Editorial
Si la letalidad Aumenta en Proporción a la Positividad el Gobierno Tendría Serias Dificultades.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader había entrado en un proceso en que la gente hacía uso del dejar pasar y dejar hacer, mientras la pandemia toma cuerpo en el país, principalmente en lo que respecta al aumento de la positividad.
Ese crecimiento de los niveles de contagios está explicado por el hecho de que la gente no respeta el distanciamiento social y las demás medidas que evitan que el Covid-19 se expanda entre los dominicanos.
Ha habido una tolerancia peligrosa, por decirlo de alguna manera, pero por suerte el nivel de letalidad no ha ido de la mano de la positividad, que pudiera ser que una estuviera proporcionalmente igual que la otra.
Esa indulgencia frente a los factores que propician el contagio constituye un problema muy serio para el Gobierno, ya que la continuación de la tendencia de los niveles de positividad podría convertir la enfermedad, pero muy concretamente la letalidad, en un problema, ya que no sólo se amenaza la vida de la gente y lo económico, sino también lo social y lo político.
Todo el mundo sabe que en la República Dominicana y en muchos otros lugares del mundo la política es un negocio y que resulta muy difícil que la oposición esté verdaderamente interesada en que las autoridades de turno manejen con idoneidad las complicaciones de salud derivadas del coronavirus.
Probablemente hagan lo indecible para torpedear cualquier buena medida de las autoridades, pero que quede claro que esa actitud es propia de cualquiera que esté en la oposición, porque de lo que se trata es desacreditar al que tiene el poder, dado que es una lucha de quítate tú para ponerme yo.
Sin embargo, debe admitirse que la tolerancia del PRM o del Gobierno de Luis Abinader con la pandemia podría convertirse en una arma de doble filo, porque en esto hay mucho de populismo, lo cual podría ser una gran trampa política para los que ostentan el poder.
El asunto había tomado un giro preocupante hasta que se tomó la decisión de endurecer las medidas de restricción para controlar la propagación de la pandemia, por el riesgo que se corre de que la misma se pueda tornar en un problema político en razón de que el aumento de las muertes por esta causa puede ser atribuido a un mal manejo de los instrumentos cientٕíficos para combatir la enfermedad.
El aumento significativo de la letalidad generaría la pérdida de la confianza en un Gobierno que en algún momento ha dado la impresión de dar palos a ciegas y peor aun con la tendencia que hubo en las autoridades competentes de no hablar con claridad sobre el curso que toma en el país el Covid-19, sobre todo después de la aparición de nuevas cepas del patógeno en diferentes países del mundo, principalmente en Inglaterra.
La deficiencia comunicacional del Gobierno para informar a la gente con transparencia sobre la pandemia inició lo que parecería ser un proceso de atribuir a la irresponsabilidad y la incapacidad de las autoridades el aumento de los contagios y de las muertes que se produjeran en el proceso.
Lo único que sirve de atenuante al Gobierno es el hecho de que se trata de un virus que ha afectado a la mayoría de los países con una gran secuela de contagios y de muertes, pero el déficit acumulado en la eficiencia del sistema sanitario dominicano podría ser una causa más que suficiente para que convertido el asunto en político ello pueda generar una pérdida de la confianza de los ciudadanos en unas autoridades que todavía está por verse cuál es su aptitud para asumir el presente reto.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.