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La posibilidad de lograr la reforma fiscal se aleja más
La posibilidad de que se realice en República Dominicana una reforma fiscal este año se aleja cada vez más y el foro de opiniones entre entendidos en el tema sugiere que –dado el contexto de crisis impuesto por la pandemia- aventurarse a realizarla sería muy complicado.
Incluso, el propio jefe de Estado parece haberlo comprendido. El día 3 de este mes, Luis Abinader aseguró que se está trabajando en la reforma fiscal, reiterando que espera que para el 2022 pueda ser implementada, luego de 8 años de retraso, pero posteriormente (el día 19), en una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, advirtió que una reforma fiscal sería cuesta arriba en este 2021, y que la fecha clave será consensuada con la sociedad.
“Las reformas tributarias no son aconsejables en tiempos de crisis económica como la actual y deben hacerse en tiempos de bonanza”, argumentan economistas y algunos líderes políticos, al abordar la cuestión. República Dominicana, si bien ha comenzado a recuperarse en su economía, ha atravesado por dificultades, empujadas por el covid-19, y requiere de mayores ingresos para afrontar los desafíos surgidos en el contexto de la enfermedad. Y desde antes se ha enarbolado la necesidad de que el país eleve la presión tributaria, considerada de las más bajas de la región.
(14.5 %). La presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Estado a través de los impuestos que cobra desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional. Aunque se conoce que en el país la reforma fiscal es ineludible para garantizar el balance de las finanzas públicas y la estabilidad económica, tanto el expresidente Leonel Fernández, como economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros, plantean que “no estamos en el mejor momento para ello”.
“Además de racionalidad económica, todo proceso de reforma o de ajuste fiscal, requiere que sea socialmente incluyente y políticamente viable”, dice Leonel Fernández en un artículo publicado ayer en el periódico Listín Diario.
La postergación de la reforma para ser aplicada el próximo año no está exenta de riesgos y costos potenciales para la economía y particularmente para las cuentas fiscales, asegura de otro lado, el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes Santos, en un artículo que publica hoy en el diario elCaribe. Desde su punto de vista, “a corto plazo, las firmas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), estarán atentos a la evolución de las cuentas públicas y una reducción de la calificación de riesgo podría complicar de forma importante la gestión macroeconómica del país”.
Reyes Santos advierte que “el mayor error de la postergación radica en el escaso tiempo que tendrá el gobierno el próximo año, para avanzar unas complejas negociaciones con la oposición política que le permita llevar a buen puerto la reforma”.
El economista Andrés Dauhajre, en un artículo titulado “Tarea previa a la reforma fiscal” (24 de mayo 2021, elCaribe) plantea que la economía dominicana no está en recesión y que sí lo estuvo el año pasado y este año ha estado saliendo de ella a un ritmo acelerado. “En consecuencia, no parece apropiado recomendar la posposición de la reforma fiscal que la presente Administración pondera en estos momentos y que entraría en vigencia en enero de 2022, bajo el argumento de que, en medio de una recesión, una reforma fiscal que eleve la recaudación de impuestos resulta contraproducente, pues esta profundizaría la recesión. Ese no parece ser un argumento razonable”, dice Dauhajre.
“Para plantear un aumento de impuestos se debe esperar una recuperación mayor de la economía, que se puedan generar los empleos y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, algunas de las cuales no han podido hacerlo”, explica el profesor Antonio Ciriaco Cruz, de la UASD. “Se debe esperar la consolidación, a partir del año 2022 se comienza la discusión o quizás un poco antes, pero la discusión de cualquier reforma o pacto se va a tomar mucho más de un año si tomamos en cuenta la experiencia de la República Dominicana”, agrega el catedrático. “Aquí es necesaria una nueva agenda de políticas públicas que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad, que necesariamente no implica incrementos de impuestos”, dice de otro lado Guarocuya Félix, exdirector de la DGII.
Los planteamientos de Miguel Collado y CREES
El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha explicado que “hay una serie de propuestas de reformas estructurales que se hacen y que dependiendo del diseño de las mismas, serían beneficiosas para el país”.
Según el especialista de la economía, una eventual reforma debería incluir una simplificación del sistema y no una mayor penalización a quienes están ya pagando impuestos, porque eso incentivaría a una informalidad que ya existe en el país y a la evasión.
“Con una reforma de ese tipo se podría promover el crecimiento y a la vez promover las recaudaciones, aunque en esta situación la reforma no tendría los mismos resultados tal vez que si se hubiera hecho en una circunstancia diferente a la que se tiene con la pandemia”, ha indicado Collado Di Franco.
“El país tiene pendiente, desde hace cinco años, un Pacto Fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo”. El efecto de las medidas relacionadas con la pandemia, junto con el deterioro acumulado de más de una década consecutiva de déficit fiscales y de distorsiones en el sistema tributario, imponen que ese pacto se haga realidad. Cuanto antes”, dice.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.