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La Presidencia siente las presiones del escándalo Odebrecht y busca asesoría
SANTO DOMINGO. El gobierno no ha emitido una declaración oficial a pocas semanas de haber explotado el caso más grande de corrupción de los últimos años, por el cual por lo menos siete dirigentes del partido en el poder están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ahí, Veras se reunió con el expresidente Leonel Fernández y un nutrido grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Este viernes, desde que despuntó el alba, comenzaron las reuniones, el pasilleo, los amarres, los cabildeos en el Palacio Nacional, mientras los principales funcionarios se mantenían en sus despachos, sin dejarse ver de la prensa y si salían, lo hacían casi a escondidas; además, el Jefe del Estado sostuvo una reunión con sus ministros en su comedor privado y sin acceso de la prensa.
A las siete de la mañana del viernes, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, y al destacado jurista santiaguero Ramón Antonio (Negro)Veras, con quienes “intercambió impresiones” por alrededor de 50 minutos.
Inmediatamente, el Palacio Nacional emitió una declaración oficial sobre el encuentro, dando cuenta de que el presidente Danilo Medina recibió al prestigioso jurista Ramón Antonio (Negro) Veras. “Se trató de una visita en la que el abogado santiagués dijo reencontrarse con su amigo de siempre, Danilo Medina”, afirma.
Sin embargo, una fuente del propio Palacio reveló que el encuentro duró 50 minutos y que el mandatario consultó a Veras sobre la situación de los detenidos por el caso Odebrecht.
Más tarde, llegó el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al ser cuestionado sobre lo que dijo Temístocles Montás de que los contratos con Odebrecht se firmaron en Hacienda, respondió de manera clara; “No tengo nada que decir sobre eso”. La noche del jueves, una comisión llegó al Palacio Nacional, compuesta por tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Francisco Javier García, jefe de campaña de Medina en las pasadas elecciones; Bautista Rojas Gómez y Euclides Gutiérrez Félix, aunque no trascendió lo tratado, pero se cree que fueron movidos por el comunicado de Temístocles Montás, en el que deja claro que hay otros responsables de los contratos con la empresa y de que se recibió fondos para la campaña.
Otro elemento que estaría preocupando al Gobierno son las últimas declaraciones de Ángel Rondón, acusado de distribuir US$92 millones en sobornos para que aprobaran obras de Odebrecht, de que distribuyó fondos para la campaña electoral. Actualmente, el Palacio Nacional recibe fuertes presiones de grupos de la sociedad civil que reclaman el cese de la impunidad, y alegan que en el expediente sometido por el procurador Jean Alain Rodríguez por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) faltan otros responsables.
El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política, de parte del empresario Ángel Rondón.
En un comunicado, dado a conocer la noche del miércoles, Montás aclaró que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual, asegura le ha traído no pocos problemas. En tanto, el empresario Ángel Rondón dijo que hace mucho tiempo que reparte aportes a candidatos en campañas electorales y agregó que esta práctica es vieja y que no es ilegal.
Aunque con menos intensidad, como se ha vuelto costumbre en los últimos días, ayer continuaron las visitas de funcionarios al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , donde están detenidos los implicados en el caso Odebrecht. En horas de la mañana se dieron cita los ministros de Trabajo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Carlos Amarante Baret, respectivamente, y la exministra de Trabajo, Maritza Hernández, todos dirigentes del PLD. De parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estuvieron el secretario general de la organización, Jesús Vásquez y los dirigentes Eligio Jáquez y Cesar Cedeño. Al lugar también acudió el jurista Ramón Antonio Veras (Negro). A su salida expresaron diversas posiciones respecto al curso seguido por el caso hasta el momento y reiteran que esperan se siga el debido proceso de ley en el mismo.
Dijeron que los detenidos se encuentran de buen ánimo y confiados en que demostrarán su inocencia ante la justicia.
El abogado Ramón Antonio Veras (Negro) y el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, llegaron a las siete a la reunión con el presidente Danilo Medina y se marcharon 50 minutos después rumbo al Palacio de Justicia a visitar al grupo que está detenido acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht durante casi 15 años de operaciones que lleva en el país.
Eligio Jáquez
Dirigente PRM
“ Ese proceso está un poco chango. Ahí faltan muchas cosas, hay muchas disquisiciones en el expediente que ha sido dado a conocer, falta gente. Esperamos que se complete el expediente”
Carlos Amarante Baret
Ministro de Interior y Policía
“Hay que dejar que la justicia actúe no se debe de presionar ni adelantar situaciones, que la justicia actúe observando el debido proceso, respetando el derecho legítimo a la defensa que tienen lo que están arrestados”
Ramón Antonio Veras
Jurista
“Creo que en este momento cualquier pronunciamiento que se haga con respecto a las declaraciones de los imputados puede contaminar el expediente y la sana justicia que merece el país”.
diariolibre.com
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.