Opinión
La rebelión de los pensionados
Por Juan Bolívar Díaz
Si hay un sector que debió hace tiempo protagonizar una rebelión pública en este país es el de los pensionados del Estado, los que se están muriendo a plazos en medio de la más horrible pobreza, con ingresos que no les alcanzan ni para comprar el más elemental medicamento propio de la tercera edad.
Son 110 mil personas, de las que el 95 por ciento, o sea más de 104 mil, reciben apenas 5,117 pesos mensuales, tras haber cumplido tres y cuatro décadas de servicios al Estado. Con la agravante de que la mayoría cotizó, durante todo su lapso de servicio, para una prometida jubilación, a un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que ha devenido en la más espectacular muestra de la desidia, la corrupción y la ruptura institucional.
Como es natural en las personas de la tercera edad, una gran proporción sufre enfermedades, algunas crónicas como la diabetes o la hipertensión, que los obligan a adquirir medicamentos cuyo costo mensual supera ampliamente el monto de sus pensiones. Para colmo de males, esos pensionados no están incorporados al nuevo sistema de Seguridad Social, lo que es más burlesco cuando los gobernantes proclaman los “enormes avances” que dicen haber logrado en la cobertura, dándole tarjetas de asegurados a más de dos millones de pobres para que reciban servicios hospitalarios tan deficientes como los que se les ofrecía antes del plástico.
Para los que alegan ignorancia de la dimensión de nuestras injusticias, hay que recordar que según el Banco Central, el costo de la canasta familiar del quintil más pobre del país estaba estimado en 13 mil 108 pesos al 31 de enero, lo que significa que esas 104 mil víctimas sociales apenas reciben el equivalente al 39 por ciento. Están condenados a la extrema pobreza o a depender de la caridad de familiares, amigos y hasta vecinos.
Agreguen a la barbaridad que el monto de las pensiones está congelado desde hace una década, lo que implica que la inflación se comió alrededor del 50 por ciento de lo que fue tras la última revaluación.
No faltarán quienes entiendan que de todas formas esos pensionados son privilegiados, ya que hay decenas de miles en todos los estamentos del Estado que hace años reclaman ser pensionados. Las asociaciones de enfermeras sostienen que el 40 por ciento de sus afiliadas están en edad de pensionarse, y que muchas viven de licencia en licencia temerosas de que les vayan a pensionar con 5,117 pesos, 40 por ciento de los sueldos de la mayoría de ellas.
Se ha dicho que el Estado responde a miles de demandas de pensiones en la misma proporción en que van muriendo los privilegiados de los 5,117 pesos.
Lo grande es que en el cinco por ciento de los pensionados que están por encima del mínimo indicado, se cuentan muchos que no trabajaron para el Estado, a quienes se les ha asignado 25, 50 y hasta 100 mil pesos. Se incluye a personas ricas o de clase media alta y media, incluyendo periodistas, artistas, deportistas y viudas de políticos.
No dejen de anotar que organismos autónomos y descentralizados del Estado, incluyendo a exlegisladores, pagan pensiones de cientos de miles de pesos mensuales, dotadas, además de seguros médicos internacionales.
Ante tanta iniquidad, no se entiende cómo solo los trabajadores cañeros salen a las calles cada mes a reclamar justicia. Todos los pensionados y los pendientes deberían protestar. Y que lo hagan ahora en medio del festival demagógico de la campaña electoral.
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.