Opinión
La perversa dominación de Haití es consustancial al coloniaje racista
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– La nueva invasión mercenaria de inspiración trumpista en el otro lado de esta hermosa isla neo-colonizada, tiene mucho que ver con el perverso empeño racista de castigar y degradar la rebelde república negra y apropiarse de sus riquezas minerales: oro, litio, tierras raras, uranio y titanio
Las raíces de esa crueldad, -sintetizadas en odio racista, saqueo y depredación- vienen de muy atrás.
En esta isla, en la colonia de la parte occidental dominada por Francia, al inicio de la colonización se concentró la mayor cantidad de esclavos negros y los más altos niveles de esclavitud; y allí se escenificó la primera independencia de Nuestra América y la primera revolución social anti-esclavista del Continente.
La naciente República de Haití abolió la esclavitud y su dirección revolucionaria, pocos años después contribuyó a eliminar la esclavitud y a derrotar el colonialismo español en la parte oriental de la isla, hoy conocida como República Dominicana.
· EL ODIO RACISTA HEREDADO DE LA COLONIALIDAD.
Tales epopeyas generaron en las entrañas de las potencias coloniales (luego potencias capitalistas-imperialistas) los más drásticos niveles de odio racista y voracidad imperialista contra el pueblo haitiano, su revolución y sus riquezas naturales; odio desde la arrogante supremacía blanca, permanentemente alimentada por la clase dominante-gobernante dominicana, aun después de conquistada la independencia formal en 1844 y de derrotada la posterior anexión a España en 1863 por la revolución restauradora de esa independencia.
El tirano Trujillo, en su régimen de 31 años (1930-1961), asumió- siendo mestizo y dictador de un pueblo predominantemente negro y mestizo- la cultura pro española con una enorme carga de odio racista contra el pueblo haitiano, al extremo de ordenar la masacre de la población emigrante haitiana que vivía en las provincias fronterizas, con un saldo de 20 mil muertos a cargo del ejercito dominicano; estimulada la barbarie por una intelectualidad cultivada en el racismo y la colonialidad.
Su heredero político, Joaquín Balaguer, que gobernó posteriormente durante 22 años (1966-78 y 1986.1996), le dio continuidad a esa obra perversa; contaminando nuevas generaciones de militares y policías, partidos políticos, instancias educativas, iglesias e intelectualidad.
· CONTINUIDAD Y RECICLAMIENTO DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA.
Esa aberración ideológica y esa voracidad imperial perduran todavía, registrándose en los últimos años y sobre todo en el presente, altísimos niveles que anuncian tragedias impregnadas de intensos y destructivos niveles de violencia.
En nuestro país, vecino de Haití, la policía nacional, las fuerzas armadas, el sistema educativo, las instancias culturales, las elites capitalistas y sus fábricas de producción han sido infectada en mayor escala por ese veneno, el cual se difunde profusa y sistemáticamente con el aval estatal y la mayor impunidad.
Los partidos del sistema compiten a quien es más anti-haitiano y a quien auspicia la mayor crueldad en el trato a los-as migrantes haitianos-as y sus descendientes.
Los grandes medios de comunicación no cesan de estigmatizar al país y al pueblo vecino, y los cuerpos armados en reprimirlos. Permanentemente cuelan la idea de que se trata de seres inferiores que nos invaden y constituyen la principal amenaza a nuestra soberanía, por demás secuestrada y negada por EEUU.
Sus dueños, las elites capitalistas y altos funcionarios del Estado ejercen una doble moral: discriminan con crueldad y hacen del tráfico de haitianos-as y de la sobre-explotación de mano de obra indocumentada un gran negocio.
Estado y gobierno han sido asaltados por esa manera de pensar y actuar, cuando no chantajeados por un seudo-nacionalismo fascistoide.
Una parte significativa de la sociedad ha sido alienada.
· ANTI HAITIANISMO BOCHORNOSO EMPLAZA A LA SOLIDARIDAD.
El presidente actual, Luis Abinader, conservador de tomo y lomo y pro-imperialista impenitente, exhibe una agresividad anti-haitiana y una sumisión a EEUU que rompe record.
Llama a intervenir militarmente a Haití y obvia las consecuencias funestas de las anteriores invasiones gringas.
Presenta al pueblo haitiano como invasor y silencia el rol imperialista de EEUU.
Hostiliza y reprime constantemente la migración haitiana y a descendientes de familias haitianas.
Obvia la rapacidad neocolonialista de EEUU y de las élites capitalistas de la isla; incluso la estimula.
Y todo esto, junto al machismo patriarcal, nutre a su vez diversas corrientes neofascistas que ya se mueven con descaro y exhiben ciertos tonos paramilitares con evidente protección de sectores de poder.
Cada vez con más frecuencia se ejecutan asesinatos de migrantes haitianos, linchamientos y quemas de las casuchas donde habitan.
Los «progroms», o acciones de «limpiezas étnicas», están en gestación.
Las agresiones a la latente voluntad de autodeterminación del pueblo haitiano se suceden unas tras otras, recientemente con la denigrante modalidad de invasión mercenaria bajo el paragua neofascista y el bandidismo estadounidense.
Mientras… el clima mundial, cargado de violencia racista, gansterismo capitalista, neofascismo y guerras de conquista a cargo de la OTAN y de las élites del mundo supuestamente civilizado: EEUU, Canadá y la vieja y «culta» Europa Occidental… ha favorecido la conformación de este peligroso ambiente en neo-colonias como República Dominicana.
Solo que ahora la tortilla se está virando.
EE UU marcha hacia abajo.
El occidente neocolonial declina.
Vale renovar la alerta y los esfuerzos por cortar esta ruta trágica en esta isla.
Vale condenar la invasión mercenaria y multiplicar la solidaridad para con el vilmente castigado pueblo haitiano.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!