Por Elba García

El instrumento legal del Estado para la instrumentación de expedientes en contra del crimen y el delito ha dejado mucho que desear no sólo en los casos definidos como macros, que involucra a figuras notables del escenario político nacional, sino también hechos que alcanza  a rateros y personas del más bajo estrato social.

Si bien los llamados casos macros tienen un seguimiento permanente de los medios de comunicación, no ocurre igual con los cientos de denuncias y querellas que son presentadas en los centros de recepción de delitos y crímenes que operan en todo el territorio nacional, lo cual indica la precaria funcionabilidad del Estado en lo que respecta a estas instancias del Ministerio Público.

Una de la causa de la deficiencia del Ministerio Público es lo que parece ser la falta de capacidad profesional de los fiscales, ya que una razón para la precaria actuación de este órgano incluye hasta la falta de formación para distinguir cuándo se está frente a un delito penal o un caso de derecho civil.

Esta falta de distinción puede ser fácilmente encontrada en los casos que maneja el Ministerio Público en torno a los condominios, que se rigen por la Ley 5038, cuyos fiscales siempre manejan los conflictos que generalmente degeneran en delitos penales, pero que este órgano siempre les otorga la calificación de problemas sociales.

Tanto es así, que en la practica el Ministerio Público promueve más que cualquier otra cosa la vía de hecho, porque todo aquel que no encuentra una solución al problema planteado a través de una querella, la cual casi siempre termina en un archivo definitivo, decide a hacer justicia con sus propias manos.

El archivo es un mecanismo que tiene el Ministerio Público para justificar su incapacidad o para darle cabida a la complicidad que implica que algunos fiscales reciben una paga para que los casos no sigan el curso que indica el sistema de justicia, ya que miles de casos nunca son judicializados aunque haya razón para ello.

En los últimos meses ha vuelto a ser puesto en tela de juicio en los tribunales casos manejados por el Ministerio Público  que han sido desechados  por falta de pruebas, incluido unos que el propio órgano de persecución solicitó su archivo provisional por las mismas razones.

El último más sonado es el que tiene que ver con Marisol Franco, compañera sentimental de “César el Abusador”, y otras tres personas, para quienes este sábado 14 solicitó prisión preventiva por supuesta asociación de malhechores, crímenes y delitos contra la propiedad, entre otros, y la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional se la negó.

El rechazo de la magistrada Fátima Veloz se fundamentó en que los elementos de prueba que aportó el MP no eran suficientes para ella poder determinar la violación del tipo penal previsto en los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicano (CPD).

En la etapa preliminar de cualquier caso es suficiente la presentación de una cintila probatoria que no requiere la presentación de elementos concluyentes, pero debe haber detalles legítimos que permitan a la juzgadora vincular al imputado con el hecho investigado, bajo los criterios establecidos por el legislador”, lo cual, a juicio de la juzgadora, no ha ocurrido en este caso”.

Sostuvo la magistrada que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público y que conforman la cintila probatoria “por sí solos, resultan insuficientes para poder crear un vínculo robusto, certero e inequívoco que permita en esta fase procesal individualizar a los imputados como los autores o cómplices de la conducta que se les atribuye…”.

De acuerdo con la jueza que conoció el caso en cuanto al fondo de la solicitud de la medida de coerción, no se cumplía con los requerimientos legales del    artículo 227 numeral 1 del Código Procesal Penal (CPP) y en consecuencia dispuso  la “libertad pura y simple” de los imputados, mediante la Resolución penal 0670-2024-SMDC-01610.

Igual ocurrió con el caso de la violación y posterior muerte de Paula Santana Escalante, crimen ocurrido en la zona franca de Las Américas el 24 de febrero y el Ministerio Público basado en pruebas testimoniales logró que la jueza de Atención Permanente de SDE, Karen Casado, enviara a prisión preventiva a Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex) y a Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), principales sospechosos.

En este caso el archivo dispuesto contó con el aval del Ministerio Público a través de la fiscal del caso Dahiana Castillo Antigua, quien suscribió el mismo sobre la base de que el órgano persecutor del crimen y el delito no contaba con la base para sostener quién cometió los hechos.

 Los resultados de todas las prendas de vestir analizadas, tanto de los dos imputados como de Santo Samuel, no arrojaron ningún fluido femenino, de hecho, sólo en una pieza interior apareció restos de semen, por lo que hasta el momento no resulta elemento suficiente para instrumentar una acusación”, afirmó

El fondo de la objeción presentada por los familiares de la víctima el 13 de este mes en el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo confirmó el “archivo provisional del caso; Alex y Chuki fueron liberados, lo cual llenó de felicidad a los imputados y de mucha tristeza a los familiares de la víctima.

Pero estos casos, aunque más sonoros, representan algo insignificante con relación a lo que ocurre en los centros de recepción de querellas y denuncias del Ministerio Público, como por ejemplo Santiago, donde las mismas son depositadas en el zafacón del olvido no importa las pruebas aportadas.

Esta realidad parece que podría generar en los próximos días la presentación de demandas en contra del Ministerio Público y de su auxiliar la Policía Nacional por no cumplir con el mandato de sus leyes orgánicas, el Código Procesal Penal y la Constitución de la República.

Incluso ya hay grupos de abogados que podrían recurrir al sistema de justicia interamericana para presentar en contra del Estado dominicano demandas por violación de los derechos humanos y de las convención regionales e internacionales en esta materia.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está en la cuerda floja hace mucho tiempo por lo que parece ser una obsesión con el poder que ha colocado a Venezuela en un punto muy vulnerable frente a la comunidad internacional.

Lo que ocurre en ese país hermano nadie varias décadas atrás se lo iba imaginar, ya que se trata de personas que llegan al control del Estado para supuestamente hacer las cosas diferentes.

En los actuales momentos Maduro confronta problemas hasta con sus propios aliados naturales internacionales como el presidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva y Gustavo Petro de Colombia, todo como resultado de ese interés desmedido por manejar la cosa pública de esa nación.

En ese contexto ha entrado al escenario el presidente Abinader que durante sus mandatos se ha caracterizado por querer intervenir en asuntos que no le competen y de alguna manera ponerse al servicio de intereses que no son los de la República Dominicana.

Abinader en lo que respecta con los temas nacionales se ha manejado con mucha torpeza, no solo con la comisión de los mismos errores y ahora resulta que no sabe distinguir cuál debe el escenario en el que debe pelear con su contrario.

Ello comprueba una vez más con la confrontación verbal que mantiene Abinader con Diosdado Cabello, una figura de primer orden del gobierno de Maduro, pero que no tiene la categoría y la jerarquía para que el jefe de Estado del país se involucre en una discusión pública en la que ninguno de los dos tiene razón.

Ni en Venezuela ni en República Dominicana y mecho menos en la comunidad internacional puede haber alquien que se atreva a desconocer los vínculos históricos y de solidaridad de ambos pueblos, pero raya en lo ridículo que estos funcionarios públicos regateen el aporte que ambas naciones han hecho a través de lo que se conoce como la solidaridad internacional.

Cabello le enrostra a la República Dominicana de una deuda de 350 millones de dólares, lo cual debe ser determinado a través de los mecanismos que tienen los Estados para esos fines, pese a que no hay ningún asidero para reconocer que Venezuela ha sido muy desprendida en términos de petróleo con el país.

Negar eso es ponerse al lado de la ingratitud y de la sin razón, pero ese desprendimiento de Venezuela no puede usarse como un mecanismo de chantaje y de humillación de un país en contra del otro.

Este enfoque equivocado en política internacional ya había ocurrido a propósito de la situación haitiana, porque Abinader asumió ese tema como si tuviera autoridad hasta para solicitar una intervención armada en la hermana nación.

Fueron incontables los escenarios internacionales en los que Abinader hablaba y se comportaba como si él tiene la facultad para hablar y actuar en nombre del pueblo haitiano, cuyos resultados no pudieron ser otros que una confrontación que ha profundizado los niveles de odios en los dos pueblos.

Pues ahora el escogido es Venezuela por razones de geopolítica si el asunto se ve desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos en el país sudamericano, cuya torpeza del Gobierno dominicano ha llevado la situación a lo prácticamente irreconciliable.

El silencio es generalmente más elocuente que la palabra, cuya opción fue la debió tomar el presidente Abinader, porque si ciertamente hay una deuda pendiente con Venezuela, lo cual no es nada nuevo, debió manejarse el asunto por las vías correspondientes.

Naturalmente, todo el mundo sabe que las diferencias entre los gobiernos dominicano y venezolano está asociado a la incautación del avión de la nación sudamericana por parte de los Estados Unidos y que ésta entiende que República Dominicana ha sido utilizada para atacar a un pueblo hermano que ha practicado mucha solidaridad con el país.

Lo más inteligente para la República Dominicana es mantener una postura equidistante del conflicto entre los

AME7886. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/09/2024.- Combo de fotografías de archivo del presidente de República Dominicana, Luis Abinader (i), y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro, llamó «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña. EFE/ ARCHIVO

Estados Unidos y Venezuela, porque en todo caso son los hermanos sudamericanos los que tienen la responsabilidad de buscarle una salida a la terquedad de Maduro.

El presidente Abinader debe abandonar la actitud de meter la cuchara en un plato que no es el suyo para que prevalezca el respeto mutuo y la dignidad en las relaciones entre los pueblos que conforman la comunidad internacional.

Donald Trump aparecía hace algunos meses como el seguro ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pero la entrada en competencia de su rival, Kamala Harris, como que le ha dado un vuelco a las mismas que nadie se atreve a asegurar cuál será el resultado final.

Pero de cualquier modo la imagen de la nación más poderosas del mundo ha sufrido bastante en lo que respecta a su credibilidad frente al mundo por el candidato más audaz de estos tiempos doblegar la parte más fuerte y sólida de los Estados Unidos de América como es sus altos niveles de institucionalidad.

Ello así, porque  hace algún tiempo que nadie se podía imaginar que una persona física, no una clase social, pudiera torcer la balanza en favor de sus intereses personales en desmedro de la historia de la unión americana.

Aunque hay una serie de casos judiciales pendientes y que probablemente pueden vislumbrar una condena civil o penal, pero en términos de opinión pública Trump ha ganado la batalla, ya que incluso se le ve como mucho más fuerte que el sistema de justicia y que otros estamentos de la institucionalidad de la potencia del norte.

Ha sido tanto así que mientras más se presentan acusaciones de crímenes y delitos en contra de Trump, éste aumenta su popularidad y nadie puede negar que representa un candidato lo suficientemente fuerte para imponerse en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, luce que la entrada en la escena presidencial de Kamala Harris ha disminuido la fortaleza de una candidatura que a pesar de sus debilidades y la vocación de hacer cosas  al margen de la ley de Trump no ha aparecido una forma que lo saque de la contienda electoral.

El caso Trump debe estudiarse política y sociológicamente para entender el fenómeno, pese a que en realidad a partir de la herencia histórico cultural de los Estados Unidos no parece que haya una explicación convincente.

Trump es un candidato antivalores y que no tiene ninguna base de sustentación, cuya aceptación popular es producto de la espontaneidad, pero apoyado en un discurso que lo principal que conlleva es impactar negativamente la imagen y la institucionalidad de una nación en la que no hay una explicación lógica del por qué no ha funcionado el sistema de justicia en su caso.

Es una tolerancia que no encaja con lo que todos los analistas consideran como un ejemplo de la  aplicación severa de la ley cuando se trata de la comisión de crímenes y delitos graves, pero que esa tradición parece haber terminado con la salida al mundo político de Donald Trump.

Este hombre no sólo ha logrado llegar a la cima del poder, sino que vista la cuestión desde la irreverencia en que se apoya vende la idea de que es  protagonista de una película en la que él siempre vence.

Independientemente de que Kamala Harris en las elecciones de noviembre no parece que pueda llevar a los Estados Unidos a recobrar la fortaleza institucional y la imagen de pulcritud que ha exhibido históricamente ante los demás países del mundo, pero por lo menos vende una imagen de mayor tolerancia y ternura que ni remotamente se puede encontrar en Trump, cuya principal obra es el  irrespeto a la institucionalidad de una nación que busca castigar a los que se apoyan en un comportamiento parecido en aquellos países que están bajo su órbita geopolítica.

En todo caso, ya Donald Trump ha parido algunos iguales en algunos países latinoamericanos, como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonoro en Brasil y otros tantos que buscan parecerse a este personaje que se proyecta como enemigo de las instituciones y de la aplicación irrestricta de la ley.