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La Policía Nacional rescata 30 niños que vendían droga en las calles
SANTO DOMINGO. El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, reveló ayer que en la República Dominicana hay una gran población de niños que son adictos a todo tipos de drogas, y que esto los obliga a cometer delitos para mantener el vicio.
«Estos niños obligatoriamente tienen que delinquir, y lo hacen para poder consumir la droga, y esto es un problema», dijo.
En ese sentido, la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía ha rescatado a 30 niños que eran usados por narcotraficantes criollos para venta de drogas.
Estos menores tienen edades de entre 14 a 17 años, y una vez sacados del mundo de las drogas, son llevados a casas de acogidas, donde la Policía paga su estadía, y ya algunos de ellos asisten a la escuela.
El jefe policial explicó que algunos de ellos tienen que robar o atracar para poder mantener el consumo de droga.
Explicó la venta de droga produce el 75% de los delitos que se cometen en la República Dominicana.
Sin embargo dijo que la Policía apresa permanentemente a esos que comenten delitos, «pero son puestos en libertad con mucha facilidad».
Recordó que sólo en enero la Policía apresó a 2,536 presuntos delincuentes y sometidos a la acción de la justicia, «más del 80% por robo y atracos, pero rápidamente salen a la calle, esto es cíclico, nosotros continuamos apresando y nos vamos a mantener firmes en la lucha contra el crimen y la delincuencia, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero entiendan que la Seguridad Ciudadana no es una responsabilidad, única y exclusivamente de la Policía, si no que es de todos».
Castro Castillo se refirió al tema en su despacho del Palacio de la Policía, donde firmó un acuerdo interinstitucional con el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, mediante el cual se intercambiarán informaciones, se pondrán en marcha programas, proyectos y actividades, así como capacitar agentes policiales que se convertirán en multiplicadores de una vida sin drogas.
Aristy dijo que para avanzar en la prevención del uso de droga y en la persuasión del delito,todas las instituciones, las fuerzas vivas de la nación, la sociedad en su conjunto, deben aunar esfuerzos y criterios para lograr erradicarlos de manera definitiva.
Aristy dijo que el Consejo Nacional de Drogas se ha unido con la Policía Nacional en procura de hacer una sociedad más sana, y para evitar el tráfico y consumo de sustancias indebidas.
Dijo que el uso de drogas constituyen uno de los elementos causantes de actos delictivos.
Celebra unidad
Fidias Aristy dijo que para el CND es importante unir el esfuerzo de la Policía en procura de una sociedad más sana. Reveló que el tráfico y consumo de drogas constituyen un gran reto para las autoridades. Explicó que como consecuencia del consumo de drogas se producen los cambios neurobiológicos, conducentes a la transgresión de las normas sociales o por la luchas de pandillas por el dominio de espacios también criminosos.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.