Nacionales
Alcaldía de Santiago en confusa situación por colapso de valla publicitaria del PRM
Brigadas municipales realizaban un operativo de retiro de vallas ilegales cuando procedían a retirar una estructura ilegal colocada por el aspirante a alcalde del PRM, patrullas policiales impidieron dicha labor, mientras el candidato se apersonó al lugar y pidió le dejaran dicha valla, comprometiéndose a retirarla el pasado sábado y no cumplió
El Ayuntamiento de Santiago, durante la gestión de Abel Martínez, ha mantenido un estricto cumplimiento de la ley que regula el uso de los espacios públicos en el municipio, labor que se ha ejecutado sin privilegios ni discriminación, tanto en la publicidad comercial a través de empresas del área, así como en la publicidad y propaganda política, la que se aplica sin excepción.
No obstante, a la observación y respeto a las normas que rigen el Municipio de Santiago, en el proceso de campaña política actual, el aspirante a alcalde, se ha mantenido de espaldas a las propias leyes que regulan la colocación de vallas en lugares que están prohibidos, pero que tampoco se ha acercado al cabildo a solicitar los permisos correspondientes, en franca violación a la ley y exhibiendo una actitud desafiante ante las autoridades de la ciudad que aspira a dirigir.
En vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento en la avenida Juan Pablo Duarte, desde la avenida Estrella Shadalá, hasta la calle Ponce, el cabildo local, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, ha enviado varias comunicaciones a las compañías que cuentan con autorización para arrendamientos de espacios publicitarios, para que procediera a retirar todas las estructuras metálicas de dicho tramo y a abstenerse de colocar nuevas estructuras, siendo la más reciente fechada el pasado 7 de noviembre del año en curso.
FEGOR PUBLICIDAD SRL, una empresa de larga trayectoria en la venta de publicidad exterior a través de vallas, luego de recibir las notificaciones del ayuntamiento local, procedió al retiro de todas sus estructuras que estaban colocadas en el trayecto donde se realiza la obra en la avenida Juan Pablo Duarte.
En cambio, la empresa Inversiones Doña Fresa que también opera la empresa Inversiones Publicitarias E.I.R.L representada por Miguel Ángel Ortega, una de ellas con permiso vencido, que ofrecen servicio de publicidad al candidato del PRM, recibieron las mismas notificaciones y no respetaron la disposición municipal.
Dicho esto, el pasado martes 12 de diciembre, las brigadas municipales procedieron a ejecutar un operativo para retirar vallas ilegales en diferentes puntos de la ciudad y en horas de la noche, cuando se disponían a retirar una estructura metálica colocada encima de la acera de la mencionada avenida, con una valla publicitaria del candidato Ulises Rodríguez, se produjo la presencia policial, cuando dicha labor estaba en proceso.
En ese momento se apersonaron tres patrullas policiales y el general Reyes Azcona, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, llamó vía telefónica al general Almonte, director de la Policía Municipal, ordenando que la valla no fuera retirada y que si lo hacían procedería a ordenar el apresamiento de toda la brigada municipal, fue en momento en que se apersonó el candidato al a alcalde, quien pidió le dejaran la estructura hasta que concluyera una actividad política en la que participaría el presidente Abinader el pasado viernes, bajo el compromiso de que la retiraría el sábado 16, lo que no ocurrió.
Es importante aclarar que las intervenciones de miembros de la Policía Nacional, solo se producen cuando las brigadas municipales proceden al retiro de vallas que promueven candidatos del partido de gobierno y los operativos que realiza el cabildo incluyen a candidatos de todos los partidos políticos, sin excepción.
Como la estructura ya había sido prácticamente cortada para el retiro de la misma, la brigada municipal procedió de forma acelerada a soldar la parte cortada y hoy domingo 17 de los corrientes al mediodía, la estructura colapsó, causando daños a dos personas y a varios vehículos que transitaban en ese momento por la importante vía.
El Ayuntamiento de Santiago, lamenta profundamente, que, ante la decisión de la Policía Nacional, de impedir que los servidores municipales concluyeran sus labores y el incumplimiento del señor Ulises Rodríguez, de no proceder a retirar la estructura el pasado sábado, tal y como se comprometió, la misma haya colapsado y causara los daños antes mencionados.
El alcalde Abel Martínez, había hecho un llamado al presidente Luis Abinader, para que tuviera conocimiento de que, en la ciudad de Santiago, se había dado un acontecimiento similar y sin precedentes por parte de miembros de la Policía Nacional, que cumpliendo órdenes supuestamente de arriba, procedieron a secuestrar a empleados municipales que estaban realizando tareas de retiro de vallas colocadas de forma ilegal en espacios públicos.Martínez reafirmó su compromiso de no renunciar al sagrado derecho de mantener la ciudad en orden, en estricto cumplimiento de las leyes y normas que rigen el municipio de Santiago.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.