Nacionales
La Presidencia siente las presiones del escándalo Odebrecht y busca asesoría
SANTO DOMINGO. El gobierno no ha emitido una declaración oficial a pocas semanas de haber explotado el caso más grande de corrupción de los últimos años, por el cual por lo menos siete dirigentes del partido en el poder están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ahí, Veras se reunió con el expresidente Leonel Fernández y un nutrido grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Este viernes, desde que despuntó el alba, comenzaron las reuniones, el pasilleo, los amarres, los cabildeos en el Palacio Nacional, mientras los principales funcionarios se mantenían en sus despachos, sin dejarse ver de la prensa y si salían, lo hacían casi a escondidas; además, el Jefe del Estado sostuvo una reunión con sus ministros en su comedor privado y sin acceso de la prensa.
A las siete de la mañana del viernes, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, y al destacado jurista santiaguero Ramón Antonio (Negro)Veras, con quienes “intercambió impresiones” por alrededor de 50 minutos.
Inmediatamente, el Palacio Nacional emitió una declaración oficial sobre el encuentro, dando cuenta de que el presidente Danilo Medina recibió al prestigioso jurista Ramón Antonio (Negro) Veras. “Se trató de una visita en la que el abogado santiagués dijo reencontrarse con su amigo de siempre, Danilo Medina”, afirma.
Sin embargo, una fuente del propio Palacio reveló que el encuentro duró 50 minutos y que el mandatario consultó a Veras sobre la situación de los detenidos por el caso Odebrecht.
Más tarde, llegó el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al ser cuestionado sobre lo que dijo Temístocles Montás de que los contratos con Odebrecht se firmaron en Hacienda, respondió de manera clara; “No tengo nada que decir sobre eso”. La noche del jueves, una comisión llegó al Palacio Nacional, compuesta por tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Francisco Javier García, jefe de campaña de Medina en las pasadas elecciones; Bautista Rojas Gómez y Euclides Gutiérrez Félix, aunque no trascendió lo tratado, pero se cree que fueron movidos por el comunicado de Temístocles Montás, en el que deja claro que hay otros responsables de los contratos con la empresa y de que se recibió fondos para la campaña.
Otro elemento que estaría preocupando al Gobierno son las últimas declaraciones de Ángel Rondón, acusado de distribuir US$92 millones en sobornos para que aprobaran obras de Odebrecht, de que distribuyó fondos para la campaña electoral. Actualmente, el Palacio Nacional recibe fuertes presiones de grupos de la sociedad civil que reclaman el cese de la impunidad, y alegan que en el expediente sometido por el procurador Jean Alain Rodríguez por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) faltan otros responsables.
El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política, de parte del empresario Ángel Rondón.
En un comunicado, dado a conocer la noche del miércoles, Montás aclaró que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual, asegura le ha traído no pocos problemas. En tanto, el empresario Ángel Rondón dijo que hace mucho tiempo que reparte aportes a candidatos en campañas electorales y agregó que esta práctica es vieja y que no es ilegal.
Aunque con menos intensidad, como se ha vuelto costumbre en los últimos días, ayer continuaron las visitas de funcionarios al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , donde están detenidos los implicados en el caso Odebrecht. En horas de la mañana se dieron cita los ministros de Trabajo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Carlos Amarante Baret, respectivamente, y la exministra de Trabajo, Maritza Hernández, todos dirigentes del PLD. De parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estuvieron el secretario general de la organización, Jesús Vásquez y los dirigentes Eligio Jáquez y Cesar Cedeño. Al lugar también acudió el jurista Ramón Antonio Veras (Negro). A su salida expresaron diversas posiciones respecto al curso seguido por el caso hasta el momento y reiteran que esperan se siga el debido proceso de ley en el mismo.
Dijeron que los detenidos se encuentran de buen ánimo y confiados en que demostrarán su inocencia ante la justicia.
El abogado Ramón Antonio Veras (Negro) y el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, llegaron a las siete a la reunión con el presidente Danilo Medina y se marcharon 50 minutos después rumbo al Palacio de Justicia a visitar al grupo que está detenido acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht durante casi 15 años de operaciones que lleva en el país.
Eligio Jáquez
Dirigente PRM
“ Ese proceso está un poco chango. Ahí faltan muchas cosas, hay muchas disquisiciones en el expediente que ha sido dado a conocer, falta gente. Esperamos que se complete el expediente”
Carlos Amarante Baret
Ministro de Interior y Policía
“Hay que dejar que la justicia actúe no se debe de presionar ni adelantar situaciones, que la justicia actúe observando el debido proceso, respetando el derecho legítimo a la defensa que tienen lo que están arrestados”
Ramón Antonio Veras
Jurista
“Creo que en este momento cualquier pronunciamiento que se haga con respecto a las declaraciones de los imputados puede contaminar el expediente y la sana justicia que merece el país”.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.