Nacionales
La Presidencia siente las presiones del escándalo Odebrecht y busca asesoría
SANTO DOMINGO. El gobierno no ha emitido una declaración oficial a pocas semanas de haber explotado el caso más grande de corrupción de los últimos años, por el cual por lo menos siete dirigentes del partido en el poder están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ahí, Veras se reunió con el expresidente Leonel Fernández y un nutrido grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Este viernes, desde que despuntó el alba, comenzaron las reuniones, el pasilleo, los amarres, los cabildeos en el Palacio Nacional, mientras los principales funcionarios se mantenían en sus despachos, sin dejarse ver de la prensa y si salían, lo hacían casi a escondidas; además, el Jefe del Estado sostuvo una reunión con sus ministros en su comedor privado y sin acceso de la prensa.
A las siete de la mañana del viernes, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, y al destacado jurista santiaguero Ramón Antonio (Negro)Veras, con quienes “intercambió impresiones” por alrededor de 50 minutos.
Inmediatamente, el Palacio Nacional emitió una declaración oficial sobre el encuentro, dando cuenta de que el presidente Danilo Medina recibió al prestigioso jurista Ramón Antonio (Negro) Veras. “Se trató de una visita en la que el abogado santiagués dijo reencontrarse con su amigo de siempre, Danilo Medina”, afirma.
Sin embargo, una fuente del propio Palacio reveló que el encuentro duró 50 minutos y que el mandatario consultó a Veras sobre la situación de los detenidos por el caso Odebrecht.
Más tarde, llegó el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al ser cuestionado sobre lo que dijo Temístocles Montás de que los contratos con Odebrecht se firmaron en Hacienda, respondió de manera clara; “No tengo nada que decir sobre eso”. La noche del jueves, una comisión llegó al Palacio Nacional, compuesta por tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Francisco Javier García, jefe de campaña de Medina en las pasadas elecciones; Bautista Rojas Gómez y Euclides Gutiérrez Félix, aunque no trascendió lo tratado, pero se cree que fueron movidos por el comunicado de Temístocles Montás, en el que deja claro que hay otros responsables de los contratos con la empresa y de que se recibió fondos para la campaña.
Otro elemento que estaría preocupando al Gobierno son las últimas declaraciones de Ángel Rondón, acusado de distribuir US$92 millones en sobornos para que aprobaran obras de Odebrecht, de que distribuyó fondos para la campaña electoral. Actualmente, el Palacio Nacional recibe fuertes presiones de grupos de la sociedad civil que reclaman el cese de la impunidad, y alegan que en el expediente sometido por el procurador Jean Alain Rodríguez por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) faltan otros responsables.
El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política, de parte del empresario Ángel Rondón.
En un comunicado, dado a conocer la noche del miércoles, Montás aclaró que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual, asegura le ha traído no pocos problemas. En tanto, el empresario Ángel Rondón dijo que hace mucho tiempo que reparte aportes a candidatos en campañas electorales y agregó que esta práctica es vieja y que no es ilegal.
Aunque con menos intensidad, como se ha vuelto costumbre en los últimos días, ayer continuaron las visitas de funcionarios al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , donde están detenidos los implicados en el caso Odebrecht. En horas de la mañana se dieron cita los ministros de Trabajo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Carlos Amarante Baret, respectivamente, y la exministra de Trabajo, Maritza Hernández, todos dirigentes del PLD. De parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estuvieron el secretario general de la organización, Jesús Vásquez y los dirigentes Eligio Jáquez y Cesar Cedeño. Al lugar también acudió el jurista Ramón Antonio Veras (Negro). A su salida expresaron diversas posiciones respecto al curso seguido por el caso hasta el momento y reiteran que esperan se siga el debido proceso de ley en el mismo.
Dijeron que los detenidos se encuentran de buen ánimo y confiados en que demostrarán su inocencia ante la justicia.
El abogado Ramón Antonio Veras (Negro) y el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, llegaron a las siete a la reunión con el presidente Danilo Medina y se marcharon 50 minutos después rumbo al Palacio de Justicia a visitar al grupo que está detenido acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht durante casi 15 años de operaciones que lleva en el país.
Eligio Jáquez
Dirigente PRM
“ Ese proceso está un poco chango. Ahí faltan muchas cosas, hay muchas disquisiciones en el expediente que ha sido dado a conocer, falta gente. Esperamos que se complete el expediente”
Carlos Amarante Baret
Ministro de Interior y Policía
“Hay que dejar que la justicia actúe no se debe de presionar ni adelantar situaciones, que la justicia actúe observando el debido proceso, respetando el derecho legítimo a la defensa que tienen lo que están arrestados”
Ramón Antonio Veras
Jurista
“Creo que en este momento cualquier pronunciamiento que se haga con respecto a las declaraciones de los imputados puede contaminar el expediente y la sana justicia que merece el país”.
diariolibre.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.