Análisis Noticiosos
La Procuraduría General manipula su generoso acuerdo con Odebrecht
Por: Juan Bolivar Díaz
Una semana después del plazo convenido, la Procuraduría General de la República (PGR) parece haber olvidado el generoso acuerdo que firmó con la Odebrecht, en cuyo artículo fundamental la empresa se comprometió a entregar toda la información sobre sus sobornos en el país.
Al entrar en el sexto mes del escándalo, nada se ha avanzado en los cuatro aspectos básicos: los sobornados, la cuantía de las sobrevaluaciones de obras, el financiamiento de campañas electorales y la confesión de que en 2014 la Odebrecht trasladó al país su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que gestionaba la corrupción transnacional.
El compromiso pactado. Aunque desconocía mandatos de la Ley de Compras y Contrataciones y de la Ley de Sobornos, tanto la PGR como sus abogados justificaron el generoso pacto que permite a la Odebrecht seguir operando en el país, sobre la base de que la empresa brasileña se comprometía a adelantar toda la información sobre sus prácticas corruptoras. Tras su homologación el 19 de abril por el juez Danilo Amador Ogando, el procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que “a pesar de que contemplaba un plazo de 60 días para entregar esa información, la empresa se ha comprometido a entregarla en menos de 30 días, es decir que el día 19 de mayo tendremos los nombres de los sobornados para poder proceder como manda la ley, caiga quien caiga, y sin excepciones de colores de partidos y de Gobierno”.
No faltaron objeciones a tan generoso acuerdo, sobre todo tomándose en cuenta que las autoridades judiciales brasileñas ya se habían comprometido con varios procuradores reunidos al efecto a hacer públicas todas sus investigaciones al comenzar junio, es decir menos de dos semanas después del compromiso de Odebrecht.
Ya el 20 de abril el Ministerio Público de Brasil anunció que había enviado la documentación a la República Dominicana, aunque todavía cinco días después la PGR negaba que la hubiese recibido. Mientras los medios de comunicación descontaban los días que faltaban para que se cumpliera lo pactado con la empresa transnacional.
La sorpresa fue que al cumplirse el plazo, el 18 de mayo, la PGR anunció el recibimiento de la documentación brasileña, y la presentó como cumplimiento del pacto. Por escrito dijo “que tal y como se anunció hace un mes, ayer miércoles llegaron las informaciones de Brasil sobre el caso Odebrecht”, agregando que así “se está cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo realizado con la empresa Odebrecht”.
Mentira y renuncia de PGR. Independientemente de lo que dijeron el procurador y sus abogados para justificar el acuerdo, lo pactado es que la Odebrecht entregaría toda la información local que posee, no lo que pudo reunir la justicia brasileña, donde no habría interés en los detalles de cómo operaron los sobornos en cada uno de los 12 países involucrados. Esos detalles fueron los contemplados en el artículo 1 del acuerdo, que se cita en recuadro anexo. Un ministro dominicano, que no firmó ni ejecutó contratos, aparece señalado en un testimonio judicial en Brasil como receptor de ayuda para campaña electoral, pero sin indicarse monto.
Si era por lo que la justicia brasileña haría público en junio, no se justificaba el trato generoso a la Odebrecht por dos semanas de antelación. Pero decir que eso fue lo que se pactó en el acuerdo es una ofensa a los que saben leer. La PGR parece renunciar a exigir a Odebrecht los detalles sus operaciones corruptas, como indica el acuerdo homologado por el juez Quevedo, derivando esa responsabilidad a lo que quiera o pueda testimoniar su intermediario ejecutivo Angel Rondón. Fuentes informadas adelantan un trato generoso con este, excluyendo del expediente a una hija con responsabilidad en una empresa implicada.
Tal era el compromiso, que un párrafo del artículo 3 del acuerdo establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.
Nada de sobrevaluaciones. Aunque la misma confesión de Odebrecht indica que por sus sobornos derivó beneficios de 163 millones de dólares en RD, lo que implica sobrevaluaciones, el acuerdo se limita al cobro y en plazo de ocho años, de la multa por los sobornos, y entrado el sexto mes del escándalo, ahora es que se anuncia que en junio la Cámara de Cuentas podría iniciar auditorías a las obras realizadas por Odebrecht en el país, exceptuando las que aún están en ejecución, que incluyen las plantas de carbón por 2 mil millones de dólares. Hace apenas un mes que la PGR pidió esas auditorías.
Es criterio generalizado, como consignó el economista Pedro Silverio, vicerrector académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, que soborno implica sobrevaluación. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, uno de los ejecutivos de las “Operaciones Estructuradas” de Odebrech, preso y encausado, testimonió ante los fiscales que para sobornar la empresa aplicaba una tasa de 22 por ciento sobre el valor de sus obras.
Si esa tasa se aplicó a todas las obras contratadas en el país entre el 2001| y 2014, con un monto alrededor de 6 mil millones de dólares, incluidas las plantas de carbón en 2013, la sobrevaluación pasaría de mil millones de dólares, más de once veces la sumatoria de sobornos confesados. En un cotejo de 8 de los 18 contratos otorgados en el país a la constructora brasileña, se estableció que las obras concluyeron con adendas sobre 34.5 por ciento de lo originalmente acordado.
Financiamiento de campañas. Las autoridades dominicanas solo se refieren a los sobornos, ignorando otros componentes graves del escándalo de Odebrecht, como el financiamiento de las campañas electorales. Y las manipulaciones se centran en la morbosidad de saber quiénes recibieron sobornos, hasta esto banalizado y convertido en chercha degradadora por diligentes voceros que esta semana pusieron en circulación cuatro listas de sobornados, hasta falsificando un documento oficial de la justicia brasileña, sustituyéndole una página para incluir 26 nombres de dominicanos, incluyendo reputados periodistas y un empresario.
Si la PGR da crédito a los sobornos en los testimonios ante la justicia brasileña, debería hacer lo mismo sobre el financiamiento de campañas electorales, y ahí están los de los directores del Departamento de Operaciones Estructuradas, Heriberto de Souza Silva, Fernando Miglaccio y Luiz Eduardo De Rocha Soares. Los tres han explicado cómo financiaban campañas electorales en Brasil, El Salvador, Venezuela, Panamá, Angola y República Dominicana, a través de Joao Santana y su esposa Mónica Moura.
No han faltado detalles como el uso de la offshore Shellbil Finance” para transferir dinero de Odebrecht a las cuentas de Santana y Moura, apresados en abril de 2016, cuando asesoraban la campaña reelecionista del presidente Danilo Medina.
Cuatro entidades sociales pusieron en manos de la PGR una denuncia de la tortuosa ruta que siguieron 16 transferencias por 4 millones 396,796 dólares, entre 2013 y 2014, de la cuenta Heritage en Suiza, pasando por diferentes empresas peruanas ligadas a Odebrecht para terminar en la cuenta de Cine&Art 2013, registrada en Santo Domingo por asociados de Santana.
RD paraíso de corrupción. El cuarto elemento del escándalo es el testimonio de los ejecutivos de Odebrecht de que cuando las investigaciones brasileñas apretaron en el 2014, trasladaron sus “Operaciones Estructuradas” a la República Dominicana.
En su testimonio, ya publicado por la Fiscalía brasileña, Fernando Migliaccio detalla cómo en una reunión con él y Heriberto da Silva, en julio de 2014, el jefe supremo Marcelo Odebrecht instruyó para que los de las Operaciones Estructuradas salieran de Brasil, que “orientó para que eligieran el lugar a donde se mudarían, pero que fuera de inmediato”, y optaron por República Dominicana, aunque Migliaccio se mudó a Miami, de donde viajaba al país cada semana.
Eso podría explicar por qué una cuenta de Joao Santana en el Heritage Bank de Suiza, tenía acumulados 21.6 millones de dólares en 2015, incluso con 10 transferencias de 500 mil dólares cada una procedentes de República Dominicana, según reveló el 19 de marzo el reconocido diario brasileño O Globo, citando documentos.
Ninguna autoridad judicial, ni política o gubernamental, se ha referido a este aspecto cardinal del escándalo de corrupción transnacional más grande de la historia que llegó a utilizar el país como plataforma operativa. Tal vez por el poder que tenía aquí el asesor presidencial Joao Santana, hasta el día en que fue requerido por Brasil para ser recibido con esposas, encarcelado y ya condenado a 8 años de cárcel, lo que ni siquiera se ha deplorado aquí, en el paraíso de la corrupción y la impunidad.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.