Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Nacionales
La Procuraduría general de la República da fuerte batalla contra la corrupción.
Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Unos 25 fiscales asignados a la Pepca y 15 para la dirección de Persecución, trabajan conjuntamente con sus directores Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, para dar respuesta a la ciudadanía, que espera se aplique justicia en estos casos.
Las investigaciones abarcan los expedientes apoderados al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, y 326 expedientes que estaban en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años.
Los dos organismos dependientes de la Procuraduría también iniciaron una investigación en torno a las “trabas” que habría puesto el entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016. Fueron interrogados el presidente interino del PLD. Temístocles Montás, el contralor Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas, del partido morado.
También está pendiente en la Pepca una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la cual formó parte la periodista Alicia Ortega, que reveló que entre diciembre de 2013 y 2014, Odebrecht habría realizado 118 pagos, de los cuales 62 fueron por el concepto “Planta Termo”, en referencia a Punta Catalina, por US$39 millones.
En torno al caso, se interrogó al economista Andrés Dauhajre (Andy), porque la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, estaba en una lista de supuestos pagos de Odebrecht, así como José Gregorio Salcedo Llibre, que renunció como presidente de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD), y José Manuel Guzmán Ibarra, que también dimitió como subadministrador del estatal Banco de Reservas.
A principios de diciembre, la Pepca reveló la Operación Anti Pulpo, con un expediente que describe la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, por la cual habría logrado RD$4,796 millones de los fondos públicos mediante contratos millonarios con instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.
Las acciones comenzaron el 29 de noviembre. Hasta el momento hay 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Christopher Sánchez, su exdirector de Fiscalización de Obras.
Además Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andújar, excontralor de la República; Julián Suriel, José Dolores Santana; Domingo Santiago Muñoz, y Wacal Méndez, todos relacionado a las empresas de Alexis Medina.
El ex juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió siete a prisión preventiva por un periodo de tres meses, mientras que dictó órdenes de arresto domiciliario contra tres, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida del país, presentación periódica y a dos de ellos el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y a otro solo la presentación periódica.
También está pendiente el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gon zalo Castillos.
También está bajo investigación los casos de Berlinesa Franco y otros exempleados del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el de Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia; la Omsa y asesinato de Yuniol Ramírez; Cámara de Cuentas, CEA y la declaración jurada de patrimonio.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.