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Protesta violenta en Brasil es modelo de lucha política que es réplica de intolerancia política de la ultraderecha norteamericana.
Miles de seguidores del derrotado presidente de ultraderecha Jair Bolsonoro de Brasil ocuparon los tres poderes del Estado en una reproducción al pie de la letra de lo ocurrido en los Estados Unidos por los partidarios de un personaje siniestro como Donald Trump.
Los radicales de ultraderecha buscaron crear los mismos daños a instituciones que deben ser sagradas de las naciones, como son el Congreso, la justicia y la casa presidencial, pero que los destrozos causados hablan muy claro de la vocación y la radicalización de sectores que perdieron las elecciones en buena lid primero en Estados Unidos y ahora en el Brasil.
Este modelo de lucha se constituye en una negación de los sistemas medularmente democráticos, ya que la vía para determinar el gobierno que el ciudadano de cualquier país se busca dar tiene que ser primero a través de un debate de las ideas y segundo mediante la votación, la cual descansa en el derecho constitucional de elegir y ser elegible.
Sin embargo, los seguidores de Donald Trump y de Bolsonaro entienden que a la contienda electoral sólo se va a ganar y no a perder y en consecuencia para esas atrasadas y antidemocráticas ideas se busca no sólo disentir de los que ganaron, sino también de impedir que ascienden al poder en contraposición de los mandatos y las reglas de la democracia.
Lo grave de esta conducta y comportamiento es que además esas acciones se constituyen en una grave y peligrosa amenaza de la poca o mucha institucionalidad que haya logrado un país, las cuales se circunscriben por el momento a los Estados Unidos y ahora con la réplica de Brasil, cuyos manifestantes abiertamente han pedido a las Fuerzas Armadas que impida el ejercicio del poder a los que legítimamente fueron elegidos para dirigir los destinos nacionales.
El no enfrentar con la dureza que demanda el caso las referidas protestas e incluso las que se puedan producir a partir de ahora se podría estar hablando de un modelo de disentir que se podría extender a prácticamente todos los países del mundo, pero principalmente hacia las naciones del llamado tercer mundo, las cuales tienen una larga tradición de gobiernos dictatoriales y de ultraderecha.
El asunto es que este comportamiento podría generalizarse y representar una amenaza para todas las democracias del planeta, cuyo sistema político es el más preconizado y recomendado en lugares donde hay una marcada debilidad e incluso falta de credibilidad de este modelo político.
La conducta de estos ultraderechistas no se trata de un juego, sino de una desviación de lo que se podría llamar como la legitima lucha política de todos los sectores que conforman la vida del conglomerado de naciones de la comunidad internacional.
Desde hace ya mucho tiempo que este periódico advirtió del peligro que encierra la forma equivocada de canalizar las ideas políticas por parte de la ultraderecha, porque es que para ella las elecciones sólo tienen sentido cuando permite que tenga ganancia de causa, cuyo método de no estar de acuerdo con el contrario, constituye una aberración que lesiona el estado de derecho y la democracia.
Lo mejor que ha sucedido ante la amenazante desviación de los seguidores de Bolsonaro y Donald Trump es que amplios sectores de la comunidad internacional les han salido al frente a estos negadores de los principios que rigen la democracia, en la que no sólo tienen derecho a participar y gobernar las mayorías, sino también las minorías, lo cual ocurre regularmente con alternabilidad como se ha producido ahora en Brasil y como se concretó en los Estados Unidos.
Detener estas conductas antidemocráticas, que envían el mensaje de que es la única que tiene el derecho de ganar elecciones y gobernar las naciones es la ultraderecha, es de primer orden por lo que representa ponerle una camisa de fuerza a los ciudadanos y eliminar las opciones que deben existir en todo proceso electoral.
Si la institucionalidad no se impone al caos promovido por la ultraderecha se puede asegurar que la violencia, la intolerancia y la ingobernabilidad prevalecerán en todas las naciones del mundo y sólo el rechazo unánime del que ama la paz y el orden podrá evitar que estas cosas tomen fuerza y que el mundo se vuelva invivible.
Se impone que la sanción para la ultraderecha y los antisociales que promueven estos eventos intranquilizadores sea lo suficientemente severa para salvar los principios democráticos que rigen la mayoría de las naciones, cuyo sustento descansa en sus derechos constitucionales y todos los convenios firmados por los Estados que refuerzan el derecho a disentir políticamente de los demás, lo cual es un aspecto muy importante del estado de derecho.
Se debe advertir que tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro son dos malos, muy malos ejemplos, para los sistemas políticos que operan en el marco de la pluralidad que actualmente prevalece en todas las naciones y entonces es vital que haya una respuesta que detenga estas desviaciones que ponen en peligro el sistema democrático.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.