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Alcaldía de Santiago en confusa situación por colapso de valla publicitaria del PRM
Brigadas municipales realizaban un operativo de retiro de vallas ilegales cuando procedían a retirar una estructura ilegal colocada por el aspirante a alcalde del PRM, patrullas policiales impidieron dicha labor, mientras el candidato se apersonó al lugar y pidió le dejaran dicha valla, comprometiéndose a retirarla el pasado sábado y no cumplió
El Ayuntamiento de Santiago, durante la gestión de Abel Martínez, ha mantenido un estricto cumplimiento de la ley que regula el uso de los espacios públicos en el municipio, labor que se ha ejecutado sin privilegios ni discriminación, tanto en la publicidad comercial a través de empresas del área, así como en la publicidad y propaganda política, la que se aplica sin excepción.
No obstante, a la observación y respeto a las normas que rigen el Municipio de Santiago, en el proceso de campaña política actual, el aspirante a alcalde, se ha mantenido de espaldas a las propias leyes que regulan la colocación de vallas en lugares que están prohibidos, pero que tampoco se ha acercado al cabildo a solicitar los permisos correspondientes, en franca violación a la ley y exhibiendo una actitud desafiante ante las autoridades de la ciudad que aspira a dirigir.
En vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento en la avenida Juan Pablo Duarte, desde la avenida Estrella Shadalá, hasta la calle Ponce, el cabildo local, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, ha enviado varias comunicaciones a las compañías que cuentan con autorización para arrendamientos de espacios publicitarios, para que procediera a retirar todas las estructuras metálicas de dicho tramo y a abstenerse de colocar nuevas estructuras, siendo la más reciente fechada el pasado 7 de noviembre del año en curso.
FEGOR PUBLICIDAD SRL, una empresa de larga trayectoria en la venta de publicidad exterior a través de vallas, luego de recibir las notificaciones del ayuntamiento local, procedió al retiro de todas sus estructuras que estaban colocadas en el trayecto donde se realiza la obra en la avenida Juan Pablo Duarte.
En cambio, la empresa Inversiones Doña Fresa que también opera la empresa Inversiones Publicitarias E.I.R.L representada por Miguel Ángel Ortega, una de ellas con permiso vencido, que ofrecen servicio de publicidad al candidato del PRM, recibieron las mismas notificaciones y no respetaron la disposición municipal.
Dicho esto, el pasado martes 12 de diciembre, las brigadas municipales procedieron a ejecutar un operativo para retirar vallas ilegales en diferentes puntos de la ciudad y en horas de la noche, cuando se disponían a retirar una estructura metálica colocada encima de la acera de la mencionada avenida, con una valla publicitaria del candidato Ulises Rodríguez, se produjo la presencia policial, cuando dicha labor estaba en proceso.
En ese momento se apersonaron tres patrullas policiales y el general Reyes Azcona, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, llamó vía telefónica al general Almonte, director de la Policía Municipal, ordenando que la valla no fuera retirada y que si lo hacían procedería a ordenar el apresamiento de toda la brigada municipal, fue en momento en que se apersonó el candidato al a alcalde, quien pidió le dejaran la estructura hasta que concluyera una actividad política en la que participaría el presidente Abinader el pasado viernes, bajo el compromiso de que la retiraría el sábado 16, lo que no ocurrió.
Es importante aclarar que las intervenciones de miembros de la Policía Nacional, solo se producen cuando las brigadas municipales proceden al retiro de vallas que promueven candidatos del partido de gobierno y los operativos que realiza el cabildo incluyen a candidatos de todos los partidos políticos, sin excepción.
Como la estructura ya había sido prácticamente cortada para el retiro de la misma, la brigada municipal procedió de forma acelerada a soldar la parte cortada y hoy domingo 17 de los corrientes al mediodía, la estructura colapsó, causando daños a dos personas y a varios vehículos que transitaban en ese momento por la importante vía.
El Ayuntamiento de Santiago, lamenta profundamente, que, ante la decisión de la Policía Nacional, de impedir que los servidores municipales concluyeran sus labores y el incumplimiento del señor Ulises Rodríguez, de no proceder a retirar la estructura el pasado sábado, tal y como se comprometió, la misma haya colapsado y causara los daños antes mencionados.
El alcalde Abel Martínez, había hecho un llamado al presidente Luis Abinader, para que tuviera conocimiento de que, en la ciudad de Santiago, se había dado un acontecimiento similar y sin precedentes por parte de miembros de la Policía Nacional, que cumpliendo órdenes supuestamente de arriba, procedieron a secuestrar a empleados municipales que estaban realizando tareas de retiro de vallas colocadas de forma ilegal en espacios públicos.Martínez reafirmó su compromiso de no renunciar al sagrado derecho de mantener la ciudad en orden, en estricto cumplimiento de las leyes y normas que rigen el municipio de Santiago.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.