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La Policía Nacional se apoya en la tecnología de punta para prevenir y combatir el delito
SANTO DOMINGO. La Policía Nacional implementa tecnología de punta para prevenir y combatir los delitos y garantizar la idoneidad de su personal.
La más reciente incorporación de tecnología en el ámbito policial es la aplicación para dispositivos móviles “Tu PoliciApp RD”, lanzada a final del pasado año, la cual permite que los ciudadanos puedan denunciar de forma inmediata cuando se cometen actos ilícitos, situaciones de emergencia y solicitar asistencia.
Así lo explicó el director de Telemática de la Policía, teniente coronel Luciano Minyeti, quien dijo que los usuarios de la aplicación pueden hacer todos esos procedimientos de manera anónima.
Aunque pocos conocen de su existencia, frecuentemente una unidad policial recorre calles y avenidas de distintos puntos del país reconociendo las placas de los vehículos que circulan en su entorno para detectar si tienen denuncias de robo, recuperarlos y apresar al autor del hecho.
Como explica el capitán Martín Pérez Familia, encargado de cómputos del Departamento de Investigación de Vehículos Robados (Plan Piloto), el Sistema Automático de Reconocimiento de Placas (SARP) analiza de forma instantánea la información correspondiente a las chapas de los automóviles.
El sistema consiste en una camioneta de dos cabinas, equipada con una cámara y un computador portátil que contiene un registro actualizado de forma permanente de las placas registradas y permite identificar de forma sucesiva hasta 15,000 de estas antes que de que requiera vaciar la información en una base de datos externa. “Su sistema operativo funciona con una cámara que enfoca hacia la parte frontal, va reconociendo todas las placas, y a su vez cuando reconoce que una placa ha sido reportada robada emite una alerta que dice: ‘vehículo sustraído’”, revela Pérez Familia.
“Siempre andamos con una unidad motorizada detrás que nos sirve de apoyo para parar los vehículos y proceder a verificar la información suministrada por el sistema. Lo dirigimos hasta el Plan Piloto, le mostramos el registro al ciudadano que lo posee, se llenan actas y se procede a investigar”, agrega el oficial.
Con la finalidad de mejorar la visión que tienen los ciudadanos de la institución policial, también se aplican pruebas de poligrafía a los aspirantes a ingresar a sus filas y a los miembros a los que se les solicite por diversas situaciones.
De acuerdo con la encargada de ese departamento, mayor Ana Josefina Jiménez Cruceta, la visión que tiene el director policial, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, es que sirva como medida de depuración.
“La intención es que pasen la mayor cantidad de policías por el área de poligrafía”, dijo Cruceta, tras informar que cuentan con 10 salas debidamente equipadas para la aplicación de las pruebas que consisten en medir reacciones psicofisiológicas que se producen de manera involuntaria en una persona cuando tiene atención hacia algo.
La Policía cuenta con técnicos en distintas áreas científicas que permiten la detección y seguimiento de crímenes de alta tecnología, depuración de imágenes y datos biométricos, entre otros, entrenados en dotaciones policiales de otros países, mediante acuerdos de cooperación.
El centro para control del crimen en tiempo real de la Policía Nacional, aunque no es un sistema de reciente aplicación, sigue siendo uno de los más modernos del área y forma parte de los componentes de vigilancia que integran el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad para monitorear patrones de crímenes, identificación de potenciales crímenes, personas peligrosas, así como situaciones que provoquen alguna alteración del orden público.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.