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“César El Abusador” enviaba y distribuía heroína y cocaína en los EEUU
Los dominicanos serían extraditados a los distritos Sur de California y Norte de Nueva York; DNI no sabe si César dejó el país; detienen a otra persona
La solicitud de extradicion de las autoridades de los Estados Unidos en contra de la red de Cesar el Abusador esta fundamentada en posesión, tráfico y distribución de uno, cinco o más kilos de heroína y cocaína. El pedido de extradición que reposa en la Procuraduría General de la Republica, cuyo conocimiento fue suspendido para el martes 27 de agosto, el expelotero Baltazar Mesa, el “Maestro”, y José Jesús Tapia Pérez, “Bola Negra”, establece una asociación delictiva para importar, distribuir y promover la venta de cinco kilogramos o más de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Esas imputaciones constituyen una violación a las secciones 963, el acápite A de la 952, B de la 960, del título 1 del Código de los Estados Unidos, así como las secciones 846, 841 y sus acápites A y B.
En tanto que a Sergio Gómez Díaz se le vincula a posesión y distribución de un kilo o más de heroína y cinco kilos o más de cocaína en el Norte de Nueva York lo cual, según la acusación, son violaciones a las secciones 963, 959 (a), 959 (b), 960 (a) (3), 960(b)(1) (a) y 960 (b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos, así como a las secciones 846, 841(a)(1)(a)(i) y 841 (b)(1)(a)(ii)(II) del código.
Todo parece indicar que al menos el expelotero está en disposición de irse voluntariamente a EEUU a responder las acusaciones que se le hacen. Así lo hizo saber su abogado, Pedro José Pérez, luego de que en una reunión con el procurador Andrés Chalas y la representante de la Embajada de EEUU, Alnaldis Alcántara, le presentaran los documentos que sustentan el pedido.
“Ese caso no tiene nada que ver con el de César El Abusador… Nada de lo que tiene que ver con César se ha hablado ahí. En el expediente no se habla nada de eso. Lo acusan de distribución, pero no con el caso de César. Es un caso pendiente que él tiene en Miami, EEUU”, argumentó Pérez.
La Cámara Penal reenvió para el martes próximo el conocimiento de la extradición para que a los abogados de Mesa y Gómez se les notifique la acusación y tomen conocimiento de los expedientes. De igual manera para que a José Tapia le sea asignado un defensor público.
“Yo voy donde sea, yo no tengo miedo. Yo voy donde sea”, expresó el expelotero señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico cuando salía de la sala de audiencias.
“Yo no sé ni quién es César, ni quien es nadie”, continuó diciendo mientras era trasladado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
En total diez personas han sido detenidas por el Ministerio Público y persiguen a 13, por supuestamente estar vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos. Ayer fue apresado en el sector Vista Hermosa, de Santo Domingo Este, Manuel Sánchez Pérez (Pupilo) contra quien el Ministerio Público tiene previsto solicitar la imposición de una medida de coerción.
En tanto que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el martes el conocimiento de la medida de coerción a Edward Núñez y Baltazar, detenido en San Francisco de Macorís por porte ilegal de armas y ocultamiento del expelotero Mesa.
Núñez y Baltazar fueron detenidos durante un allanamiento realizado en el residencial Don Neftali, en San Francisco de Macorís, y de acuerdo con las autoridades, en el lugar se confiscaron varias armas de fuego de diferentes tipos y calibres.
Para el lunes fue reenviada la audiencia de solicitud de prisión preventiva al expelotero Octavio Dotel junto a Obispo Féliz Lorenzo, Roberto Cáceres y José Bernabé Quiterio, quienes son señalados como miembros de la red de lavado desarrollada por “El Abusador”.
La esposa de Sergio Gómez expresó que el arresto e inicio de proceso de extradición llevado a cabo por la Procuraduría General de la República, junto a las autoridades norteamericanas, constituyen un daño moral y familiar que ningún dinero del mundo podrá pagar.
“El Gobierno dominicano no tiene dinero con qué pagarnos el daño moral que nos ha hecho como familia y el trauma que les ha causado a mis hijos ni el presidente ni nadie aquí tiene el precio para pagarme el daño que nos ha hecho psicológicamente”, dijo Steisy de Gómez.
El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, dijo ayer que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Peralta, y que hace un año que la DEA y el FBI se interesaron por el caso.
Sin embargo, explicó que hay una investigación abierta y que desconoce si el declarado prófugo por la Procuraduría General salió del país.
Refirió, además, que aunque el DNI no participó en la operación que está a cargo de la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), le dan “apoyo a la investigación”.
Los tres solicitados en extradición por las autoridades estadounidenses coincidieron ayer en afirmar que desconocen quién es César Peralta, así como las imputaciones por las cuales la embajada pide su traslado a territorio norteamericano.
“Nunca lo he visto ni lo conozco”, respondió Sergio Gómez Díaz cuando le preguntaron por el tipo de vínculo que tiene con “César El Abusador”, antes de que los jueces de la Suprema Corte subieran a estrado.
José Tapia Pérez, quien fue trasladado al tribunal sin abogado, afirmó desconocer los cargos que se le imputan. “Me sorprendió. Vamos a ver qué dicen los fiscales, de verdad no tengo idea. No sé, no sé, tengo cuatro días sin ver a nadie, no sé de periódico, no sé ni siquiera por qué estoy aquí de verdad. Vamos a esperar que dicen”, afirmó Tapia
“Estoy dispuesto a enfrentar la Justicia donde sea, donde sea, como quieran ellos”, dijo tras la insistencia de los reporteros.
Se dispuso de un amplio dispositivo de seguridad para el traslado de los detenidos, desde y hacia la cárcel de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.