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Alcaldía de Santiago en confusa situación por colapso de valla publicitaria del PRM
Brigadas municipales realizaban un operativo de retiro de vallas ilegales cuando procedían a retirar una estructura ilegal colocada por el aspirante a alcalde del PRM, patrullas policiales impidieron dicha labor, mientras el candidato se apersonó al lugar y pidió le dejaran dicha valla, comprometiéndose a retirarla el pasado sábado y no cumplió
El Ayuntamiento de Santiago, durante la gestión de Abel Martínez, ha mantenido un estricto cumplimiento de la ley que regula el uso de los espacios públicos en el municipio, labor que se ha ejecutado sin privilegios ni discriminación, tanto en la publicidad comercial a través de empresas del área, así como en la publicidad y propaganda política, la que se aplica sin excepción.
No obstante, a la observación y respeto a las normas que rigen el Municipio de Santiago, en el proceso de campaña política actual, el aspirante a alcalde, se ha mantenido de espaldas a las propias leyes que regulan la colocación de vallas en lugares que están prohibidos, pero que tampoco se ha acercado al cabildo a solicitar los permisos correspondientes, en franca violación a la ley y exhibiendo una actitud desafiante ante las autoridades de la ciudad que aspira a dirigir.
En vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento en la avenida Juan Pablo Duarte, desde la avenida Estrella Shadalá, hasta la calle Ponce, el cabildo local, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, ha enviado varias comunicaciones a las compañías que cuentan con autorización para arrendamientos de espacios publicitarios, para que procediera a retirar todas las estructuras metálicas de dicho tramo y a abstenerse de colocar nuevas estructuras, siendo la más reciente fechada el pasado 7 de noviembre del año en curso.
FEGOR PUBLICIDAD SRL, una empresa de larga trayectoria en la venta de publicidad exterior a través de vallas, luego de recibir las notificaciones del ayuntamiento local, procedió al retiro de todas sus estructuras que estaban colocadas en el trayecto donde se realiza la obra en la avenida Juan Pablo Duarte.
En cambio, la empresa Inversiones Doña Fresa que también opera la empresa Inversiones Publicitarias E.I.R.L representada por Miguel Ángel Ortega, una de ellas con permiso vencido, que ofrecen servicio de publicidad al candidato del PRM, recibieron las mismas notificaciones y no respetaron la disposición municipal.
Dicho esto, el pasado martes 12 de diciembre, las brigadas municipales procedieron a ejecutar un operativo para retirar vallas ilegales en diferentes puntos de la ciudad y en horas de la noche, cuando se disponían a retirar una estructura metálica colocada encima de la acera de la mencionada avenida, con una valla publicitaria del candidato Ulises Rodríguez, se produjo la presencia policial, cuando dicha labor estaba en proceso.
En ese momento se apersonaron tres patrullas policiales y el general Reyes Azcona, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, llamó vía telefónica al general Almonte, director de la Policía Municipal, ordenando que la valla no fuera retirada y que si lo hacían procedería a ordenar el apresamiento de toda la brigada municipal, fue en momento en que se apersonó el candidato al a alcalde, quien pidió le dejaran la estructura hasta que concluyera una actividad política en la que participaría el presidente Abinader el pasado viernes, bajo el compromiso de que la retiraría el sábado 16, lo que no ocurrió.
Es importante aclarar que las intervenciones de miembros de la Policía Nacional, solo se producen cuando las brigadas municipales proceden al retiro de vallas que promueven candidatos del partido de gobierno y los operativos que realiza el cabildo incluyen a candidatos de todos los partidos políticos, sin excepción.
Como la estructura ya había sido prácticamente cortada para el retiro de la misma, la brigada municipal procedió de forma acelerada a soldar la parte cortada y hoy domingo 17 de los corrientes al mediodía, la estructura colapsó, causando daños a dos personas y a varios vehículos que transitaban en ese momento por la importante vía.
El Ayuntamiento de Santiago, lamenta profundamente, que, ante la decisión de la Policía Nacional, de impedir que los servidores municipales concluyeran sus labores y el incumplimiento del señor Ulises Rodríguez, de no proceder a retirar la estructura el pasado sábado, tal y como se comprometió, la misma haya colapsado y causara los daños antes mencionados.
El alcalde Abel Martínez, había hecho un llamado al presidente Luis Abinader, para que tuviera conocimiento de que, en la ciudad de Santiago, se había dado un acontecimiento similar y sin precedentes por parte de miembros de la Policía Nacional, que cumpliendo órdenes supuestamente de arriba, procedieron a secuestrar a empleados municipales que estaban realizando tareas de retiro de vallas colocadas de forma ilegal en espacios públicos.Martínez reafirmó su compromiso de no renunciar al sagrado derecho de mantener la ciudad en orden, en estricto cumplimiento de las leyes y normas que rigen el municipio de Santiago.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.