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“César El Abusador” enviaba y distribuía heroína y cocaína en los EEUU
Los dominicanos serían extraditados a los distritos Sur de California y Norte de Nueva York; DNI no sabe si César dejó el país; detienen a otra persona
La solicitud de extradicion de las autoridades de los Estados Unidos en contra de la red de Cesar el Abusador esta fundamentada en posesión, tráfico y distribución de uno, cinco o más kilos de heroína y cocaína. El pedido de extradición que reposa en la Procuraduría General de la Republica, cuyo conocimiento fue suspendido para el martes 27 de agosto, el expelotero Baltazar Mesa, el “Maestro”, y José Jesús Tapia Pérez, “Bola Negra”, establece una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Esas imputaciones constituyen una violación a las secciones 963, el acápite A de la 952, B de la 960, del título 1 del Código de los Estados Unidos, así como las secciones 846, 841 y sus acápites A y B.
En tanto que a Sergio Gómez Díaz se le vincula a posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York lo cual, según la acusación, son violaciones a las secciones 963, 959 (a), 959 (b), 960 (a) (3), 960(b)(1) (a) y 960 (b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, así como a las secciones 846, 841(a)(1)(a)(i) y 841 (b)(1)(a)(ii)(II) del código.
Todo parece indicar que al menos el expelotero está en disposición de irse voluntariamente a EEUU a responder las acusaciones que se le hacen. Así lo hizo saber su abogado, Pedro José Pérez, luego de que en una reunión con el procurador Andrés Chalas y la representante de la Embajada de EEUU, Alnaldis Alcántara, le presentaran los documentos que sustentan el pedido.
“Ese caso no tiene nada que ver con el de César El Abusador… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez.
La Cámara Penal reenvió para el martes próximo el conocimiento de la extradición para que a los abogados de Mesa y Gómez se les notifique la acusación y tomen conocimiento de los expedientes. De igual manera para que a José Tapia le sea asignado un defensor público.
“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó el expelotero señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico cuando salía de la sala de audiencias.
“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, continuó diciendo mientras era trasladado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En total diez personas han sido detenidas por el Ministerio Público y persiguen a 13, por supuestamente estar vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos. Ayer fue apresado en el sector Vista Hermosa, de Santo Domingo Este, Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) contra quien el Ministerio Público tiene previsto solicitar la imposición de una medida de coerción.
En tanto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el martes el conocimiento de la medida de coerción a Edward Núñez y Baltazar, detenido en San Francisco de Macorís por porte ilegal de armas y ocultamiento del expelotero Mesa.
Núñez y Baltazar fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el residencial Don Neftali, en San Francisco de Macorís, y de acuerdo con las autoridades, en el lugar se confiscaron varias armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Para el lunes fue reenviada la audiencia de solicitud de prisión preventiva al expelotero Octavio Dotel junto a Obispo Féliz Lorenzo, Roberto Cáceres y José Bernabé Quiterio, quienes son señalados como miembros de la red de lavado desarrollada por “El Abusador”.
La esposa de Sergio Gómez expresó que el arresto e inicio de proceso de extradición llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, junto a las autoridades norteamericanas, constituyen un daño moral y familiar que ningún dinero del mundo podrá pagar.
“El Gobierno dominicano no tiene dinero con qué pagarnos el daño moral que nos ha hecho como familia y el trauma que les ha causado a mis hijos ni el presidente ni nadie aquí tiene el precio para pagarme el daño que nos ha hecho psicológicamente”, dijo Steisy de Gómez.
El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo ayer que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Peralta, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.
Sin embargo, explicó que hay una investigación abierta y que desconoce si el declarado prófugo por la Procuraduría General salió del país.
Refirió, además, que aunque el DNI no participó en la operación que está a cargo de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le dan “apoyo a la investigación”.
Los tres solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses coincidieron ayer en afirmar que desconocen quién es César Peralta, así como las imputaciones por las cuales la embajada pide su traslado a territorio norteamericano.
“Nunca lo he visto ni lo conozco”, respondió Sergio Gómez Díaz cuando le preguntaron por el tipo de vínculo que tiene con “César El Abusador”, antes de que los jueces de la Suprema Corte subieran a estrado.
José Tapia Pérez, quien fue trasladado al tribunal sin abogado, afirmó desconocer los cargos que se le imputan. “Me sorprendió. Vamos a ver qué dicen los fiscales, de verdad no tengo idea. No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí de verdad. Vamos a esperar que dicen”, afirmó Tapia
“Estoy dispuesto a enfrentar la Justicia donde sea, donde sea, como quieran ellos”, dijo tras la insistencia de los reporteros.
Se dispuso de un amplio dispositivo de seguridad para el traslado de los detenidos, desde y hacia la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.