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Alcaldía de Santiago en confusa situación por colapso de valla publicitaria del PRM
Brigadas municipales realizaban un operativo de retiro de vallas ilegales cuando procedían a retirar una estructura ilegal colocada por el aspirante a alcalde del PRM, patrullas policiales impidieron dicha labor, mientras el candidato se apersonó al lugar y pidió le dejaran dicha valla, comprometiéndose a retirarla el pasado sábado y no cumplió
El Ayuntamiento de Santiago, durante la gestión de Abel Martínez, ha mantenido un estricto cumplimiento de la ley que regula el uso de los espacios públicos en el municipio, labor que se ha ejecutado sin privilegios ni discriminación, tanto en la publicidad comercial a través de empresas del área, así como en la publicidad y propaganda política, la que se aplica sin excepción.
No obstante, a la observación y respeto a las normas que rigen el Municipio de Santiago, en el proceso de campaña política actual, el aspirante a alcalde, se ha mantenido de espaldas a las propias leyes que regulan la colocación de vallas en lugares que están prohibidos, pero que tampoco se ha acercado al cabildo a solicitar los permisos correspondientes, en franca violación a la ley y exhibiendo una actitud desafiante ante las autoridades de la ciudad que aspira a dirigir.
En vista de que se está ejecutando una obra de embellecimiento en la avenida Juan Pablo Duarte, desde la avenida Estrella Shadalá, hasta la calle Ponce, el cabildo local, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano, ha enviado varias comunicaciones a las compañías que cuentan con autorización para arrendamientos de espacios publicitarios, para que procediera a retirar todas las estructuras metálicas de dicho tramo y a abstenerse de colocar nuevas estructuras, siendo la más reciente fechada el pasado 7 de noviembre del año en curso.
FEGOR PUBLICIDAD SRL, una empresa de larga trayectoria en la venta de publicidad exterior a través de vallas, luego de recibir las notificaciones del ayuntamiento local, procedió al retiro de todas sus estructuras que estaban colocadas en el trayecto donde se realiza la obra en la avenida Juan Pablo Duarte.
En cambio, la empresa Inversiones Doña Fresa que también opera la empresa Inversiones Publicitarias E.I.R.L representada por Miguel Ángel Ortega, una de ellas con permiso vencido, que ofrecen servicio de publicidad al candidato del PRM, recibieron las mismas notificaciones y no respetaron la disposición municipal.
Dicho esto, el pasado martes 12 de diciembre, las brigadas municipales procedieron a ejecutar un operativo para retirar vallas ilegales en diferentes puntos de la ciudad y en horas de la noche, cuando se disponían a retirar una estructura metálica colocada encima de la acera de la mencionada avenida, con una valla publicitaria del candidato Ulises Rodríguez, se produjo la presencia policial, cuando dicha labor estaba en proceso.
En ese momento se apersonaron tres patrullas policiales y el general Reyes Azcona, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, llamó vía telefónica al general Almonte, director de la Policía Municipal, ordenando que la valla no fuera retirada y que si lo hacían procedería a ordenar el apresamiento de toda la brigada municipal, fue en momento en que se apersonó el candidato al a alcalde, quien pidió le dejaran la estructura hasta que concluyera una actividad política en la que participaría el presidente Abinader el pasado viernes, bajo el compromiso de que la retiraría el sábado 16, lo que no ocurrió.
Es importante aclarar que las intervenciones de miembros de la Policía Nacional, solo se producen cuando las brigadas municipales proceden al retiro de vallas que promueven candidatos del partido de gobierno y los operativos que realiza el cabildo incluyen a candidatos de todos los partidos políticos, sin excepción.
Como la estructura ya había sido prácticamente cortada para el retiro de la misma, la brigada municipal procedió de forma acelerada a soldar la parte cortada y hoy domingo 17 de los corrientes al mediodía, la estructura colapsó, causando daños a dos personas y a varios vehículos que transitaban en ese momento por la importante vía.
El Ayuntamiento de Santiago, lamenta profundamente, que, ante la decisión de la Policía Nacional, de impedir que los servidores municipales concluyeran sus labores y el incumplimiento del señor Ulises Rodríguez, de no proceder a retirar la estructura el pasado sábado, tal y como se comprometió, la misma haya colapsado y causara los daños antes mencionados.
El alcalde Abel Martínez, había hecho un llamado al presidente Luis Abinader, para que tuviera conocimiento de que, en la ciudad de Santiago, se había dado un acontecimiento similar y sin precedentes por parte de miembros de la Policía Nacional, que cumpliendo órdenes supuestamente de arriba, procedieron a secuestrar a empleados municipales que estaban realizando tareas de retiro de vallas colocadas de forma ilegal en espacios públicos.Martínez reafirmó su compromiso de no renunciar al sagrado derecho de mantener la ciudad en orden, en estricto cumplimiento de las leyes y normas que rigen el municipio de Santiago.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.