La reforma fiscal ha metido en una trampa sin salida al Gobierno que incluso ha perdido la autoridad moral para imponer un aumento de los impuestos con un presidente que aparece en los papeles Pandora, que lo menos que significa es recurrir a paraísos fiscales para evadir.
El Gobierno de Luis Abinader está realmente atrapado en medio de una embarazosa situación que comienza con la pérdida de la autoridad moral para hacer una reforma o un pacto fiscal como prefieren llamarlo los gobiernistas.
El principal problema del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es la aparición en los papeles Pandora de su principal dirigente y autoridad nacional, Luis Abinader, que lo menos que ha podido ocurrir es evadir el pago de impuestos, pero que además se agrega el hecho de que dinero de los narcos, que han permeado el Estado a través de su inversión en las campañas electorales y el financiamiento de una serie de candidaturas a diferentes cargos electivos, también den una explicación de la presencia del presidente en los paraisos fiscales, lo cual nadie puede afirmar por el momento.
La revelación de que Abinader está en los papeles Pandora ya se convierte en un obstáculo para que en el país se hable de reforma fiscal sobre la base de penalizar a la clase media o a los más pobres, porque entonces se estaría por buscar una solución al problema del déficit con nuevos impuestos que el propio presidente no ha estado dispuesto a pagar.
Estos dos elementos se suman a otros que también generan muchas dudas en el escenario nacional, porque mientras se persigue con razón a los corruptos del pasado gobierno se protege a una serie de personajes que hacen presencia en ese mundo y que han sido nombrados en la gestión de Luis Abinader, como por ejemplo el administrador del Banco de Reservas, involucrado en el caso de los Super Tucanos de la época leonelista.
De manera, que frente a la grave situación que afrontan las autoridades el trecho se le estrecha, porque cualquiera se preguntaría y hasta cuándo iba a financiar el Gobierno las alzas de los precios de los combustibles que constituyen una bomba de tiempo con una fuerte detonación política.
Ya circula por una serie de medios de comunicación social lo que para muchos es el proyecto de reforma fiscal y que los funcionarios del Gobierno prefieren llamarle pacto fiscal, lo cual es un imposible porque muy difícilmente los diferentes sectores que participan del Consejo Económico y Social avalen las propuestas del Gobierno.
Lo otro es que los partidos de oposición juegan a la demagogia con la participación en las discusiones que se producen en el CES, ya que muy difícilmente estarán de acuerdo con una reforma fiscal que definitivamente va a ser mucho más gravosa para la clase media y los más pobres del país, pero su razón para que no lo hacerlo es porque juegan también a la politiquería.
Es quimérico pretender que el presidente Abinader vaya a sacrificar a los que tienen grandes fortunas cuando todo el mundo sabe que esos potentados controlan el Gobierno, lo que les permite acumular riquezas inmedibles sobre la base de ordeñar al Estado y se niegan a hacer aportes al fortalecimiento de la democracia a partir de que haya una mejor distribución de las riquezas nacionales.
En el proyecto de reforma fiscal que ha sido puesto a circular ya se habla de un aumento al impuesto sobre la renta a los que devengan sueldos que alcancen los 70 mil pesos mensuales como si ese fuera un monto suficiente para la gente tener una vida de calidad.
Además, el referido proyecto de reforma fiscal aumenta los impuestos a las cargas, incluidas las de alimentos de primera necesidad, lo cual quiere decir que habrá un alzas de los precios de los artículos de la dieta diaria, constituyéndose en una especie de castigo a los que menos tienen, ya que el mismo es una especie gravamen al consumo.
Todo indica que con los costos que paga el pueblo dominicano por los servicios públicos, como por ejemplo la energía eléctrica y la carga impositiva informal que tradicionalmente ha golpeado al que menos tiene, no se pueda lograr en esas condiciones una reforma fiscal o como prefieren llamarle los gobiernistas un pacto fiscal.