Editorial
La Pre-campaña y los Medios de Comunicación de Masas
La Ley de Partidos excluyó las vallas y a los medios de comunicación de masas convencionales en la promoción de los aspirantes a cargos electivos en la pre-campaña electoral, pero el legislador incurrió en el error de incluir a las redes sociales, lo cual generó una discriminación en contra de los primeros.
La medida tomada por el Congreso Nacional generó una pasible anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad por discriminación en contra de los medios de comunicación convencionales, como los periódicos, la televisión y la radio.
Y exactamente así ocurrió, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) recurrió al Tribunal Constitucional y logró lo que sólo estaba a la espera de un recursosde los que proporciona la ley en estos casos.
Pero en el fondo la preocupación del legislador no era mala, porque la verdad es que con el uso de los medios de comunicación de masas durante la pre-campaña, ocurre regularmente que los candidatos o aspirantes saturan a la gente de una campana atosigante, inaguantable e indigerible.
Además, los aspirantes vinculados al Gobierno usan abusivamente los recursos públicos en favor de sus candidaturas, constituyéndose en un grave problema en un país con tantos deficits fiscales, corrupción generalizada y un gasto público que se traga cualquier presupuesto, porque la nómina del Estado responde más que a la eficiencia al clientelismo que prevalece en el sistema político nacional.
Si el legislador se hubiera asesorado o no hubiera conocido con tanta prisa el proyecto de ley de partidos políticos, tal vez hoy no se sufriera una campaña tan consistente y asfixiante del candidato del Palacio Nacional, Gonzalo Castillo.
El quiere decir en sus promociones televisivas lo que no puede expresar en las entrevistas o en otras formas de vender sus aspiraciones, porque no puede articular bien ni siquiera una respuesta a las preguntas que surgen en los medios de comunicación social.
En otras palabras, el Estado tiene que pagar la cuaba de un capricho de Danilo Medina como una forma de contrarrestar la candidatura presidencial de su contrincante, Leonel Fernández, por lo que la inversión económica pública en esta figura sin propuestas constituye una verdadera barbaridad.
En el caso de Leonel la historia es totalmente diferente, porque tampoco acude a los medios a explicar su proyecto político en virtud de que a diferencia de Gonzalo Castillo puede articular bien un discurso, pero sus palabras ya no son creibles porque es mucha espuma y poco chocolate.
La otra cosa es que Leonel jamás podrá contar con los recursos, por mucho que tenga para competir con el pago de publicidad en los medios, sobre todo ahora que se comenta que su protegido Félix Baustista dice no tener dinero para invertir en la campaña, pese a que se sabe de más que cuando fue sometido a la justicia por corrupción se le atribuía una fortuna que superaba los 27 mil millones de pesos.
De manera que ciertamente son dos pre-candidatos, una imagen, que es aquella cimentada sobre la base de lo mal hecho, y ambos son una negación de los anhelos de cambios de los dominicanos para tener una sociedad más habitable y convivible para todos.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.