Por Isaias Ramos

República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.

Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.

Esa es la cuenta que falta.

¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?

Porque el turismo no llega solo.

Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.

También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.

Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.

Pero precisamente por eso hay que medirlo.

El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.

Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.

Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.

En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.

El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.

Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.

Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.

Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.

Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.

Por eso necesitamos separar cuatro cosas:

actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.

Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica

Port Cabo Rojo permite verlo.

El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.

La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.

Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.

Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.

Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.

La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.

Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:

¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?

Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.

Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.

¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?

¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?

No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.

Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.

Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.

El turismo que necesitamos

La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.

Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.

Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:

capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.

Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.

Entre visitantes y valor.

Entre crecimiento y desarrollo.

República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.

Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.

Por Oscar López Reyes

En la alborada 1973-1976 empecé a teclear -ilusionado en hermosas expectativas sobre el futuro- en Radio Barahona y la Corte de Apelación de esa provincia, y el 10 de enero de 1977 en un diario de la capital -el matutino El Sol-, a los 16 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina y a los 12 años de la revolución constitucionalista de 1965. Vitalizados por la chispa de ese interludio, sus protagonistas y actores participaban en reuniones políticas y vecinales, debates y protestas, reivindicando esos episodios históricos.

En el período 1977-2026 he tenido el excepcional privilegio de trabajar –directa e indirectamente- y relacionarme con 14 presidentes de la República, y dialogar con ellos, entrevistarlos, escribir sobre sus actividades, analizar el suicidio de uno de ellos y visitar en la cárcel y en la clínica a otro perseguido judicialmente. También he montado guardia al lado de sus féretros y asistido a sepelios presidenciales.

1.- NICOLÁS PICHARDO (14 de abril de 1913-3 de enero de 2006). Miembro del Consejo de Estado (1-18 enero 1962 ,17 días), encabezado por Joaquín Balaguer, y del 18-1-1962 hasta el 27-2-1963).

A raíz del ajusticiamiento de Trujillo, el doctor Nicolás Pichardo fue escogido miembro del Consejo de Estado, como una figura pública reputada de intachable, por su neutralidad política, credibilidad e ideal para mediar en una etapa crucial hacia la transición democrática. Continuó como vicepresidente de la República en el segundo Consejo de Estado – el 18 de enero de 1962-, liderado por Rafael Filiberto Bonelly, representante de la Unión Cívica Nacional. Este segundo consejo, integrado además por representantes de la Iglesia Católica, concitó una gran aprobación de la población.

Exdirector del hospital Padre Billini y exsecretario de Estado de Previsión Social (1948), ocupó varias posiciones, entre ellas la de vicepresidente en el Consejo de Estado, encabezado por Rafael F. Bonnelly. Este organizó las primeras elecciones libres tras la caída de la dictadura, el 20 de diciembre de 1962, en las cuales triunfó el profesor Juan Bosch, quien asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963. En esta fecha cesó el Consejo de Estado. Siendo el doctor Nicolás Pichardo rector de la Universidad APEC (Unapec), en el período 1990-1997, tuve el honor de acompañarle como director de relaciones públicas de esa institución, lo que me permitió difundir relevantes transformaciones a todos los niveles.

La citada academia erigió en sus instalaciones de la avenida Máximo Gómez una plaza y un busto en su honor. Reconocido como padre de la cardiología dominicana y por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) con la cátedra magistral Nicolás Pichardo, sus restos fueron inhumados con honores en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez. Un batallón de 300 hombres enalteció su mérito e investidura con la interpretación del Himno Nacional y una salva de 16 cañonazos, que escuché en la solemnidad de los asistentes.

2.- RAFAEL FILIBERTO BONNELLY (22 de agosto de 1904 – 28 de diciembre de 1979): presidente del Consejo de Estado desde el 18 de enero de 1962 hasta el 27 de febrero de 1963. Lo entrevisté un par de veces, ya ejerciendo su profesión de abogado en sus oficinas de la calle Armando Rodríguez (ensanche la Esperilla), entre la avenida Bolívar y la calle Pedro Henríquez Ureña. La modesta casa de blogs de un nivel fue demolida para habilitar el parqueo del restaurant Boga-Boga.

Las conversaciones fueron sobre diversos temas, entre ellos la polémica con el entonces gobernante Joaquín Balaguer, escenificada a través de cartas en El Nacional y El Caribe, y un espacio pagado entre el 15 y el 19 de julio de 1978, tras las elecciones y el “fallo histórico” en el cual el mandatario fue derrotado por Antonio Guzmán Fernández (PRD). Bonnelly le recordó que «ambos fuimos golpistas», porque en 1930 participaron en el golpe de Estado contra Horacio Vásquez, y a Balaguer le enrostró su prolongado contubernio, en la cúspide del poder, bajo la dictadura de Trujillo.

3.- JUAN BOSCH Y GAVIÑO (30 de junio de 1909, La Vega-1 de noviembre de 2001, Santo Domingo), presidente de la República, 27 de febrero de 1963 hasta el 25 de septiembre de 1963, 7 meses. Sus entrevistas eran a menudo en su casa de la calle César Nicolás Penson número 60, entre las calles Federico Henríquez y Carvajal y Pedro A. Lluberes, en Gazcue. Igualmente, en actos públicos, como la inauguración de la rehabilitada casa del poeta nacional Pedro Mir, en la calle Josefa Perdomo (entre las calles García Godoy y Pasteur), en Gazcue, y la de propio Bosch, en la calle Paseo de los Locutores No. 43, en el ensanche Evaristo Morales de Santo Domingo. Las dos fueron construidas con recolectas financieras de amigos y empresarios cercanos a esos escritores, porque no tenían viviendas propias. ¡Resonemos sus ejemplos!

Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), auspició el primer y más avanzado ensayo democrático tras el derrumbe del régimen trujillista, en 1963, y fue derrocado a los siete meses de mandato. Prejuiciado y de mal genio, tuvo una muy difícil relación con los periodistas, a numerosos de los cuales en las décadas de 1980 y 1990 sometió a la Justicia. Yo monté guardia de honor en su velatorio de la casa nacional del PLD.

4.- DONALD READ CABRAL (9 de junio de 1923 – 22 de julio de 2006). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Participante en un complot para matar a Trujillo y presidente del gobierno de facto denominado Triunvirato (1963-1965) luego de la asonada contra Bosch, entre 1986 y 1988 fungió como secretario de Relaciones Exteriores y embajador y diplomático en misiones especiales ante la ONU e Israel. Además, fue fundador de la importadora de vehículos Reid&Pellerano.

Desempeñaba yo el cargo de encargado de relaciones públicas de Acción Pro-Educación y Cultura (Apec), desde principios de 1980 y hasta los primeros años del año 2000, cuando Read Cabral ocupó la presidencia de esa institución educativa. La asistencia de periodistas a las actividades de Apec eran masivas, por su rol empresarial, diplomático y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Balaguer. Sus declaraciones revestían relevancia, y siempre eran colocadas en primera página del Listín Diario. Sus restos fueron velados, con sencillez, en las instalaciones de Read y Compañía y en su residencia de la calle Cervantes, en Gazcue. Un batallón mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le rindió honores militares en el cementerio nacional de la avenida Máximo Gómez, por su investidura como expresidente de facto y canciller de la República. Allí estuve.

5.- PEDRO BARTOLOMÉ BENOIT (13 de febrero de 1921, Samaná-5 de abril de 2012, Santo Domingo). Período de Gobierno: desde el 1 hasta el 7 de mayo de 1965, 6 días. Director de la primera escuela técnica de la Fuerza Aérea Dominicana, creada en 1957, respaldó el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch y el 25 de abril de 1965, en el inicio de la revolución constitucionalista, el coronel Benoit solicitó la intervención militar de Estados Unidos, concretizada el día 28. Presidió una Junta Militar presidencial, tras la disolución del Triunvirato encabezado por Donald Read Cabral, y que operó en la base aérea de San Isidro.

En los primeros años del año 2000 participamos juntos en actividades y reuniones del consejo superior de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adecinc), Benoit como presidente de la empresa Segasa y yo como encargado de relaciones públicas de la primera organización. Reiteraba que la petición hecha al presidente Lyndon B. Johnson fue necesaria para superar el caos y evitar que la nación fuera gobernada por comunistas. El mayor general retirado Benoit falleció el 5 de abril de 2012 y sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador de la carretera Mella, cubierto por la bandera nacional y al acorde con honores militares de un batallón de la Fuerza Aérea Dominicana, compuesto por tres pelotones.

6.- ANTONIO IMBERT BARRERAS (3 de diciembre de 1920-Puerto Plata-31 de mayo de 2016, Santo Domingo). Presidente del Triunvirato: 23 de diciembre de 1963-25 de abril de 1965. Sobreviviente del grupo que el 30 de mayo de 1961 ajustició a Trujillo, se desempeñó como presidente del Gobierno de facto de Reconstrucción Nacional, contrario a la guerra civil de 1965 y la consiguiente intervención militar de Estados Unidos. Desde 1986 y hasta 1988, en el gobierno de Joaquín Balaguer fue secretario de las Fuerzas Armadas. Ostentó el rango de mayor general vitalicio.

Los breves noticiosos con quien escribe ocurrieron en su arborizada residencia de la avenida Sarasota, en el sector de Bella Vista), próximo a la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo, donde recibió a figuras históricas y al embajador de Estados Unidos John Bartlow Martin.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Por Nelson Encarnación

Como punto inicial para cualquier análisis tenemos que partir del hecho concreto de que la Policía Nacional, como un organismo estatal que monopoliza el uso de la fuerza, está en la obligación de preservar la integridad física de todas las personas objeto de persecución por la presunta comisión de un delito.

Es lo que se impone en un Estado social y democrático de derecho como es la República Dominicana, donde ni siquiera mediante la aplicación de la ley está permitida la pena de muerte.

En esto estamos más que claros. Sin embargo, cuando la criminalidad se desborda; cuando no funcionan los métodos persuasivos; cuando los antisociales se proponen plantar cara a las autoridades, la Policía Nacional se ve ante un grave dilema.

Por un lado, se encuentra con el reclamo de la ciudadanía que se ve asfixiada por las acciones de los delincuentes y pide que el cuerpo policial dé respuesta a una situación que genera una gran incertidumbre.

Solo quienes hemos sido víctimas de delincuentes—directamente o por agresiones a familiares nuestros—sabemos de la impotencia que se apodera de uno cuando se pasa por semejante trance.

Y por el otro lado, la institución tiene que afrontar las críticas—la mayoría de buena fe, pero una parte con intenciones maliciosas—cuando su respuesta a la delincuencia desborda lo que se considera políticamente correcto.

Es decir, los llamados intercambios de disparos le producen a la Policía Nacional un ambiente gris que acaba por minar su imagen ante la sociedad legalista.

Creo que no deberían existir posiciones dubitativas cuando se pone en la balanza la seguridad de 11 millones de dominicanos y los millones de turistas que nos visitan, frente a unos cuantos delincuentes cuyo accionar se circunscribe a una vida de antisociales irrecuperables.

La autoridad tiene que preservar la tranquilidad ciudadana apelando a la famosa ley de la necesidad del romano Tito Livio, que, en el caso particular de la situación dominicana, se contrae a la obligación que tiene el Estado de apelar incluso a ciertos extremos para preservar el derecho de la mayoría.

La seguridad ciudadana, definida así como concepto medio abstracto, se fundamenta en la obligación que tiene la Policía de garantizar todos que los dominicanos podamos transitar tranquilos por las calles o dormir sin sobresaltos. Lo demás es parafernalia ruidosa.