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La petición de los desnacionalizados afectados por sentencia TC
Manifestación de hoy frente JCE por dominicanos de ascendencia haitiana.Hoy/Fuente Externa 12/4/12. Archivo.
El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que lucha junto a las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), emitió un documento donde hace una solicitud a las autoridades.
Esta es su petición:
** Demandamos juicio político al presidente de la JCE e interpelación al Ministro de Interior por violación de la ley 169-14
** A más de 4 meses de promulgada la ley muy pocos de sus beneficiarios han recibido sus documentos
** En tres semanas se acaba el plazo del Reglamento de la ley para el grupo B, los nacidos en el país sin registro civil, y son escasos los que han podido cumplir requerimientos extralegales.
Más de 4 meses después de la promulgación de la Ley 169-14 y a más de dos meses de su reglamento, sus objetivos están tan lejos de alcanzarse que podemos sostener que se encaminan a la frustración y el fracaso, lo que tendrá serias repercusiones en el país y en los ámbitos internacionales.
Es deplorable que el propósito del gobierno del presidente Danilo Medina, materializado por una ley del Congreso Nacional, que ha tenido tanto reconocimiento nacional e internacional, esté siendo abiertamente obstruido por actitudes y requerimientos que sobre pasan o ignoran el mandato legal. .
Debido a la continuada e ilegal política de incumplimiento y retardación desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas se ve en la obligación de reiterar su denuncia sobre la burla al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo en curso, y apelar a los poderes públicos para que se tomen medidas urgentes que reviertan el boicot contra la Ley No. 169-14 y su Reglamento desarrollado por las instituciones responsables de su implementación.
Es harto conocido que esta Ley beneficiaría a dos grupos de personas:
a) Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes inscritos en los libros del Registro Civil, cuyo trámite está a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).
b) Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular que no figuran inscritos en el Registro Civil, cuyo proceso está a cargo del Ministerio de Interior y Policía (MIP).
Respecto de las personas pertenecientes al grupo a), la ley no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial establecido por ella. Por el contrario, establece claramente en su Artículo 2 que “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior.”
Más de cuatro meses después de la promulgación de la Ley 169-14, el 23 de mayo pasado, la JCE continúa negando las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, estableciendo requisitos y procedimientos que violan de forma arbitraria las disposiciones de orden público dispuestas en la misma. Como resultado de este flagrante desacato al principio de legalidad que debe regir a la administración pública, a la fecha, menos del 1% de las personas que integran el grupo a) han podido percibir los beneficios de esta Ley y el resto siguen a la espera que el Estado les dé una solución para que tengan sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos.
Aunque el 23 de Septiembre la JCE publicó el listado de unas 13 mil personas que deberían entrevistarse con sus inspectores y “llevar o aportar cualquier documento o información que pueda ser de utilidad para esta auditorìa”, a muchos de los que han acudido se les remite al Plan Nacional de Regularización bajo el alegato de que son extranjeros.
Como ya había sido denunciado anteriormente por este Comité, el boicot institucional desarrollado por la JCE en adición a contradecir la Constitución de la República, desconoce abiertamente numerosos preceptos legales, como por ejemplo las disposiciones del Artículo 31 de la Ley No. 659 de 1944, sobre Actas del Estado Civil, que establece la naturaleza fedataria de las actas de nacimiento y el derecho universal de acceder a las mismas que asiste a toda persona, así como los principios rectores de la actuación de la administración pública consagrados en nuestra constitución y desarrollados en la Ley 107-13 sobre los Derechos de Las Personas Frente a la Administración Pública, como la juridicidad, buena fe, racionalidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, relevancia, y confianza legitima, entre otros.
En relación con las personas que integran el grupo b), para acogerse a Ley No. 169-14 y su Reglamento (del 23 de Julio) deben agotar un procedimiento de registro cuyo proceso está a cargo del MIP y para el cual solo disponen de 90 días. No obstante lo exiguo del plazo, y trascurridos 70 días de iniciado el mismo y a 20 de concluir el plazo legal:
1) El MIP impone a los solicitantes requisitos que no están previstos en la Ley y su Reglamento
* Rechazan solicitudes de personas nacidas después del 18 de abril de 2007.
• Exigen un documento de identidad de la madre, que es muy difícil obtener en el plazo establecido por la Ley.
* Reclaman la presentación de la madre y/o el padre del solicitante
2) Aún no están todas las Unidades de Ejecución previstas funcionando, o funcionan de manera precaria.
• Hay 15 provincias en la que NO HAY Unidades de Ejecución y no atienden a personas provenientes de otras jurisdicciones.
• Es recurrente la falta de electricidad y fallas del sistema informático en los centros.
3) En múltiples caos los inscriben en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros
4) Hay falta de información a la población afectada.
• La información de los requisitos no llega a la población eficazmente, principalmente a zonas rurales y lugares de difícil acceso.
5) Obstáculos en los hospitales para la entrega de certificados de nacimientos
6) Renuencias a legalizar actos notariales en la Procuraduría General 6)55fdedeffve
Como resultado de todas estas limitaciones, hasta el momento a menos de 500 personas se les ha aceptado la solicitud de inscripción en el Libro de Extranjería, requisito indispensable para optar por la regularización migratoria y eventual naturalización previstas en la Ley y su Reglamento.
Las violaciones y retardación del cumplimiento de la Ley No. 169-14 y su Reglamento por parte del MIP a estas alturas del curso del plazo de 90 días concedido, llevan inexorablemente a concluir que el procedimiento de naturalización en tres pasos (registro en libro de extranjería, regularización migratoria y naturalización) se encamina al fracaso.
Es importante recordar que el único propósito de este procedimiento en tres etapas, es evitar el riesgo de apatridia en que se encuentran las personas que integran el grupo b), como resultado de la desnacionalización operada mediante la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional. De esa forma el Estado Dominicano pretende cumplir con las obligaciones de rango constitucionales que se le imponen como resultado de diversas convecciones internacionales debidamente ratificadas de que es signatario.
Reiteramos que el incumplimiento y retardación en que incurren la JCE y el MIP se erige como un desafío a la autoridad del Poder Legislativo, instituidas en el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio a las leyes emanadas del Congreso Nacional, que vinculan a todos los poderes públicos, conforme disponen los Artículos 93 y 109 de la Constitución de la República Dominicana.
En consecuencia, por estos medios, cursamos una petición al Congreso Nacional, para que, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución de la República Dominicana, se inicie un proceso de investigación del Presidente de la JCE y el Ministro de Interior y Policía con la finalidad de que, de confirmarse las faltas graves derivadas del incumplimiento de la ley por parte de estos funcionarios, se lleve a cabo un juicio político que resulte en la destitución del Presidente de la JCE, la interpelación del Ministro de Interior y Policía y la implementación de las reformas a la Ley No. 169-14 y su Reglamento que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus propósitos.
Santo Domingo, R.D.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó ocho paquetes, presumiblemente de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), los cuales pretendían ser enviados a Madrid, España.
Según el organismo antinarcóticos, el envío fue realizado por una mujer con supuesta dirección en la autopista de San Isidro, municipio Santo Domingo Este, y figuraba como destinatario un individuo con domicilio en la calle Monte Perdido, en Madrid.
La DNCD sostuvo que, en conjunto con el Ministerio Público, se han ampliado las investigaciones relacionadas con este frustrado envío de sustancias prohibidas para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en el caso.
Las labores de inspección contaron con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Señaló que las unidades operativas verificaban las cargas en uno de los depósitos de la terminal cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias narcóticas en el interior de varias cajas de cartón que, según la declaración, contenían mercancías hacia España.
paquetes forrados en fundas plásticas con lo que se presunta son sustancias narcóticas
Agregó que, por instrucciones del fiscal actuante, se inició el proceso de apertura, localizando en tres de las cajas un total de ocho paquetes forrados en fundas plásticas, con un peso preliminar superior a los cinco kilogramos.
Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-Durante los últimos días la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho la visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, cuyo encuentro significó varias las reuniones que la funcionaria de la PGR ha tenido, al menos públicas, con miembros del cuerpo diplomático estadounidense en el país.
Estos eventos marcan el 2025 como un año de fortalecimiento de la seguridad hemisférica, con República Dominicana y Estados Unidos como aliados. Al menos así se repite en los discursos de cada visita: “un esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, entre otros delitos.
El más reciente de los encuentros se anunció el pasado 21 de diciembre, pero ya el 14 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) había publicado en su sala de prensa en línea la visita de una misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por el principal administrador adjunto de ese organismo, Daniel Salter.
En esa ocasión, Salter reconoció al país como un modelo de cooperación y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener esos lazos, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico y tramitar ante los tribunales a los responsables de articularlas.
La mayoría de estos encuentros fueron para conversar sobre colaboraciones en materia de seguridad entre ambos países y la posibilidad de otorgar a las autoridades dominicanas capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Esas capacitaciones son, por otro lado, los encuentros que predominan entre autoridades estadounidenses y la institución que controla y dirige el sistema de inteligencia nacional antidrogas. Asimismo, destacan las operaciones de interdicción conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
El 11 de noviembre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inició el diplomado “Análisis Estratégico para el Control del Narcomenudeo y sus Manifestaciones Asociadas” para 22 agentes, bajo el auspicio y coordinación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Además, según registros periodísticos, el 31 de agosto el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, se reunió con el Administrador para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, durante la celebración de la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX). Allí, ambos acordaron seguir ampliando el intercambio de información y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la región del Caribe.
Incluso, a mediados de agosto, el titular del organismo antinarcóticos participó como orador invitado en la graduación del Centro de Entrenamiento de la DEA en Quantico, Virginia.
Con anuncios, reuniones estratégicas y acuerdos, otros encuentros relevantes que se suman al recuento son la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 26 de noviembre, así como también la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de este año.
Asimismo, el pasado 24 de noviembre, una delegación bipartidista de ocho legisladores estadounidenses realizó una visita de dos días a la República Dominicana. La agenda incluyó reuniones con altos funcionarios del Gobierno dominicano para discutir temas de seguridad regional, esfuerzos para combatir el narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones.
Previamente, el 23 de agosto, una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) una visita oficial de cuatro días al país.
La visita incluyó encuentros con el canciller Roberto Álvarez; el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.
Mientras que el 7 de agosto se recibió la visita del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey. El fin del encuentro estuvo en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país.
Santo Domingo, R.D.-Los miembros del grupo Haineros Epoca Dorada sostienen que la tragedia del Jet Set ha provocado una «Navidad deprimida” como resultado de la pérdida fatal de más de una decena de sus compañeros el pasado 8 de abril tras derrumbarse el techo de la discoteca.
“Ha sido fuerte estar sin ellos. La Casa Dorada siente su ausencia en cada momento, en cada espacio, ya que no hemos tenido ese ánimo ni de poner árbol de Navidad”, expresó Gertrudis García.
García indicó que seguir hacia delante y continuar su legado es la misión del grupo.
“Queremos continuar con el legado que ellos nos dejaron. Su misión era esta: que el grupo estuviera siempre unido, con su ritmo de divertirse, de compartir recuerdos, anécdotas, vivir… Vivir siempre”, agregó García.
Catalina de la Rosa informó que este domingo celebrarán el cuarto encuentro de los Haineros Dorados, en medio de una eucaristía celebrada en la parroquia San Agustín en honor a los “haineros caídos” en la tragedia.
Víctima
Con andador y llevando una férula en el brazo derecho, Claribel Castro acudió a la misa, una de las sobrevivientes, y quien perdió en el fatídico a su hija, Clarisleny Peguero Castro.
“Yo perdí todo ahí. Mi bebé, mi única hija hembra, o sea, que se me quedó todo ahí. Mi tesoro perdido”, expresó Castro.
Claribel Castro, una de las victimas de la tragedia del Jet Set.
Entre los familiares, amigos y conocidos de las víctimas, estuvo en la ceremonia religiosa Ana Beatriz Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la madrugada del ocho de abril.
“Extraño que todas las Navidades papi me llamaba por la mañana y me preguntaba que cómo estaba, me deseaba feliz Navidad y no poder tener eso esta Navidad fue extraño”, expresó.
Ana Beatriz Pérez, hija del cantante Rubby Pérez.Víctor Ramírez/LD
Ana Beatriz expresó que el canto y la sonrisa de su padre son algunas de las cosas que más extraña de él, además de que ha recibido el apoyo emocional de sus seres queridos en medio del luto.
La misa fue auspiciada por el sacerdote José Luis Lugo Dipré en la parroquia San Agustín, ubicada en el municipio de Haina (provincia San Cristóbal).