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La Procuraduría general de la República da fuerte batalla contra la corrupción.

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Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de pre­suntos actos de corrup­ción, asesinatos, declara­ción jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.

Unos 25 fiscales asigna­dos a la Pepca y 15 para la dirección de Persecución, trabajan conjuntamen­te con sus directores Wil­son Camacho y Yeni Be­renice Reynoso, para dar respuesta a la ciudadanía, que espera se aplique justi­cia en estos casos.

Las investigaciones abarcan los expedientes apoderados al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, y 326 expedien­tes que estaban en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años.

Los dos organismos de­pendientes de la Procura­duría también iniciaron una investigación en torno a las “trabas” que habría puesto el entonces gober­nante Partido de la Libe­ración Dominicana (PLD), a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016. Fueron interrogados el pre­sidente interino del PLD. Temístocles Montás, el con­tralor Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas, del partido morado.

También está pendiente en la Pepca una investigación del  Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la cual formó parte la pe­riodista Alicia Ortega, que re­veló que entre diciembre de 2013 y 2014, Odebrecht ha­bría realizado 118 pagos, de los cuales 62 fueron por el concepto “Planta Termo”, en referencia a Punta Catalina, por US$39 millones.

En torno al caso, se inte­rrogó al economista Andrés Dauhajre (Andy), porque la empresa Baker Street Finan­cial, que figura a su nombre, estaba en una lista de supues­tos pagos de Odebrecht, así como José Gregorio Salcedo Llibre, que renunció como presidente de la Bolsa y Mer­cado de Valores de la Repú­blica Dominicana (BVRD), y José Manuel Guzmán Ibarra, que también dimitió como subadministrador del estatal Banco de Reservas.

A principios de diciembre, la Pepca reveló la Operación Anti Pulpo, con un expedien­te que describe la estructura de corrupción que presunta­mente dirigía Alexis Medi­na, hermano del expresiden­te Danilo Medina, por la cual habría logrado RD$4,796 millones de los fondos públi­cos mediante contratos mi­llonarios con instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.

Las acciones comenzaron el 29 de noviembre. Hasta el momento hay 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Christopher Sánchez, su ex­director de Fiscalización de Obras.

Además Fernando Rosa, expresidente del Fondo Pa­trimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, exvicepresiden­ta del Fonper; Freddy Hi­dalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andújar, excontralor de la República; Julián Suriel, José Dolores Santana; Do­mingo Santiago Muñoz, y Wacal Méndez, todos rela­cionado a las empresas de Alexis Medina.

El ex juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Ale­jandro Vargas, envió sie­te a prisión preventiva por un periodo de tres meses, mientras que dictó órde­nes de arresto domiciliario contra tres, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida del país, presentación periódi­ca y a dos de ellos el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y a otro solo la presentación periódica.

También está pendien­te el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Pú­blicas en la gestión de Gon zalo Castillos.

También está bajo in­vestigación los casos de Berlinesa Franco y otros exempleados del Institu­to Nacional de Atención Integral a la Primera In­fancia (Inaipi), el de Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presi­dencia; la Omsa y ase­sinato de Yuniol Ramí­rez; Cámara de Cuentas, CEA y la declaración ju­rada de patrimonio.

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Dos personas muertas y una sobreviviente en incidente de torre en Piantini

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Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.

Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.

Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.

Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.

Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.

“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.

El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.

Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.

“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.

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Buscan fortalecer convivecnia pacífica con implemantacion de nuevo plan.

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Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.

En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.

El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.

“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.

De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.

“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.

Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.

Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.

“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.

“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.

Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.Expandir imagen

Infografía
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el lanzamiento del Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional. (JUAN GUIO)

Insta a realizar denuncias

La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.

“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.

  • El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
  • En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
  • En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.

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El Conep pide proporcionalidad en medidas fiscales.

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SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.

En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.

El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.

Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.

Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.

Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».

Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividadcompetitividad y capacidad de crear oportunidades.

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