Nacionales
“César El Abusador” enviaba y distribuía heroína y cocaína en los EEUU
Los dominicanos serían extraditados a los distritos Sur de California y Norte de Nueva York; DNI no sabe si César dejó el país; detienen a otra persona
La solicitud de extradicion de las autoridades de los Estados Unidos en contra de la red de Cesar el Abusador esta fundamentada en posesión, tráfico y distribución de uno, cinco o más kilos de heroína y cocaína. El pedido de extradición que reposa en la Procuraduría General de la Republica, cuyo conocimiento fue suspendido para el martes 27 de agosto, el expelotero Baltazar Mesa, el “Maestro”, y José Jesús Tapia Pérez, “Bola Negra”, establece una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Esas imputaciones constituyen una violación a las secciones 963, el acápite A de la 952, B de la 960, del título 1 del Código de los Estados Unidos, así como las secciones 846, 841 y sus acápites A y B.
En tanto que a Sergio Gómez Díaz se le vincula a posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York lo cual, según la acusación, son violaciones a las secciones 963, 959 (a), 959 (b), 960 (a) (3), 960(b)(1) (a) y 960 (b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, así como a las secciones 846, 841(a)(1)(a)(i) y 841 (b)(1)(a)(ii)(II) del código.
Todo parece indicar que al menos el expelotero está en disposición de irse voluntariamente a EEUU a responder las acusaciones que se le hacen. Así lo hizo saber su abogado, Pedro José Pérez, luego de que en una reunión con el procurador Andrés Chalas y la representante de la Embajada de EEUU, Alnaldis Alcántara, le presentaran los documentos que sustentan el pedido.
“Ese caso no tiene nada que ver con el de César El Abusador… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez.
La Cámara Penal reenvió para el martes próximo el conocimiento de la extradición para que a los abogados de Mesa y Gómez se les notifique la acusación y tomen conocimiento de los expedientes. De igual manera para que a José Tapia le sea asignado un defensor público.
“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó el expelotero señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico cuando salía de la sala de audiencias.
“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, continuó diciendo mientras era trasladado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En total diez personas han sido detenidas por el Ministerio Público y persiguen a 13, por supuestamente estar vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos. Ayer fue apresado en el sector Vista Hermosa, de Santo Domingo Este, Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) contra quien el Ministerio Público tiene previsto solicitar la imposición de una medida de coerción.
En tanto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el martes el conocimiento de la medida de coerción a Edward Núñez y Baltazar, detenido en San Francisco de Macorís por porte ilegal de armas y ocultamiento del expelotero Mesa.
Núñez y Baltazar fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el residencial Don Neftali, en San Francisco de Macorís, y de acuerdo con las autoridades, en el lugar se confiscaron varias armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Para el lunes fue reenviada la audiencia de solicitud de prisión preventiva al expelotero Octavio Dotel junto a Obispo Féliz Lorenzo, Roberto Cáceres y José Bernabé Quiterio, quienes son señalados como miembros de la red de lavado desarrollada por “El Abusador”.
La esposa de Sergio Gómez expresó que el arresto e inicio de proceso de extradición llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, junto a las autoridades norteamericanas, constituyen un daño moral y familiar que ningún dinero del mundo podrá pagar.
“El Gobierno dominicano no tiene dinero con qué pagarnos el daño moral que nos ha hecho como familia y el trauma que les ha causado a mis hijos ni el presidente ni nadie aquí tiene el precio para pagarme el daño que nos ha hecho psicológicamente”, dijo Steisy de Gómez.
El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo ayer que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Peralta, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.
Sin embargo, explicó que hay una investigación abierta y que desconoce si el declarado prófugo por la Procuraduría General salió del país.
Refirió, además, que aunque el DNI no participó en la operación que está a cargo de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le dan “apoyo a la investigación”.
Los tres solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses coincidieron ayer en afirmar que desconocen quién es César Peralta, así como las imputaciones por las cuales la embajada pide su traslado a territorio norteamericano.
“Nunca lo he visto ni lo conozco”, respondió Sergio Gómez Díaz cuando le preguntaron por el tipo de vínculo que tiene con “César El Abusador”, antes de que los jueces de la Suprema Corte subieran a estrado.
José Tapia Pérez, quien fue trasladado al tribunal sin abogado, afirmó desconocer los cargos que se le imputan. “Me sorprendió. Vamos a ver qué dicen los fiscales, de verdad no tengo idea. No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí de verdad. Vamos a esperar que dicen”, afirmó Tapia
“Estoy dispuesto a enfrentar la Justicia donde sea, donde sea, como quieran ellos”, dijo tras la insistencia de los reporteros.
Se dispuso de un amplio dispositivo de seguridad para el traslado de los detenidos, desde y hacia la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.