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La petición de los desnacionalizados afectados por sentencia TC
Manifestación de hoy frente JCE por dominicanos de ascendencia haitiana.Hoy/Fuente Externa 12/4/12. Archivo.
El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas que lucha junto a las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), emitió un documento donde hace una solicitud a las autoridades.
Esta es su petición:
** Demandamos juicio político al presidente de la JCE e interpelación al Ministro de Interior por violación de la ley 169-14
** A más de 4 meses de promulgada la ley muy pocos de sus beneficiarios han recibido sus documentos
** En tres semanas se acaba el plazo del Reglamento de la ley para el grupo B, los nacidos en el país sin registro civil, y son escasos los que han podido cumplir requerimientos extralegales.
Más de 4 meses después de la promulgación de la Ley 169-14 y a más de dos meses de su reglamento, sus objetivos están tan lejos de alcanzarse que podemos sostener que se encaminan a la frustración y el fracaso, lo que tendrá serias repercusiones en el país y en los ámbitos internacionales.
Es deplorable que el propósito del gobierno del presidente Danilo Medina, materializado por una ley del Congreso Nacional, que ha tenido tanto reconocimiento nacional e internacional, esté siendo abiertamente obstruido por actitudes y requerimientos que sobre pasan o ignoran el mandato legal. .
Debido a la continuada e ilegal política de incumplimiento y retardación desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas se ve en la obligación de reiterar su denuncia sobre la burla al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo en curso, y apelar a los poderes públicos para que se tomen medidas urgentes que reviertan el boicot contra la Ley No. 169-14 y su Reglamento desarrollado por las instituciones responsables de su implementación.
Es harto conocido que esta Ley beneficiaría a dos grupos de personas:
a) Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes inscritos en los libros del Registro Civil, cuyo trámite está a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).
b) Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular que no figuran inscritos en el Registro Civil, cuyo proceso está a cargo del Ministerio de Interior y Policía (MIP).
Respecto de las personas pertenecientes al grupo a), la ley no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial establecido por ella. Por el contrario, establece claramente en su Artículo 2 que “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior.”
Más de cuatro meses después de la promulgación de la Ley 169-14, el 23 de mayo pasado, la JCE continúa negando las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, estableciendo requisitos y procedimientos que violan de forma arbitraria las disposiciones de orden público dispuestas en la misma. Como resultado de este flagrante desacato al principio de legalidad que debe regir a la administración pública, a la fecha, menos del 1% de las personas que integran el grupo a) han podido percibir los beneficios de esta Ley y el resto siguen a la espera que el Estado les dé una solución para que tengan sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos.
Aunque el 23 de Septiembre la JCE publicó el listado de unas 13 mil personas que deberían entrevistarse con sus inspectores y “llevar o aportar cualquier documento o información que pueda ser de utilidad para esta auditorìa”, a muchos de los que han acudido se les remite al Plan Nacional de Regularización bajo el alegato de que son extranjeros.
Como ya había sido denunciado anteriormente por este Comité, el boicot institucional desarrollado por la JCE en adición a contradecir la Constitución de la República, desconoce abiertamente numerosos preceptos legales, como por ejemplo las disposiciones del Artículo 31 de la Ley No. 659 de 1944, sobre Actas del Estado Civil, que establece la naturaleza fedataria de las actas de nacimiento y el derecho universal de acceder a las mismas que asiste a toda persona, así como los principios rectores de la actuación de la administración pública consagrados en nuestra constitución y desarrollados en la Ley 107-13 sobre los Derechos de Las Personas Frente a la Administración Pública, como la juridicidad, buena fe, racionalidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, relevancia, y confianza legitima, entre otros.
En relación con las personas que integran el grupo b), para acogerse a Ley No. 169-14 y su Reglamento (del 23 de Julio) deben agotar un procedimiento de registro cuyo proceso está a cargo del MIP y para el cual solo disponen de 90 días. No obstante lo exiguo del plazo, y trascurridos 70 días de iniciado el mismo y a 20 de concluir el plazo legal:
1) El MIP impone a los solicitantes requisitos que no están previstos en la Ley y su Reglamento
* Rechazan solicitudes de personas nacidas después del 18 de abril de 2007.
• Exigen un documento de identidad de la madre, que es muy difícil obtener en el plazo establecido por la Ley.
* Reclaman la presentación de la madre y/o el padre del solicitante
2) Aún no están todas las Unidades de Ejecución previstas funcionando, o funcionan de manera precaria.
• Hay 15 provincias en la que NO HAY Unidades de Ejecución y no atienden a personas provenientes de otras jurisdicciones.
• Es recurrente la falta de electricidad y fallas del sistema informático en los centros.
3) En múltiples caos los inscriben en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros
4) Hay falta de información a la población afectada.
• La información de los requisitos no llega a la población eficazmente, principalmente a zonas rurales y lugares de difícil acceso.
5) Obstáculos en los hospitales para la entrega de certificados de nacimientos
6) Renuencias a legalizar actos notariales en la Procuraduría General 6)55fdedeffve
Como resultado de todas estas limitaciones, hasta el momento a menos de 500 personas se les ha aceptado la solicitud de inscripción en el Libro de Extranjería, requisito indispensable para optar por la regularización migratoria y eventual naturalización previstas en la Ley y su Reglamento.
Las violaciones y retardación del cumplimiento de la Ley No. 169-14 y su Reglamento por parte del MIP a estas alturas del curso del plazo de 90 días concedido, llevan inexorablemente a concluir que el procedimiento de naturalización en tres pasos (registro en libro de extranjería, regularización migratoria y naturalización) se encamina al fracaso.
Es importante recordar que el único propósito de este procedimiento en tres etapas, es evitar el riesgo de apatridia en que se encuentran las personas que integran el grupo b), como resultado de la desnacionalización operada mediante la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional. De esa forma el Estado Dominicano pretende cumplir con las obligaciones de rango constitucionales que se le imponen como resultado de diversas convecciones internacionales debidamente ratificadas de que es signatario.
Reiteramos que el incumplimiento y retardación en que incurren la JCE y el MIP se erige como un desafío a la autoridad del Poder Legislativo, instituidas en el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio a las leyes emanadas del Congreso Nacional, que vinculan a todos los poderes públicos, conforme disponen los Artículos 93 y 109 de la Constitución de la República Dominicana.
En consecuencia, por estos medios, cursamos una petición al Congreso Nacional, para que, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución de la República Dominicana, se inicie un proceso de investigación del Presidente de la JCE y el Ministro de Interior y Policía con la finalidad de que, de confirmarse las faltas graves derivadas del incumplimiento de la ley por parte de estos funcionarios, se lleve a cabo un juicio político que resulte en la destitución del Presidente de la JCE, la interpelación del Ministro de Interior y Policía y la implementación de las reformas a la Ley No. 169-14 y su Reglamento que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus propósitos.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la Republica, respondió las acusaciones del miembro de la comisión política de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, quien afirmó que el mandatario posee 70 millones de dólares en paraísos fiscales.
Durante el encuentro LA Semanal con la prensa, Abinader dijo que a pesar de tener muchos años en la política todavía no se acostumbra a la infamia y a la mentira.
Ante esto, el mandatario se ofreció transferirle esa misma cantidad de dinero a quien encuentre su dinero en Panamá o en paraísos fiscales.
“Yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal o es más, en cualquier otra cuenta en el país se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta”, afirmó el jefe del Estado.
En ese sentido, Abinader comentó que de indicarle el banco donde tiene el supuesto dinero en paraíso fiscal “se lo voy transferir a la Fundación Global que creo que ellos lo necesitan para algunos pagos”.
Además, el presidente indicó que no se había referido al tema en ocasiones anteriores porque de ser cierto que tuviese ese dinero “yo sí puedo decir de donde salió”, asegurando que tampoco es ilegal.
El presidente informó que tiene un proyecto para modificar la Ley de Sociedades y modernizarla para que no los dominicanos no tengan que utilizar compañías de Panamá o de otros países “que son compañías con fondos aquí que por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra”.
“A ese vocero que me mande para que el busque y se lo transfiera a la Fundación Global donde quiera que el encuentre dinero de Luis Abinader”, recalcó.
LO QUE DIJO ROBERTO ROSARIO
En una publicación en X, Rosario insinuó que Abinader no paga impuestos, asegurando que el presidente declaró que tiene 70 millones de dólares en paraísos fiscales.
SANTO DOMINGO.- Podrá entrar en la fase preliminar el caso Calamar, el cual tiene más de tres mil 600 páginas, dos mil evidencias y 26 nuevos implicados, entre ellos el exsenador Rafael Calderón, cuyos imputados podrán continuar el proceso sin que se les conozcan medidas de coerción.
La coordinadora de los juzgados de instrucción continúa envuelta en el proceso de verificación y cotejo para información del expediente del caso Calamar que cuenta con más de tres mil páginas y dos mil pruebas.
Concluido ese proceso, la jueza Kenya Romero sorteará el tribunal que conocerá el juicio preliminar y que debe notificar a las partes del proceso.
Según juristas, la inclusión de 26 nuevos implicados en el expediente no retrasaría el inicio de esa etapa judicial de los ex funcionarios Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y los otros 17 implicados a quienes les fue impuesta medidas de coerción el año pasado.
Mientras se encuentran a la espera de ser notificados, abogados querellantes en el caso aseguraron que interpusieron nuevas querellas en contra de los 26 nuevos señalados por el Ministerio Público, por la supuesta estafa al Estado de 19 mil millones de pesos.
Entre los nuevos implicados en el caso Calamar figuran Rafael Calderón Martínez, exsenador y actual candidato a esa curul por el (PLD) en Azua, Daniel Guerrero, Manuel Morilla Soto, Nathaly Hernández, Natividad Martínez y otros.
Entre nuevos los encartados en el caso Calamar figuran 13 empresas.
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“Algún día aceptaremos que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas”, dice TSE.
Santo Domingo, R.D.-El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidaldo, expresó: “Algún día tenemos que aceptar que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas. Nos guste o no, hay que cumplirlas…”.al referirse a la sentencia que ordena a la Fuerza del Pueblo la reformulación de su boleta electoral en el nivel de diputados en el Distrito Nacional.
Esta sentencia, emitida el pasado 11 de abril por el TSE, rechaza la candidatura Rafael Paz y Selinee Méndez, Rosa Feliciano y Katiuska Morel, aspirantes a diputados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional por la FP.
Además, ordena a la FP a inscribir a Andy Roberto Morales, Francisco Guillén y Robert Martínez en sustitución de los excluidos.
Ante las versiones de algunos sectores de la FP y otros partidos políticos de la oposición, quienes afirman que esta sentencia fue motivada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el magistrado, Camacho Hidalgo, invalidó esas posiciones.
Hidalgo aseguró que el pleno del TSE no emite sentencias sobre la base de “la politiquería”.
El magistrado también indicó que la mayor muestra de que el TSE ha emitido decisiones correctas ha sido el respaldo brindado por la JCE.
“Si hay un elemento que da a entender que la decisión del Tribunal es la correcta es la última decisión de la Junta, que le ha devuelto al partido que está cuestionando para presentar la planilla como dice el Tribunal, porque algún día tenemos que aceptar que las decisiones de los tribunales hay que cumplirlas”, destacó el presidente del órgano constitucional.
Precisamente ayer, la JCE informó que no acogió la inscripción de los candidatos de la FP en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, asegurando que no cumplen con lo dictado por el TSE.
La JCE estableció en el comunicado que la FP tendrá hasta las 7:00 de la noche de este miércoles, 1 de mayo, para inscribir los nuevos candidatos.
“No resulta posible acoger la misma, tal y como ha sido presentada, toda vez que con ello se estaría incumpliendo el mandato de las indicadas sentencias”, estableció la entidad electoral, luego de desarrollar una sesión extraordinaria.
SENTENCIA
Esta sentencia del TSE también ordena al partido a identificar la mujer más votada en el proceso interno para que sea incluida en su propuesta de candidaturas en la posición número cuatro.
Asimismo, dispone que las dos plazas restantes que fueron reservadas sean ocupadas por igual cantidad de mujeres, las cuales deberán ser aportadas por dicho partido o por los partidos aliados beneficiarios de dichas plazas, de haber intervenido pactos en ese sentido, para cumplir así con la proporción de género que exige la legislación vigente.