Nacionales
La Policía ha botado a tres mil agentes por mala conducta
El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, dijo que apuesta al cambio de la imagen de esa institución mediante la profilaxis, la inversión en tecnología y el cambio de actitud de sus miembros ante la población.
La jefatura de la Policía Nacional ha separado de sus filas a más de tres mil agentes desde el 26 de junio de 2013 hasta la fecha.El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, indicó que entre las principales razones están recibir dádivas, el contubernio con delincuentes, la violencia intrafamiliar, la extorsión, el macuteo y los arrestos indebidos. Añadió que esos policías tienen diferentes rangos, entre ellos, oficiales superiores.
Al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción de Apertura, Héctor Marte; el editor de Dinero, Héctor Linares, y la editora del Caribe Digital, Sandra Guzmán, el jefe policial dijo que dentro de la reforma a la institución, “estamos trabajando en un reglamento disciplinario, que ya lo concluimos, porque aunque tenemos la ley 52-30 de los años 70, hay un grupo de faltas de los miembros de la Policía Nacional que no están consignadas en ella”. Los datos ofrecidos por Castro Castillo indican que a pocos días de cumplir nueve meses en el cargo, ha cancelado alrededor de 333 policías por mes, lo que se traduce en 11 por día.
Rechaza una PTJ
Castro Castillo rechazó que se cree un Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía, como ordena la ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público. “Hay modelos de Policías Técnico Judicial en otros países (México y Ecuador) que han fracasado. Hay algunos países que tienen ese modelo, pero no es lo más adecuado, entendemos nosotros, para la República Dominicana, ya que la Policía Nacional realiza de manera eficiente las investigaciones contra los delitos, y esa investigación se trabaja de la mano con el Ministerio Público”, sostuvo.
Agregó que esas naciones que han implementado este cuerpo han tenido que retomar el modelo en que la Policía realiza el proceso investigativo en la parte primaria. “Nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento del área investigativa, hay que darle mayor recursos, hay que darle mayores equipos tecnológicos, hay que mejorar el perfil de los miembros para tener una policía más tecnificada y más profesional en el área investigativa, no destruir lo que ya funciona”, recomendó.
Baja credibilidad
A Castro Castillo también le preocupa la baja credibilidad que tiene la institución por lo que se aboca a trabajar en mejorar la comunicación tanto interna como externa. Sostuvo que contra la Policía dominicana hay grandes prejuicios que existen históricamente por la forma de trabajo.
“Todavía nosotros diciendo la verdad, todo el mundo piensa que es mentira. Diciendo la verdad y poniendo las pruebas en la mesa no creen”, sostuvo. Agregó que “es muy mal valorado el trabajo que realiza la Policía Nacional y eso impide ver los avances y la voluntad con la cual está trabajando la institución”, declaró.
Dos reformas
Según Castro Castillo, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana también contempla un proceso de reforma institucional. Indicó que a lo interno de la entidad se realizan dos transformaciones: una de hecho y otra de derecho. La segunda es relativa a la modificación de la ley 96-04, que perimió en el Congreso, y la primera basada en un cambio de cultura.
“Estamos diseñando un Manual de Policía que en las próximas semanas vamos a poner en funcionamiento para que los miembros de la institución adopten ese modelo para trabajar de cerca con los dirigente comunitarios y la sociedad civil”, eso es lo que estila el nuevo modelo de gestión, apuntó. Agregó que están trabajando en reforzar la inteligencia y poder anteponerse a los hechos delictivos.
“Se está haciendo una inversión significativa en el área de inteligencia que va a ser el soporte de todas las unidades operativas de la Policía Nacional”, manifestó. Expresó también que más que todo la Policía trabaja con voluntad y si “nos comparan con la uniformada de Francia o de Colombia u otras en las que se han invertido millones de dólares en su proceso de reforma, nosotros trabajamos prácticamente de manera rudimentaria”.
Continuó diciendo que tienen identificado cuáles son sus debilidades y en base a eso y con los recursos disponibles están haciendo las inversiones. “En esa área de inteligencia estamos invirtiendo en tecnología, porque trabajar de manera rudimentaria no permite operar a la par con la delincuencia y el crimen en sentido general”, reflexionó.
Adujo que están informatizando todos sus procesos para dejar de recibir las denuncias manuscritas o en libros, ya que “si esa información que se recibe no es procesada en un tiempo corto, se va a un archivo muerto o finalmente termina en un zafacón”.
Explicó que ese proceso que se llevará a cabo en todas las áreas de la Policía permitirá crear bancos de datos y agilizar los casos haciendo más eficiente el desarrollo institucional.
Más recursos
Otras de las áreas en las que se invierte, informó, es en investigación criminal. “Se están adquiriendo nuevos equipos de laboratorios y se está mejorando el perfil de los miembros de investigación criminal, para hacerlos más eficientes”, dijo. También en la parte de reforma de hecho, agrega, se trabaja para reducir el “macuteo”, han prohibido los arrestos molestosos, y de ser apresado por “perfil sospechoso” se debe depurar mínimo en una hora. “Esto ha reducido las quejas, la indignación y los hechos de corrupción a lo interno de la Policía”, expuso.
Indicó que reforzarán la vigilancia en zonas como La Altagracia, donde el 37% de la población son extranjeros.
En otro orden, restó importancia a los casos de insubordinación de policías, dándole una categoría de “efecto mediático” más que un hecho de insubordinación masiva como se ha querido vender. “Cada vez que hay ascensos, un grupo de miembros acuden al Palacio de la Policía a buscársela. Que los asciendan, que por qué se quedaron, porque creen que todo el que tiene cuatro años le sale ascensos, y no es así”, dijo.
Aseguró que la institución hizo los ascensos conforme a la ley.
Reiteró que “la Policía realiza su trabajo” y que el Ministerio Público también tiene su rol. Reconoce que tienen debilidades, pero que trabajan en la capacitación de sus agentes, especialmente para la entrada en vigencia del sistema 9-1-1. Dentro del plan de seguridad, la Policía tiene su propia iniciativa que es el plan de contingencia de las acciones policiales que se aplica en su fase primaria en cinco provincias y dentro de estas en 16 sectores.
Policías haitianos ganan más que dominicanos
Castro Castillo reveló que un policía haitiano devenga 525 dólares, más de 20 mil pesos, lo que es superior al salario promedio de un agente dominicano que solo llega a ocho mil. Lamentó no tener los recursos presupuestarios para que el sueldo de los agentes sea mínimo 15 a 18 mil pesos, pero aseguró que trabajan en incentivos por riesgo laboral y capacitación. “Pero cualquier suma a 33 mil miembros significa un incremento en el presupuesto de miles de millones de pesos, y la institución en el momentos no está en condición para hacer un aumento como nosotros estimamos debe ganar un policía”, dijo.
Criminalidad
El patrullaje efectivo y el incremento de la capacidad operativa de la Policía han permitido disminuir la criminalidad.
Militares
Ya usted no ve tantos militares en las calles, nosotros hemos incrementado la labor del patrullaje y la capacidad de respuesta”.
Miembros
La nómina de la Policía Nacional cuenta con unos 33 mil hombres y mujeres de servicio activo y mil y algo de asimilados”.
EL CARIBE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.