Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Nacionales
La Procuraduría general de la República da fuerte batalla contra la corrupción.
Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Unos 25 fiscales asignados a la Pepca y 15 para la dirección de Persecución, trabajan conjuntamente con sus directores Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, para dar respuesta a la ciudadanía, que espera se aplique justicia en estos casos.
Las investigaciones abarcan los expedientes apoderados al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, y 326 expedientes que estaban en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años.
Los dos organismos dependientes de la Procuraduría también iniciaron una investigación en torno a las “trabas” que habría puesto el entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016. Fueron interrogados el presidente interino del PLD. Temístocles Montás, el contralor Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas, del partido morado.
También está pendiente en la Pepca una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la cual formó parte la periodista Alicia Ortega, que reveló que entre diciembre de 2013 y 2014, Odebrecht habría realizado 118 pagos, de los cuales 62 fueron por el concepto “Planta Termo”, en referencia a Punta Catalina, por US$39 millones.
En torno al caso, se interrogó al economista Andrés Dauhajre (Andy), porque la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, estaba en una lista de supuestos pagos de Odebrecht, así como José Gregorio Salcedo Llibre, que renunció como presidente de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD), y José Manuel Guzmán Ibarra, que también dimitió como subadministrador del estatal Banco de Reservas.
A principios de diciembre, la Pepca reveló la Operación Anti Pulpo, con un expediente que describe la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, por la cual habría logrado RD$4,796 millones de los fondos públicos mediante contratos millonarios con instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.
Las acciones comenzaron el 29 de noviembre. Hasta el momento hay 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Christopher Sánchez, su exdirector de Fiscalización de Obras.
Además Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andújar, excontralor de la República; Julián Suriel, José Dolores Santana; Domingo Santiago Muñoz, y Wacal Méndez, todos relacionado a las empresas de Alexis Medina.
El ex juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió siete a prisión preventiva por un periodo de tres meses, mientras que dictó órdenes de arresto domiciliario contra tres, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida del país, presentación periódica y a dos de ellos el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y a otro solo la presentación periódica.
También está pendiente el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gon zalo Castillos.
También está bajo investigación los casos de Berlinesa Franco y otros exempleados del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el de Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia; la Omsa y asesinato de Yuniol Ramírez; Cámara de Cuentas, CEA y la declaración jurada de patrimonio.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.