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La petición de los desnacionalizados afectados por sentencia TC

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Manifestación de hoy frente JCE por dominicanos de ascendencia haitiana.Hoy/Fuente Externa 12/4/12. Archivo.

Manifestación de hoy frente JCE por dominicanos de ascendencia haitiana.Hoy/Fuente Externa 12/4/12. Archivo.

El Comité de Solidaridad con las Personas  Desnacionalizadas que lucha junto a las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), emitió un documento donde hace una solicitud a las autoridades.

Esta es su petición:

** Demandamos juicio político al presidente de la JCE e interpelación al Ministro de Interior por violación de la ley 169-14

** A más de 4 meses de promulgada la ley muy pocos de sus beneficiarios han recibido sus documentos

** En tres semanas se acaba el plazo del Reglamento de la ley para el grupo B, los nacidos en el país sin registro civil, y son escasos los que han podido cumplir requerimientos extralegales.

Más de 4 meses después de la promulgación de la Ley 169-14 y a más de dos meses de su reglamento,  sus objetivos están tan lejos de alcanzarse  que podemos sostener que se encaminan a la frustración y el fracaso, lo que tendrá serias repercusiones en el país y en los ámbitos internacionales.

Es deplorable que el propósito del gobierno del presidente Danilo Medina, materializado por una ley del Congreso Nacional, que ha tenido tanto reconocimiento nacional e internacional, esté siendo abiertamente obstruido por actitudes y requerimientos que sobre pasan o ignoran el mandato legal. .

Debido a la continuada e ilegal política de incumplimiento y retardación desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas se ve en la obligación de reiterar su denuncia sobre la burla  al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo en curso, y apelar a los poderes públicos para que se tomen medidas urgentes que reviertan el boicot contra la Ley No. 169-14 y su Reglamento desarrollado por las instituciones responsables de su implementación.

Es harto conocido que esta Ley beneficiaría a dos grupos de personas:

a)      Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes inscritos en los libros del Registro Civil, cuyo trámite está a cargo de la Junta Central Electoral (JCE).

b)     Las personas nacidas en el territorio nacional de padres extranjeros en situación irregular que no figuran inscritos en el Registro Civil, cuyo proceso está a cargo del Ministerio de Interior y Policía (MIP).

Respecto de las personas pertenecientes al grupo a), la ley no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial establecido por ella.  Por el contrario, establece claramente en su Artículo 2 que “La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior.”

Más de cuatro meses después de la promulgación de la Ley 169-14, el 23 de mayo pasado, la JCE continúa negando las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, estableciendo requisitos y procedimientos que violan de forma arbitraria las disposiciones de orden público dispuestas en la misma. Como resultado de este flagrante desacato al principio de legalidad que debe regir  a la administración pública, a la fecha, menos del 1% de las personas que integran el grupo a)  han podido percibir los beneficios de esta Ley y el resto siguen a la espera que el Estado les dé una solución para que tengan sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos.

Aunque el 23 de Septiembre la JCE publicó el listado de unas 13 mil personas que deberían entrevistarse con sus inspectores y “llevar o aportar cualquier documento o información que pueda ser de utilidad para esta auditorìa”, a muchos de los que han acudido se les remite al Plan Nacional de Regularización bajo el alegato de que son extranjeros.

Como ya había sido denunciado anteriormente por este Comité, el boicot institucional desarrollado por la JCE en adición a contradecir la Constitución de la República, desconoce abiertamente numerosos preceptos  legales, como por ejemplo las disposiciones del Artículo 31 de la Ley No. 659 de 1944, sobre Actas del Estado Civil, que establece la naturaleza fedataria  de las actas de nacimiento y el derecho  universal de acceder a las mismas que asiste a toda persona, así como los principios rectores de la actuación de la administración pública consagrados en nuestra constitución y desarrollados en la Ley 107-13 sobre los Derechos de Las Personas Frente a la Administración Pública, como la juridicidad, buena fe, racionalidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, relevancia, y confianza legitima, entre otros.

En relación con las personas que integran el grupo b), para acogerse a Ley No. 169-14 y su Reglamento (del 23 de Julio) deben agotar un procedimiento de registro cuyo proceso está a cargo del MIP y para el cual solo disponen de 90 días. No obstante lo exiguo del plazo, y trascurridos 70 días de iniciado el mismo y a 20 de concluir el plazo legal:

1)     El MIP impone a los solicitantes requisitos que no están previstos en la Ley y su Reglamento

* Rechazan solicitudes de personas nacidas después del 18 de abril de 2007.

• Exigen un documento de identidad de la madre, que es muy difícil obtener en el plazo establecido por la Ley.

* Reclaman la presentación de la madre y/o el padre del solicitante

2)     Aún no están todas las Unidades de Ejecución previstas funcionando, o funcionan de manera precaria.

• Hay 15 provincias en la que NO HAY Unidades de Ejecución y no atienden a personas provenientes de otras jurisdicciones.

• Es recurrente la falta de electricidad y fallas del sistema informático en los centros.

3) En múltiples caos los inscriben en el Plan Nacional de Regularización de extranjeros

4)     Hay falta de información a la población afectada.

• La información de los requisitos no llega a la población eficazmente, principalmente a zonas rurales y lugares de difícil acceso.

5) Obstáculos en los hospitales para la entrega de certificados de nacimientos

     6) Renuencias a legalizar actos notariales en la Procuraduría General    6)55fdedeffve      

Como resultado de todas estas limitaciones, hasta el momento a menos de 500 personas se les ha aceptado la solicitud de inscripción en el Libro de Extranjería, requisito indispensable para optar por la regularización migratoria y eventual naturalización previstas en la Ley y su Reglamento.

Las violaciones y retardación del cumplimiento de la Ley No. 169-14 y su Reglamento por parte del MIP a estas alturas del curso del plazo de 90 días concedido, llevan inexorablemente a concluir que el  procedimiento de naturalización en tres pasos (registro en libro de extranjería, regularización migratoria y naturalización) se encamina al fracaso.

Es importante recordar que el único propósito de este procedimiento en tres etapas, es evitar el riesgo de apatridia en que se encuentran las personas que integran el grupo b), como resultado de la desnacionalización operada mediante la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional. De esa forma el Estado Dominicano pretende cumplir con  las obligaciones de rango constitucionales que se le imponen como resultado de diversas convecciones internacionales debidamente ratificadas de que es signatario.

Reiteramos que el incumplimiento y retardación en que incurren la JCE y el MIP se erige como un desafío a la autoridad  del Poder Legislativo, instituidas en el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio a las leyes emanadas del Congreso Nacional, que vinculan a todos los poderes públicos, conforme disponen los Artículos  93 y 109 de la Constitución de la República Dominicana.

En consecuencia, por estos medios, cursamos una petición al Congreso Nacional, para que, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 93 de la Constitución de la República Dominicana, se inicie un proceso de investigación del Presidente de la JCE y el Ministro de Interior y Policía con la finalidad de que, de confirmarse las faltas graves derivadas del incumplimiento de la ley por parte de estos funcionarios, se lleve a cabo un juicio político que resulte en la destitución del Presidente de la JCE, la interpelación del Ministro de Interior y Policía  y la implementación de las reformas a la Ley No. 169-14 y su Reglamento que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de sus propósitos.

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Rafael Canó, ex jefe de Gabinete de la PGR, no figura como imputado en caso Medusa

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Canó habría viajado a España días antes de que desmantelaran la supuesta red encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusada de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones durante el pasado gobierno

Santo Domingo, RD.-Rafael Canó Sa­cco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, quien fue arrestado en España  en octubre del año pasado, no figura dentro del grupo que señala el Ministerio Público en la acusación formal del caso Medusa.

El listado al cual Listín Diario tuvo acceso a primera mano no consta el nombre del imputado, quien según versiones habría negociado con el Ministerio Público, lo que lo convertiría en otro “Raúl Girón” (el imputados del caso Coral que «cantó» todo sobre cómo operaban).

De acuerdo a fuentes, la colaboración fue tal que las últimas incautaciones realizadas en el caso Medusa fueron realizadas gracias a informaciones suministradas por el encartado.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público “cree en la colaboración” y que lo han demostrado en cada proceso al ser cuestionado sobre una posible negociación con Canó y que habría dado información para las últimas incautaciones de bienes.

“Todas las personas que están dispuestas a cooperar tienen las puertas abiertas del Ministerio Público sin excepción”, adujo Camacho.

Canó Sacco habría viajado a España días antes de que desmantelaran la supuesta red encabezada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusada de estafar al Estado con más de RD$6,000 millones durante la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina.

Canó Sacco fue detenido en España, por lo que el Departamento de Extradición de la Procuraduría, que dirige Gisela Cueto, hizo los trámites para su traslado al país.

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Identidades de las personas y empresas involucradas en caso Medusa

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Santo Domingo, RD.-Unas 41 personas y 22 empresas figuran involucradas en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Además de Rodríguez figuran como implicados Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes, Miguel José Moya.

También está implicado Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla.

Entre las empresas figuran Dio, SRL Lirtec SRL, Jurinvest Abogados SRL, Espacio Arquitectura SRL, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Mac Construcciones, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.

También Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil, Fire Control System Magm.

Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos Acosta, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Félix Antonio Rosario, Mercedes salcedo Disla, carolina Pimentel Bonifacio, Francis Ramírez Moreno, Rolando Sebelén Torres, José Estrada, César Nicolás Rizik, Reynaldo Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson, Juan Asael Martínez, Giselle del Carmen Molano y José Luis Liriano Adames.

Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Rosanna Vianela Pimentel, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro; Cesarion Morel Grullón, Ismael Elías de Jesús.

La acusación formal en el caso Medusa fue depositada el sábado en la noche por el Ministerio Público.

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Wilson Camacho dice acusación Medusa no tiene precedente en el país

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Wilson Camacho dijo que esta es la acusación más grande y tiene un volumen de 12,274 páginas

Santo Domingo, RD.-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró que la acusación presentada en contra de los involucrados en el caso Medusa, no tiene precedente en la historia de la República Dominicana.

Wilson Camacho dijo que esta es la acusación más grande y tiene un volumen de 12,274 páginas, añadiendo que dentro de estas, más de 3 mil 500 pruebas y más de 400 testigos a cargo de la acusación.

Asimismo, indicó que en esa acusación han presentado cargos contra 41 personas físicas y una 22 empresa dentro del proceso.

Sostuvo que se trata del entramado de corrupción que se ha descubierto en este proceso que supera los mil millones de pesos por soborno que, a su juicio, es escandaloso y nunca visto en el país.

Tras ser preguntado sobre cuándo será traído al país el imputado Rafael Cano, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, pidió esperar primero la acusación, sin embargo, dentro de la lista no se encuentra Cano.

Destacó que el equipo que le acompaña en las investigaciones de esas operaciones han tenido que abandonar el reto de su familia para dedicarse en cuerpo y alma a construir esa acusación que han logrado llevar a feliz término.

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