falta determinar si la propuesta fiscal es otra torpeza del Gobierno o si sencillamente se trata de una expresión de miedo a los sectores insertados en la macroeconomía, que se resisten a jugar su papel en la democracia, a fin de evitar que esta colapse de una manera definitiva.
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Institucionalidad del país cuestionada con caso Camaleón porque ha sido permeada por el crimen organizado.
Aunque la mayoría de los casos de corrupción administrativa han implicado la penetración del crimen organizada en los órganos y entes del Estado, el caso Camaleón plantea más seria y profundamente hasta dónde la nación debe poner atención a esta debilidad institucional.
El Ministerio Público con su anuncio del desmantelamiento de una supuesta red denominada “Operación Camaleón”, ha determinado como los cabecillas de la misma se dedicaban al desfalco y estafa contra el Estado., pero además al espionaje ilegal
En esta organización criminal han sido imputados, entre otros, José Angel Gómez (Jochy) y Hugo Beras, este último exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), quienes munipularon un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La más grave del asunto es que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, a través de la empresa Transcore Latam, después que se le adjudicó el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fue contratada.
En la solicitud de la medida de coerción que se conocerá este martes, el Ministerio Público afirma que el imputado instaló equipos diferentes a los ofertados y además 55 cámaras de video que eran parte de un esquema ilegal de espionaje que no tenían nada ver con las necesidades y con la contrata con el Intrant.
Entre los otros equipos instalados de forma ilegal están fibras ópticas, nodos de concentración y kits de Starlink, los cuales no eran parte de la propuesta técnica original.
El Ministerio Público sostiene que las cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un esquema ilegal de espionaje para la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento que ponen en peligro la privacidad y la seguridad, configurándose un delito contra la seguridad pública y otros crímenes conexos.
Los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, lo cual no sólo representa la comisión de ese ilícito, sino también la utilización de la tecnología para actos de extorsión.
El órgano persecutor estableciٕó durante la auditoría, que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real y de igual manera almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Sin embargo, Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Entre otras cosas no tuvieron una explicación lógica el hecho de que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de información generada.
Lo más grave de este grupo que operaba desde dentro del Gobierno es que vendía información de inteligencia sobre la base del uso del Ministerio de Defensa y de otras instancias del Estado.
Este caso refleja lo que significa el manejo irresponsable del Estado por parte de las actuales autoridades, cuya incapacidad resulta más peligrosa que la sustracción de los fondos públicos por parte de depredadores que históricamente han estado insertados en las diferentes instancias públicas.
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Abinader conocía andanzas de Jochy Gómez, pero razones políticas estrechaban lazos entre el imputado y el Gobierno.
Se ha establecido que el presidente Luis Abinader conocía con detalles las irregularidades cometidas por el hijo del periodista de Guillermo Gómez, ya que todos los días recibía un informe de inteligencia privado desde el centro de operación de éste y que ahora es acusado de haber cometido una serie de fraudes, desfalcos, y sustracción de dinero público a través de una asociación de malhechores desde el mismo corazón del Gobierno.
El apresamiento de José Angel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien es de los dueños de la empresa Transcore Latam, beneficiaria del contrato para la colocación de los semáforos en el Gran Santo Domingo, es una figura controversial y que ahora aparece envuelto en hechos seriamente comprometedores por un contrato con el Estado totalmente viciado.
Esta modalidad del hijo de Guillermo Gómez es muy común en la República Dominicana, donde una serie de personajes, que tienen vínculos muy estrechos con el Gobierno, buscan beneficiarse de contratos públicos que al final se convierten en una gran estafa en perjuicio de la sociedad.
Todo el mundo sabe que el periodista Guillermo es una ficha de primer orden del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aunque el contrato contraído con el Ministerio de Defensa por parte de su hijo, proviene del Gobierno de Danilo Medina, pero evidentemente que por la razón que sea en la continuación del mismo juega un papel importante el padre de Jochy Gómez, quien tiene otro vástago como cónsul en Panamá y que sale ahora también en defensa del imputado.
El asunto es que este caso de alguna manera proyecta la idea de que la independencia del Ministerio Público juega un papel que va mucho más allá del derecho, porque pese a que no luce que se trate de un plan político de las autoridades de turno, pero al final de cuentas se traduce en el ataque a un acto de corrupción que proviene del entorno del PRM a través del periodista Guillermo Gómez.
De cualquier modo, no se trata de una casualidad o de una coincidencia que, por ejemplo, el mismo Jochy Gómez también apareciera con un contrato con el Ministerio de Defensa para fines de asuntos de inteligencia, ya que deja claro que manos muy poderosas se mueven en el entorno del polémico personaje, lo cual no ha estado al margen del presidente Luis Abinader, quien recibía un informe de inteligencia diario de la oficina del imputado.
De acuerdo a lo establecido, en el proceso de contratación de la referida empresa y el Intrant se emitieron documentos sin la debida aprobación, todo como resultado de un trato privilegiado al oferente.
La red semafórica en cuestión que se proporcionaba sobre la base de los servicios de modernización de la misma del Gran Santo Domingo a cargo de la empresa Transcore Latam S.R.L., experimentó un aumento del valor original presentado de 104 a 1,200 millones de pesos y luego a 1,317 millones 350 mil 997 pesos, emitiéndose documentos que no contaron con la aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones e igualmente se produjeron modificaciones mediante actos administrativos de manera extemporánea y sin el debido procedimiento.
La auditoría especial del “Proceso que iba desde febrero del 2023 hasta junio del 2024 sirvió para detectar la mayoría de las irregularidades en perjuicio del Estado.
El trabajo de investigación establece que “se observaron debilidades e inobservancias procedimentales en el examen del proceso llevado a cabo, las cuales son minuciosamente abordadas en el informe, lo que provocó la intervención de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuyo órgano dispuso la suspensión del proceso de adjudicación.
La Contraloría General de la República para avalar la auditoría hizo un levantamiento físico de los equipos instalados y almacenados, entrevistas a los actores principales, entre los que se encuentran Hugo Beras y su abogada; Pedro Padovani, Jochy Gómez, Carlos Zabala, miembros del comité de compras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de la Dirección de Tecnología, entre otros.
La Unidad Antifraude en sus conclusiones estimó que se observan “violación al debido proceso que está consignado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación, ya que se comprobó la emisión de documentos que no tenían la aprobación de los miembros del Comité que tiene la competencia en estos casos, modificación del pliego de condiciones con actos administrativos extemporáneo y sin el aval del órgano, así como respuestas parciales a los inquietudes presentadas por los oferentes. Hubo otras modificaciones al pliego de condiciones que flexibilizaban los requerimientos técnicos exigidos, además la emisión de informes periciales definitivos aprobados por el Comité de Compras a partir de datos incongruentes, deficientes y decisiones unilaterales que revelaban un trato privilegiado al oferente.
Otro de un gran valor en lo que parece un plan bien concebido para engañar al Estado es que, aunque la empresa Transcore Latam entregó una factura en la indicaba que el proyecto estaba en un 90 por ciento de ejecución, la auditoria comprobó que no era cierto y que apenas llegaba un 20 por ciento.
Se detalla en el informe que sólo de agotó un 40 % de la ejecución de la fibra óptica en el Distrito Nacional y en lo referente a los reguladores semafóricos, sólo se habían instalado 80 de los 335 contratados, es decir, 1,245 de 1,340 cámaras para la recolección, cuya manipulación también impacta el cableado de red en algunas intersecciones, el cual no estaba completo o los dispositivos estaban desconectados.
Lo otro es que sólo se instalaron 1,172 de 1,550 semáforos de 300mm y 320 de 470 semáforos led flecha, según una publicación del periódico Diario Libre.
El trabajo de investigación llegó a la conclusión de que los porcentajes generales de terminación del proyecto no superaba más allá de un 20 % de ejecución del contrato, ya que los elementos estaban incompletos y con pocas garantías de una buena y eficiente operatividad”.
En ese contexto la Contraloría decide que, “lo más conveniente sería disolver la contratación para evitar un daño irreparable e irreversible, y entonces procede en consecuencia con una nueva licitación que incluyera al consorcio de empresas internacionales asociadas con nacionales, o empresas individuales que cumplieran los requerimientos para tales fines y en esa virtud procura que el control de la base de datos semafórica esté bajo control exclusivo. A partir de lo ocurrido es que el Intrant, por seguridad nacional”. pide que “se ejecuten las acciones pertinentes a fin de que quienes hayan incurrido en actos reñidos con las leyes tengan las consecuencias que se derivan de las irregularidades detectadas.