La corrupción es la peor pandemia que ha vivido el país, cuya secuela es de hambre, retrocesos y muertes.

En la República Dominicana como siempre pasa se ha generado toda una polémica con las compras de utensilios médicos sobrevaluados que hace el Estado para contrarrestar la pandemia del coronavirus, cuya situación ha traído consigo buscar justificar lo injustificable.

El Covid-19 es para concentrar todos los esfuerzos para hacerlo desaparecer del territorio nacional, pero ello no justifica que se quiera ver como normal o propio de la circunstancia el hecho de que funcionarios del Gobierno o allegados suyos se inventen cualquier compañía de la noche a la mañana para optar por los aparentes concursos de licitación  que ha convocado el Estado.

Está más que avalado que los que han optado por participar en estas licitaciones públicas para comprar equipos y todo tipo de utensilios médicos se manejan con un gran interés de acumular fortunas sobre la base del sufrimiento del pueblo dominicano.

Sin embargo, no es mala  la decisión del presidente Danilo Medina de crear una comisión de veedores mediante el decreto 145-20 que fiscalizará las compras de utensilios médicos  que haga el Estado, a fin de evitar lo que ya se ha denunciado, sólo que habrá que ver hasta dónde este instrumento contribuye  a detener  lo que parece ser algo muy grave y preocupante, pese a que se considera ineficiente para garantizar la transparencia reclamada.

Todo el mundo sabe que los que han tenido el control del Estado no se conforman con cantidades pequeñas de beneficios, sino con grandes márgenes, lo cual ha demostrado que los funcionarios corruptos ya no se satisfacen con cien ni doscientos millones, sino con miles.

La sobrevaluación avalada alcanza hasta un 112 y casi un 200 por ciento, ya que los que se dedican a esta malsana tarea buscan acumular grandes fortunas en cuestión de días o de horas, cuyo lamento es mucho mayor porque lo hacen con el apoyo de gentes que están enquistadas en la cima del poder.

El asunto es tan grave que ya se ha perdido hasta la vergüenza, es un asunto que llega al peor de los descaros, cuyo agravante es el hecho de que un funcionario como el ministro de Salud Pública advirtiera a los que critican esta conducta mafiosa de que se va a comprar lo que el país necesite sin importar el precio que se pague.

Es una especie de luz verde a los corruptos para que continúen la estafa en contra de todos y cada uno de los dominicanos, cuyas expresiones no le permiten a este funcionario ver lo que le viene al país y al mundo con la pandemia.

A caso el doctor Rafael Sánchez Cárdenas desconoce o no tiene la capacidad para ver a mediano o  largo alcance y entender que la amenaza en contra del país no es sólo por las consecuencias en términos de muertes de la pandemia, que naturalmente es lo peor, porque la vida humana no tiene precio, sino de una hambruna de  grandes proporciones y en consecuencia  de una peligrosa calamidad  económica.

Este problema de la hambruna no es una advertencia sólo  de la Organización de las Naciones Unidas, sino de economistas de una incuestionable reputación internacional y países como la República Dominicana no tendrán otro camino que el endeudamiento externo, lo que implica mayores compromisos de pagos de capital y de intereses y además de un desmejoramiento del sistema sanitario, de justicia y de educación.

El país está ante una  crisis económica de dimensiones asombrosas y en consecuencia de crear hasta grandes explosiones sociales, por lo que se impone que la nación sea lo suficientemente cuidadosa con  los ¨vivos¨ que aprovechan inescrupulosamente  la situación generada por Covid-19 y el manejo inadecuado de la crisis.

De ninguna manera se debía plantear que si hay que comprar determinados productos que no se haga si a cambio las consecuencias podrían ser peores, pero tampoco se puede justificar y en efecto estimular a que se compre al precio que sea y de esa manera volcar sobre la economía nacional una carga inaguantable  fruto de la irracionalidad de los gobernantes.

En el país y en todas las naciones   latinoamericanos, donde la existencia del Estado es  muy precaria,  hay grupos de comerciantes despiadados que en componenda con sectores del Gobierno  recurren a cualquier tipo de especulación para acumular riquezas, aunque sea sobre la base del sufrimiento del pueblo.

La corrupción que se genera a propósito del coronavirus se habla de que hay involucrados personajes estrechamente vinculados a las altas instancias del poder, quienes han ofertado al Gobierno ventas de equipos con una sobrevaluación que supera los 900 millones de pesos.

Escuchar a un funcionario de la categoría del ministro de Salud Pública con una postura que más que criticar y buscar opciones para que el país no sea engañado y depredado, con una posición que estimula lo mal hecho, crea confusión y mucho dolor.

Y no es que se deje de comprar lo que se necesita, pero si para adquirirlo al precio del mercado hay que recurrir a entidades  internacionales y multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pues que se haga.

Por el camino que se dirige el planeta parece que  todos los países, o por lo menos la mayoría, está frente a una amenaza de  hambruna de consecuencias imprevisibles producto de la pandemia  y las naciones  que sufrirán más la situación serán las más pobres, las del tercer mundo, aquellas más  débiles y víctimas de la corrupción de sus gobernantes y de los buitres de la economía mundial, que prestan a intereses muy altos, lo cual además genera un gran retroceso social.

No se sabe la motivación que ha tenido el ministro de Salud Pública para expresarse como lo ha hecho, pero ojalá lo dicho obedezca a su preocupación por estar en primera fila en el combate del Covid-19 y no porque sea tolerante  con lo mal hecho, con los especuladores que no le importa la vida de la gente, sino el dinero ganado cuando de nadar en ríos revueltos se trata.

El Gobierno debe medir sus pasos en estos momentos que el país y el mundo viven sus peores momentos, porque el hecho de que la confusión reine en medio de la pandemia, no lo libera de sanciones por el manejo inadecuado de los recursos públicos y por tolerar las acciones reprochables y no justificables desde ningún punto de vista ni de la circunstancia que nos afecta.

Las consecuencias tendrán que venir ahora o después de haber pasado la tempestad, porque desde cualquier perspectiva que se vea  es una acción insensible, ruin y castigable.