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La Presidencia siente las presiones del escándalo Odebrecht y busca asesoría
SANTO DOMINGO. El gobierno no ha emitido una declaración oficial a pocas semanas de haber explotado el caso más grande de corrupción de los últimos años, por el cual por lo menos siete dirigentes del partido en el poder están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ahí, Veras se reunió con el expresidente Leonel Fernández y un nutrido grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Este viernes, desde que despuntó el alba, comenzaron las reuniones, el pasilleo, los amarres, los cabildeos en el Palacio Nacional, mientras los principales funcionarios se mantenían en sus despachos, sin dejarse ver de la prensa y si salían, lo hacían casi a escondidas; además, el Jefe del Estado sostuvo una reunión con sus ministros en su comedor privado y sin acceso de la prensa.
A las siete de la mañana del viernes, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, y al destacado jurista santiaguero Ramón Antonio (Negro)Veras, con quienes “intercambió impresiones” por alrededor de 50 minutos.
Inmediatamente, el Palacio Nacional emitió una declaración oficial sobre el encuentro, dando cuenta de que el presidente Danilo Medina recibió al prestigioso jurista Ramón Antonio (Negro) Veras. “Se trató de una visita en la que el abogado santiagués dijo reencontrarse con su amigo de siempre, Danilo Medina”, afirma.
Sin embargo, una fuente del propio Palacio reveló que el encuentro duró 50 minutos y que el mandatario consultó a Veras sobre la situación de los detenidos por el caso Odebrecht.
Más tarde, llegó el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al ser cuestionado sobre lo que dijo Temístocles Montás de que los contratos con Odebrecht se firmaron en Hacienda, respondió de manera clara; “No tengo nada que decir sobre eso”. La noche del jueves, una comisión llegó al Palacio Nacional, compuesta por tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Francisco Javier García, jefe de campaña de Medina en las pasadas elecciones; Bautista Rojas Gómez y Euclides Gutiérrez Félix, aunque no trascendió lo tratado, pero se cree que fueron movidos por el comunicado de Temístocles Montás, en el que deja claro que hay otros responsables de los contratos con la empresa y de que se recibió fondos para la campaña.
Otro elemento que estaría preocupando al Gobierno son las últimas declaraciones de Ángel Rondón, acusado de distribuir US$92 millones en sobornos para que aprobaran obras de Odebrecht, de que distribuyó fondos para la campaña electoral. Actualmente, el Palacio Nacional recibe fuertes presiones de grupos de la sociedad civil que reclaman el cese de la impunidad, y alegan que en el expediente sometido por el procurador Jean Alain Rodríguez por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) faltan otros responsables.
El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política, de parte del empresario Ángel Rondón.
En un comunicado, dado a conocer la noche del miércoles, Montás aclaró que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual, asegura le ha traído no pocos problemas. En tanto, el empresario Ángel Rondón dijo que hace mucho tiempo que reparte aportes a candidatos en campañas electorales y agregó que esta práctica es vieja y que no es ilegal.
Aunque con menos intensidad, como se ha vuelto costumbre en los últimos días, ayer continuaron las visitas de funcionarios al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , donde están detenidos los implicados en el caso Odebrecht. En horas de la mañana se dieron cita los ministros de Trabajo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Carlos Amarante Baret, respectivamente, y la exministra de Trabajo, Maritza Hernández, todos dirigentes del PLD. De parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estuvieron el secretario general de la organización, Jesús Vásquez y los dirigentes Eligio Jáquez y Cesar Cedeño. Al lugar también acudió el jurista Ramón Antonio Veras (Negro). A su salida expresaron diversas posiciones respecto al curso seguido por el caso hasta el momento y reiteran que esperan se siga el debido proceso de ley en el mismo.
Dijeron que los detenidos se encuentran de buen ánimo y confiados en que demostrarán su inocencia ante la justicia.
El abogado Ramón Antonio Veras (Negro) y el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, llegaron a las siete a la reunión con el presidente Danilo Medina y se marcharon 50 minutos después rumbo al Palacio de Justicia a visitar al grupo que está detenido acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht durante casi 15 años de operaciones que lleva en el país.
Eligio Jáquez
Dirigente PRM
“ Ese proceso está un poco chango. Ahí faltan muchas cosas, hay muchas disquisiciones en el expediente que ha sido dado a conocer, falta gente. Esperamos que se complete el expediente”
Carlos Amarante Baret
Ministro de Interior y Policía
“Hay que dejar que la justicia actúe no se debe de presionar ni adelantar situaciones, que la justicia actúe observando el debido proceso, respetando el derecho legítimo a la defensa que tienen lo que están arrestados”
Ramón Antonio Veras
Jurista
“Creo que en este momento cualquier pronunciamiento que se haga con respecto a las declaraciones de los imputados puede contaminar el expediente y la sana justicia que merece el país”.
diariolibre.com
Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.
El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.
Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.
Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.
En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.
También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.
Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.
Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.
Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.
Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.
Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.
El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.
Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.
Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).
Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.
Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.