Análisis Noticiosos
La política lo arropa todo, con alto costo económico
Por Juan Bolívar Díaz
A casi 14 meses de las elecciones generales, la política domina el debate nacional y se manifiesta en propaganda masiva en medios de comunicación y vías públicas, relegando los graves problemas de la sociedad dominicana, sin la menor regulación y sin siquiera adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada hace cinco años.
Es imposible calcular el costo económico de la endeble democracia nacional, que este año implica 4 mil 506 millones de pesos del presupuesto nacional, más 1,370 millones de subsidio a los legisladores, para totalizar 5 mil 876 millones de pesos, superior al de 4 ministerios, sin cuantificar nominillas, clientelismo, uso de recursos públicos y corrupción.
Se desborda la política. Cuando la Constitución del 2010 unificó las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el mismo año, se justificó el regreso al sistema de arrastre con el argumento de que se reduciría el tiempo y costo de las campañas electorales, pero antes que el actual gobierno cumpliera su primer año comenzó la promoción de precandidaturas para todos los niveles electivos. Lo más inconcebible es que los primeros en salir a la palestra electoral fueron los del partido que concentra todos los poderes del Estado que desde hace meses pintan de morado las vías públicas y los medios de comunicación.
En ciudades como Santiago se cuentan por centenares las vallas propagandísticas de todos los tamaños de por lo menos seis que compiten por la candidatura a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, resaltando el dominio de los directores de Comedores Económicos y del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Monchy Rodríguez y Fernando Rosa, con gasto millonario mensual, aunque ninguno de los dos pasaba de clase media cuando llegaron al Gobierno.
Hasta para las candidaturas a regidores y vocales municipales, que pasarán de 4 mil en todo el país, ya hay promoción, pero resaltan los precandidatos presidenciales peledeístas Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y en menor medida Temístocles Montás y Radhamés Segura, dos de ellos ministros, mientras un tercero, el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se promociona para senador por Barahona. Ya hay candidatos presidenciales formalizados por diversos partidos, como Miguel Vargas, Federico Antún, Fidel Santana y Luis Abinader, los dos primeros encabezan los partidos que, junto al PLD, reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, 18 millones de pesos mensuales cada uno, y ya gastan en publicidad.
Saturan los medios masivos. El destacado sociólogo Cándido Mercedes se quejó recientemente de que la política lo ha sobredimensionado todo: “Es como si la sociedad toda estuviera subordinada a la política, cuando la política es una parte de la vida social y tiene como epicentro dirigir el Estado, que es la sociedad políticamente organizada”.
Personas que visitan el país por primera vez y desde que salen del aeropuerto ven tanta propaganda electoral, y que el debate en los medios de comunicación gira sobre encuestas y perspectivas electorales, quedan asombrados cuando se enteran que falta más de un año para las próximas elecciones. Y es que tales niveles de saturación política ya no se dan en la democracia, pues las normativas limitan la propaganda en tiempo y volumen para reducir la irrupción del dinero mal habido, sea extraído del Estado, de actividades ilegales como el narcotráfico, o de los rentistas de la política.
Steven Griner y César Arias en un estudio sobre Medios de Comunicación y Partidos Políticos en América Latina, incluido en un informe de la Fundación Ebert del 2007, sostuvieron que la República Dominicana y Honduras eran los países de la región con menores regulaciones de las campañas electorales. Desde entonces aquí no se ha avanzado absolutamente y la mejor muestra es el proyecto de ley de partidos sobre el cual se han establecido numerosos consensos y compromisos pluripartidistas y con la sociedad civil desde 1999, sin que haya podido ser aprobado, pese a haber sido presentado al Congreso una decena de veces.
La renuencia a legislar para normar la actividad política se expresa también en que ni siquiera está en discusión un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011 y que, al igual que el de Ley de Partidos, fue fruto de una asesoría de técnicos de la OEA para conciliar el sistema con el nuevo marco de la Constitución proclamada en el 2010. Todo parece indicar que pasará una segunda elección general sin que se haga el ajuste.
Relegados los problemas. La extensa campaña electoral ya envuelve al Gobierno, como casi siempre, agravada por los esfuerzos para prolongarse en el poder vía reelección, aunque está prohibido por la Constitución, y relega el enfrentamiento de graves problemas nacionales. Pocos creen que puedan lograrse en el actual período los pactos fiscal y eléctrico que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba para comienzo de este año.
En campaña electoral adelantada, ya nadie espera que se aplique la ley de salarios públicos aprobada hace dos años y medio, ni que vayan a despedir cientos de botellas diplomáticas y consulares, ni a eliminar organismos inoperantes ni a fusionar las duplicidades. Mucho menos que pongan en retiro los generales que dispuso la ley, ni que reformen la Policía Nacional como se anunció en el discurso inaugural, ni que se enfrente el caos de la circulación vial, el deterioro de la seguridad social o la inseguridad ciudadana.
El inmenso costo de la política sustrae recursos que amortiguarían deficiencias estructurales como el caso de que la mitad de los hogares carecen de suministro interno de agua, que apenas el 5 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina tienen alcantarillado sanitario y contaminan los ríos, el mar y el subsuelo de donde muchos se nutren para un precario servicio de agua, o permitirían reparar la mitad de los 36 sistemas de tratamiento de agua del gran Santo Domingo, ahora mismo fuera de servicio.
Con parte del costo de la política se afrontarían las plagas que afectan la producción de vegetales, frutas, café, banano y coco, se comprarían los contadores de electricidad y de agua que faltan para reducir las pérdidas y se incentivaría la producción de energía hídrica, eólica y solar para paliar los apagones, y se mejorarían los míseros salarios de policías, militares, enfermeras y otros servidores públicos.
Nada de eso está en el debate público, ni siquiera el aumento salarial que se discute hace seis meses, ni mucho menos los atrasos que nos dejan en los últimos lugares en todas las evaluaciones regionales e internacionales, incluyendo ese 41 por ciento de pobreza, la mitad en estado de indigencia, que diagnosticó en enero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.