Editorial
La Pre-campaña y los Medios de Comunicación de Masas
La Ley de Partidos excluyó las vallas y a los medios de comunicación de masas convencionales en la promoción de los aspirantes a cargos electivos en la pre-campaña electoral, pero el legislador incurrió en el error de incluir a las redes sociales, lo cual generó una discriminación en contra de los primeros.
La medida tomada por el Congreso Nacional generó una pasible anulación mediante un recurso de inconstitucionalidad por discriminación en contra de los medios de comunicación convencionales, como los periódicos, la televisión y la radio.
Y exactamente así ocurrió, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) recurrió al Tribunal Constitucional y logró lo que sólo estaba a la espera de un recursosde los que proporciona la ley en estos casos.
Pero en el fondo la preocupación del legislador no era mala, porque la verdad es que con el uso de los medios de comunicación de masas durante la pre-campaña, ocurre regularmente que los candidatos o aspirantes saturan a la gente de una campana atosigante, inaguantable e indigerible.
Además, los aspirantes vinculados al Gobierno usan abusivamente los recursos públicos en favor de sus candidaturas, constituyéndose en un grave problema en un país con tantos deficits fiscales, corrupción generalizada y un gasto público que se traga cualquier presupuesto, porque la nómina del Estado responde más que a la eficiencia al clientelismo que prevalece en el sistema político nacional.
Si el legislador se hubiera asesorado o no hubiera conocido con tanta prisa el proyecto de ley de partidos políticos, tal vez hoy no se sufriera una campaña tan consistente y asfixiante del candidato del Palacio Nacional, Gonzalo Castillo.
El quiere decir en sus promociones televisivas lo que no puede expresar en las entrevistas o en otras formas de vender sus aspiraciones, porque no puede articular bien ni siquiera una respuesta a las preguntas que surgen en los medios de comunicación social.
En otras palabras, el Estado tiene que pagar la cuaba de un capricho de Danilo Medina como una forma de contrarrestar la candidatura presidencial de su contrincante, Leonel Fernández, por lo que la inversión económica pública en esta figura sin propuestas constituye una verdadera barbaridad.
En el caso de Leonel la historia es totalmente diferente, porque tampoco acude a los medios a explicar su proyecto político en virtud de que a diferencia de Gonzalo Castillo puede articular bien un discurso, pero sus palabras ya no son creibles porque es mucha espuma y poco chocolate.
La otra cosa es que Leonel jamás podrá contar con los recursos, por mucho que tenga para competir con el pago de publicidad en los medios, sobre todo ahora que se comenta que su protegido Félix Baustista dice no tener dinero para invertir en la campaña, pese a que se sabe de más que cuando fue sometido a la justicia por corrupción se le atribuía una fortuna que superaba los 27 mil millones de pesos.
De manera que ciertamente son dos pre-candidatos, una imagen, que es aquella cimentada sobre la base de lo mal hecho, y ambos son una negación de los anhelos de cambios de los dominicanos para tener una sociedad más habitable y convivible para todos.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.