Nacionales
“César El Abusador” enviaba y distribuía heroína y cocaína en los EEUU
Los dominicanos serían extraditados a los distritos Sur de California y Norte de Nueva York; DNI no sabe si César dejó el país; detienen a otra persona
La solicitud de extradicion de las autoridades de los Estados Unidos en contra de la red de Cesar el Abusador esta fundamentada en posesión, tráfico y distribución de uno, cinco o más kilos de heroína y cocaína. El pedido de extradición que reposa en la Procuraduría General de la Republica, cuyo conocimiento fue suspendido para el martes 27 de agosto, el expelotero Baltazar Mesa, el “Maestro”, y José Jesús Tapia Pérez, “Bola Negra”, establece una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Esas imputaciones constituyen una violación a las secciones 963, el acápite A de la 952, B de la 960, del título 1 del Código de los Estados Unidos, así como las secciones 846, 841 y sus acápites A y B.
En tanto que a Sergio Gómez Díaz se le vincula a posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York lo cual, según la acusación, son violaciones a las secciones 963, 959 (a), 959 (b), 960 (a) (3), 960(b)(1) (a) y 960 (b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, así como a las secciones 846, 841(a)(1)(a)(i) y 841 (b)(1)(a)(ii)(II) del código.
Todo parece indicar que al menos el expelotero está en disposición de irse voluntariamente a EEUU a responder las acusaciones que se le hacen. Así lo hizo saber su abogado, Pedro José Pérez, luego de que en una reunión con el procurador Andrés Chalas y la representante de la Embajada de EEUU, Alnaldis Alcántara, le presentaran los documentos que sustentan el pedido.
“Ese caso no tiene nada que ver con el de César El Abusador… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez.
La Cámara Penal reenvió para el martes próximo el conocimiento de la extradición para que a los abogados de Mesa y Gómez se les notifique la acusación y tomen conocimiento de los expedientes. De igual manera para que a José Tapia le sea asignado un defensor público.
“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó el expelotero señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico cuando salía de la sala de audiencias.
“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, continuó diciendo mientras era trasladado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En total diez personas han sido detenidas por el Ministerio Público y persiguen a 13, por supuestamente estar vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos. Ayer fue apresado en el sector Vista Hermosa, de Santo Domingo Este, Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) contra quien el Ministerio Público tiene previsto solicitar la imposición de una medida de coerción.
En tanto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el martes el conocimiento de la medida de coerción a Edward Núñez y Baltazar, detenido en San Francisco de Macorís por porte ilegal de armas y ocultamiento del expelotero Mesa.
Núñez y Baltazar fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el residencial Don Neftali, en San Francisco de Macorís, y de acuerdo con las autoridades, en el lugar se confiscaron varias armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Para el lunes fue reenviada la audiencia de solicitud de prisión preventiva al expelotero Octavio Dotel junto a Obispo Féliz Lorenzo, Roberto Cáceres y José Bernabé Quiterio, quienes son señalados como miembros de la red de lavado desarrollada por “El Abusador”.
La esposa de Sergio Gómez expresó que el arresto e inicio de proceso de extradición llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, junto a las autoridades norteamericanas, constituyen un daño moral y familiar que ningún dinero del mundo podrá pagar.
“El Gobierno dominicano no tiene dinero con qué pagarnos el daño moral que nos ha hecho como familia y el trauma que les ha causado a mis hijos ni el presidente ni nadie aquí tiene el precio para pagarme el daño que nos ha hecho psicológicamente”, dijo Steisy de Gómez.
El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo ayer que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Peralta, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.
Sin embargo, explicó que hay una investigación abierta y que desconoce si el declarado prófugo por la Procuraduría General salió del país.
Refirió, además, que aunque el DNI no participó en la operación que está a cargo de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le dan “apoyo a la investigación”.
Los tres solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses coincidieron ayer en afirmar que desconocen quién es César Peralta, así como las imputaciones por las cuales la embajada pide su traslado a territorio norteamericano.
“Nunca lo he visto ni lo conozco”, respondió Sergio Gómez Díaz cuando le preguntaron por el tipo de vínculo que tiene con “César El Abusador”, antes de que los jueces de la Suprema Corte subieran a estrado.
José Tapia Pérez, quien fue trasladado al tribunal sin abogado, afirmó desconocer los cargos que se le imputan. “Me sorprendió. Vamos a ver qué dicen los fiscales, de verdad no tengo idea. No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí de verdad. Vamos a esperar que dicen”, afirmó Tapia
“Estoy dispuesto a enfrentar la Justicia donde sea, donde sea, como quieran ellos”, dijo tras la insistencia de los reporteros.
Se dispuso de un amplio dispositivo de seguridad para el traslado de los detenidos, desde y hacia la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.