Nacionales
“César El Abusador” enviaba y distribuía heroína y cocaína en los EEUU
Los dominicanos serían extraditados a los distritos Sur de California y Norte de Nueva York; DNI no sabe si César dejó el país; detienen a otra persona
La solicitud de extradicion de las autoridades de los Estados Unidos en contra de la red de Cesar el Abusador esta fundamentada en posesión, tráfico y distribución de uno, cinco o más kilos de heroína y cocaína. El pedido de extradición que reposa en la Procuraduría General de la Republica, cuyo conocimiento fue suspendido para el martes 27 de agosto, el expelotero Baltazar Mesa, el “Maestro”, y José Jesús Tapia Pérez, “Bola Negra”, establece una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Esas imputaciones constituyen una violación a las secciones 963, el acápite A de la 952, B de la 960, del título 1 del Código de los Estados Unidos, así como las secciones 846, 841 y sus acápites A y B.
En tanto que a Sergio Gómez Díaz se le vincula a posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York lo cual, según la acusación, son violaciones a las secciones 963, 959 (a), 959 (b), 960 (a) (3), 960(b)(1) (a) y 960 (b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, así como a las secciones 846, 841(a)(1)(a)(i) y 841 (b)(1)(a)(ii)(II) del código.
Todo parece indicar que al menos el expelotero está en disposición de irse voluntariamente a EEUU a responder las acusaciones que se le hacen. Así lo hizo saber su abogado, Pedro José Pérez, luego de que en una reunión con el procurador Andrés Chalas y la representante de la Embajada de EEUU, Alnaldis Alcántara, le presentaran los documentos que sustentan el pedido.
“Ese caso no tiene nada que ver con el de César El Abusador… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez.
La Cámara Penal reenvió para el martes próximo el conocimiento de la extradición para que a los abogados de Mesa y Gómez se les notifique la acusación y tomen conocimiento de los expedientes. De igual manera para que a José Tapia le sea asignado un defensor público.
“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó el expelotero señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico cuando salía de la sala de audiencias.
“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, continuó diciendo mientras era trasladado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En total diez personas han sido detenidas por el Ministerio Público y persiguen a 13, por supuestamente estar vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos. Ayer fue apresado en el sector Vista Hermosa, de Santo Domingo Este, Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) contra quien el Ministerio Público tiene previsto solicitar la imposición de una medida de coerción.
En tanto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el martes el conocimiento de la medida de coerción a Edward Núñez y Baltazar, detenido en San Francisco de Macorís por porte ilegal de armas y ocultamiento del expelotero Mesa.
Núñez y Baltazar fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el residencial Don Neftali, en San Francisco de Macorís, y de acuerdo con las autoridades, en el lugar se confiscaron varias armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Para el lunes fue reenviada la audiencia de solicitud de prisión preventiva al expelotero Octavio Dotel junto a Obispo Féliz Lorenzo, Roberto Cáceres y José Bernabé Quiterio, quienes son señalados como miembros de la red de lavado desarrollada por “El Abusador”.
La esposa de Sergio Gómez expresó que el arresto e inicio de proceso de extradición llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, junto a las autoridades norteamericanas, constituyen un daño moral y familiar que ningún dinero del mundo podrá pagar.
“El Gobierno dominicano no tiene dinero con qué pagarnos el daño moral que nos ha hecho como familia y el trauma que les ha causado a mis hijos ni el presidente ni nadie aquí tiene el precio para pagarme el daño que nos ha hecho psicológicamente”, dijo Steisy de Gómez.
El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo ayer que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Peralta, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.
Sin embargo, explicó que hay una investigación abierta y que desconoce si el declarado prófugo por la Procuraduría General salió del país.
Refirió, además, que aunque el DNI no participó en la operación que está a cargo de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le dan “apoyo a la investigación”.
Los tres solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses coincidieron ayer en afirmar que desconocen quién es César Peralta, así como las imputaciones por las cuales la embajada pide su traslado a territorio norteamericano.
“Nunca lo he visto ni lo conozco”, respondió Sergio Gómez Díaz cuando le preguntaron por el tipo de vínculo que tiene con “César El Abusador”, antes de que los jueces de la Suprema Corte subieran a estrado.
José Tapia Pérez, quien fue trasladado al tribunal sin abogado, afirmó desconocer los cargos que se le imputan. “Me sorprendió. Vamos a ver qué dicen los fiscales, de verdad no tengo idea. No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí de verdad. Vamos a esperar que dicen”, afirmó Tapia
“Estoy dispuesto a enfrentar la Justicia donde sea, donde sea, como quieran ellos”, dijo tras la insistencia de los reporteros.
Se dispuso de un amplio dispositivo de seguridad para el traslado de los detenidos, desde y hacia la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.