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La Policía ha botado a tres mil agentes por mala conducta
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, dijo que apuesta al cambio de la imagen de esa institución mediante la profilaxis, la inversión en tecnología y el cambio de actitud de sus miembros ante la población.
La jefatura de la Policía Nacional ha separado de sus filas a más de tres mil agentes desde el 26 de junio de 2013 hasta la fecha.El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, indicó que entre las principales razones están recibir dádivas, el contubernio con delincuentes, la violencia intrafamiliar, la extorsión, el macuteo y los arrestos indebidos. Añadió que esos policías tienen diferentes rangos, entre ellos, oficiales superiores.
Al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción de Apertura, Héctor Marte; el editor de Dinero, Héctor Linares, y la editora del Caribe Digital, Sandra Guzmán, el jefe policial dijo que dentro de la reforma a la institución, “estamos trabajando en un reglamento disciplinario, que ya lo concluimos, porque aunque tenemos la ley 52-30 de los años 70, hay un grupo de faltas de los miembros de la Policía Nacional que no están consignadas en ella”. Los datos ofrecidos por Castro Castillo indican que a pocos días de cumplir nueve meses en el cargo, ha cancelado alrededor de 333 policías por mes, lo que se traduce en 11 por día.
Rechaza una PTJ
Castro Castillo rechazó que se cree un Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía, como ordena la ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público. “Hay modelos de Policías Técnico Judicial en otros países (México y Ecuador) que han fracasado. Hay algunos países que tienen ese modelo, pero no es lo más adecuado, entendemos nosotros, para la República Dominicana, ya que la Policía Nacional realiza de manera eficiente las investigaciones contra los delitos, y esa investigación se trabaja de la mano con el Ministerio Público”, sostuvo.
Agregó que esas naciones que han implementado este cuerpo han tenido que retomar el modelo en que la Policía realiza el proceso investigativo en la parte primaria. “Nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento del área investigativa, hay que darle mayor recursos, hay que darle mayores equipos tecnológicos, hay que mejorar el perfil de los miembros para tener una policía más tecnificada y más profesional en el área investigativa, no destruir lo que ya funciona”, recomendó.
Baja credibilidad
A Castro Castillo también le preocupa la baja credibilidad que tiene la institución por lo que se aboca a trabajar en mejorar la comunicación tanto interna como externa. Sostuvo que contra la Policía dominicana hay grandes prejuicios que existen históricamente por la forma de trabajo.
“Todavía nosotros diciendo la verdad, todo el mundo piensa que es mentira. Diciendo la verdad y poniendo las pruebas en la mesa no creen”, sostuvo. Agregó que “es muy mal valorado el trabajo que realiza la Policía Nacional y eso impide ver los avances y la voluntad con la cual está trabajando la institución”, declaró.
Dos reformas
Según Castro Castillo, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana también contempla un proceso de reforma institucional. Indicó que a lo interno de la entidad se realizan dos transformaciones: una de hecho y otra de derecho. La segunda es relativa a la modificación de la ley 96-04, que perimió en el Congreso, y la primera basada en un cambio de cultura.
“Estamos diseñando un Manual de Policía que en las próximas semanas vamos a poner en funcionamiento para que los miembros de la institución adopten ese modelo para trabajar de cerca con los dirigente comunitarios y la sociedad civil”, eso es lo que estila el nuevo modelo de gestión, apuntó. Agregó que están trabajando en reforzar la inteligencia y poder anteponerse a los hechos delictivos.
“Se está haciendo una inversión significativa en el área de inteligencia que va a ser el soporte de todas las unidades operativas de la Policía Nacional”, manifestó. Expresó también que más que todo la Policía trabaja con voluntad y si “nos comparan con la uniformada de Francia o de Colombia u otras en las que se han invertido millones de dólares en su proceso de reforma, nosotros trabajamos prácticamente de manera rudimentaria”.
Continuó diciendo que tienen identificado cuáles son sus debilidades y en base a eso y con los recursos disponibles están haciendo las inversiones. “En esa área de inteligencia estamos invirtiendo en tecnología, porque trabajar de manera rudimentaria no permite operar a la par con la delincuencia y el crimen en sentido general”, reflexionó.
Adujo que están informatizando todos sus procesos para dejar de recibir las denuncias manuscritas o en libros, ya que “si esa información que se recibe no es procesada en un tiempo corto, se va a un archivo muerto o finalmente termina en un zafacón”.
Explicó que ese proceso que se llevará a cabo en todas las áreas de la Policía permitirá crear bancos de datos y agilizar los casos haciendo más eficiente el desarrollo institucional.
Más recursos
Otras de las áreas en las que se invierte, informó, es en investigación criminal. “Se están adquiriendo nuevos equipos de laboratorios y se está mejorando el perfil de los miembros de investigación criminal, para hacerlos más eficientes”, dijo. También en la parte de reforma de hecho, agrega, se trabaja para reducir el “macuteo”, han prohibido los arrestos molestosos, y de ser apresado por “perfil sospechoso” se debe depurar mínimo en una hora. “Esto ha reducido las quejas, la indignación y los hechos de corrupción a lo interno de la Policía”, expuso.
Indicó que reforzarán la vigilancia en zonas como La Altagracia, donde el 37% de la población son extranjeros.
En otro orden, restó importancia a los casos de insubordinación de policías, dándole una categoría de “efecto mediático” más que un hecho de insubordinación masiva como se ha querido vender. “Cada vez que hay ascensos, un grupo de miembros acuden al Palacio de la Policía a buscársela. Que los asciendan, que por qué se quedaron, porque creen que todo el que tiene cuatro años le sale ascensos, y no es así”, dijo.
Aseguró que la institución hizo los ascensos conforme a la ley.
Reiteró que “la Policía realiza su trabajo” y que el Ministerio Público también tiene su rol. Reconoce que tienen debilidades, pero que trabajan en la capacitación de sus agentes, especialmente para la entrada en vigencia del sistema 9-1-1. Dentro del plan de seguridad, la Policía tiene su propia iniciativa que es el plan de contingencia de las acciones policiales que se aplica en su fase primaria en cinco provincias y dentro de estas en 16 sectores.
Policías haitianos ganan más que dominicanos
Castro Castillo reveló que un policía haitiano devenga 525 dólares, más de 20 mil pesos, lo que es superior al salario promedio de un agente dominicano que solo llega a ocho mil. Lamentó no tener los recursos presupuestarios para que el sueldo de los agentes sea mínimo 15 a 18 mil pesos, pero aseguró que trabajan en incentivos por riesgo laboral y capacitación. “Pero cualquier suma a 33 mil miembros significa un incremento en el presupuesto de miles de millones de pesos, y la institución en el momentos no está en condición para hacer un aumento como nosotros estimamos debe ganar un policía”, dijo.
Criminalidad
El patrullaje efectivo y el incremento de la capacidad operativa de la Policía han permitido disminuir la criminalidad.
Militares
Ya usted no ve tantos militares en las calles, nosotros hemos incrementado la labor del patrullaje y la capacidad de respuesta”.
Miembros
La nómina de la Policía Nacional cuenta con unos 33 mil hombres y mujeres de servicio activo y mil y algo de asimilados”.
EL CARIBE
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.