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Existe realmente en el país el Estado Social Democrático y de Derecho o se trata de una seudo-constitución?
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este primero de mayo del 2025 en su biblioteca un panel sobre las candidaturas independientes, donde participaron algunos partidos pequeños y sólo uno de los grandes tuvo una representación allí.
En esta actividad los planteamientos fueron realmente fundamentados en muchas hipótesis que pueden o no ocurrir, pero también hubo quien destacó un aspecto muy delicado para la democracia dominicana como lo es el proyecto de ley sometido por la Junta Central Electoral en el Congreso Nacional, el cual hace trizas los pocos logros alcanzados en términos de igualdad por el constitucionalismo dominicano.
El país desde el año 2010 tiene de forma más funcional el derecho constitucional concentrado y el difuso, pero el primero, que recae directamente sobre el Tribunal Constitucional, ha dado algunos frutos en lo que respecta al derecho, valor y principio de igualdad, a cuyo resultado hay que agregar el que tiene que ver con la sentencia TC/0788-24 sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, el órgano creado por el Estado para manejar todos los asuntos electorales del país se ha encargado de dejar la idea en amplios sectores de la vida nacional de que su trabajo es socavar en este ámbito los avances, si es que se les pueden llamar así, que representan las decisiones del TC sobre los derechos fundamentales en el país.
El asunto se torna más que preocupante porque cualquiera de los dos sistemas que se tomen como referencia, es decir, el Estado Social o el Estado Liberal, ambos conceden una importancia capital a los conceptos de libertad individual y de igualdad social, lo cual indica que la sentencia se enmarca perfectamente tanto en uno como en el otro modelo.
El proyecto de ley de regulación de las candidaturas independientes elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) busca imponer una serie de criterios descabellados sobre esta figura jurídica, que rompen medularmente con el principio de igualdad y con todo el proceso de constitucionalización del derecho que impacta el país desde el año 2010.
Entre algunas de sus desacertadas ideas está exigirle al candidato independiente que tenga personalidad jurídica a través de la Ley 122-05 de asociaciones sin fines de lucro, pese a que esa figura no existe en esta norma, además que este aspirante presente una cantidad de firmas que consiste en el 2 por ciento de las contenidas en el padrón electoral, no de la última votación como lo consignan las leyes del régimen electoral y que es lo que se les pide a los partidos políticos, lo cual raya en un abuso imperdonable de un órgano que no debe tener como propósito romper con el derecho, valor y principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.
Pero debe decirse también que buscar darle personalidad jurídica al candidato independiente mediante la figura de las asociaciones accidentales, la cual no está contemplada en la Ley 122-05, sino en la 479-08 de empresas que tienen fines de lucro, saca de contexto el fallo emitido por el Tribunal Constitucional.
De igual modo, plantea el proyecto de la JCE que las candidaturas independientes sólo tengan financiamiento privado, pero no público, lo que quiere decir que las leyes del régimen electoral que establecen este privilegio sólo tendrá validez cuando se trate de un partido político, lo cual también es desigual, pero además plantea una búsqueda de recursos económicos para esta modalidad de aspirante que se haría muy difícil lograr, dado que se sabe que la donación de dinero sólo tiene un efecto importante cuando el que busca la presidencia de la Republica tiene una real vocación de poder o en su defecto tendrá que solicitar donaciones en el bajo mundo.
De manera, que el proyecto de ley de la JCE no sólo hace pedazos el principio de igualdad que tanto ha trabajado a nivel concentrado el TC, sino que pone en tela de juicio si la República Dominicana es impactada por una seudo constitución en la que la violación de los derechos fundamentales es su base de sustentación.
Este debate de anoche en la UASD, permitió establecer que el enfoque que se tiene en el país sobre el fenómeno del neo-constitucionalismo es muy pobre y que no se corresponde con lo que ocurre en el derecho comparado, ya que esta figura jurídica es encontrada desde los países latinoamericanos hasta los altamente desarrollados, como Estados Unidos e Inglaterra, pero lo propio hay que decir de los que están localizados en toda Europa.
El debate en torno a las candidaturas independientes sigue su curso y ahora habría que esperar que la comisión que estudia los proyectos de leyes sometidos, tanto por la Junta Central Electoral como por diputados que así lo han anunciado, se discutan en vistas públicas convocadas para esos fines.
La sentencia del TC ha dejado claro que a través de ella se verifica en el país lo que muchos teóricos sobre el tema han planteado, de que el empoderamiento del neo-constitucionalismo frente al control o monopolio que tienen los partidos del sistema electoral y del poder público plantea una confrontación entre la ciencia política y el derecho.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.