Nacionales
La Policía Nacional se apoya en la tecnología de punta para prevenir y combatir el delito
SANTO DOMINGO. La Policía Nacional implementa tecnología de punta para prevenir y combatir los delitos y garantizar la idoneidad de su personal.
La más reciente incorporación de tecnología en el ámbito policial es la aplicación para dispositivos móviles “Tu PoliciApp RD”, lanzada a final del pasado año, la cual permite que los ciudadanos puedan denunciar de forma inmediata cuando se cometen actos ilícitos, situaciones de emergencia y solicitar asistencia.
Así lo explicó el director de Telemática de la Policía, teniente coronel Luciano Minyeti, quien dijo que los usuarios de la aplicación pueden hacer todos esos procedimientos de manera anónima.
Aunque pocos conocen de su existencia, frecuentemente una unidad policial recorre calles y avenidas de distintos puntos del país reconociendo las placas de los vehículos que circulan en su entorno para detectar si tienen denuncias de robo, recuperarlos y apresar al autor del hecho.
Como explica el capitán Martín Pérez Familia, encargado de cómputos del Departamento de Investigación de Vehículos Robados (Plan Piloto), el Sistema Automático de Reconocimiento de Placas (SARP) analiza de forma instantánea la información correspondiente a las chapas de los automóviles.
El sistema consiste en una camioneta de dos cabinas, equipada con una cámara y un computador portátil que contiene un registro actualizado de forma permanente de las placas registradas y permite identificar de forma sucesiva hasta 15,000 de estas antes que de que requiera vaciar la información en una base de datos externa. “Su sistema operativo funciona con una cámara que enfoca hacia la parte frontal, va reconociendo todas las placas, y a su vez cuando reconoce que una placa ha sido reportada robada emite una alerta que dice: ‘vehículo sustraído’”, revela Pérez Familia.
“Siempre andamos con una unidad motorizada detrás que nos sirve de apoyo para parar los vehículos y proceder a verificar la información suministrada por el sistema. Lo dirigimos hasta el Plan Piloto, le mostramos el registro al ciudadano que lo posee, se llenan actas y se procede a investigar”, agrega el oficial.
Con la finalidad de mejorar la visión que tienen los ciudadanos de la institución policial, también se aplican pruebas de poligrafía a los aspirantes a ingresar a sus filas y a los miembros a los que se les solicite por diversas situaciones.
De acuerdo con la encargada de ese departamento, mayor Ana Josefina Jiménez Cruceta, la visión que tiene el director policial, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, es que sirva como medida de depuración.
“La intención es que pasen la mayor cantidad de policías por el área de poligrafía”, dijo Cruceta, tras informar que cuentan con 10 salas debidamente equipadas para la aplicación de las pruebas que consisten en medir reacciones psicofisiológicas que se producen de manera involuntaria en una persona cuando tiene atención hacia algo.
La Policía cuenta con técnicos en distintas áreas científicas que permiten la detección y seguimiento de crímenes de alta tecnología, depuración de imágenes y datos biométricos, entre otros, entrenados en dotaciones policiales de otros países, mediante acuerdos de cooperación.
El centro para control del crimen en tiempo real de la Policía Nacional, aunque no es un sistema de reciente aplicación, sigue siendo uno de los más modernos del área y forma parte de los componentes de vigilancia que integran el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad para monitorear patrones de crímenes, identificación de potenciales crímenes, personas peligrosas, así como situaciones que provoquen alguna alteración del orden público.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.