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República Dominicana atrapada en espiral de corrupción integral y cultural sustentada en síndrome de la improvisación.
Por Elba García
No son pocos los escándalos que explotan permanentemente en la sociedad dominicana, donde los actos de corrupción en la administración pública supera, en términos de cantidad y monto, a cualquier otra nación latinoamericana o de cualquier otro lugar del mundo.
El problema tiene características tan especiales en el país que ya la gente entiende que cualquier pelafustán vaya al Estado para sustraer, no un par de millones de pesos, sino miles de millones y generalmente sin un régimen de consecuencia que pueda imponer un castigo que sirva de ejemplo a los que anhelan sumarse a esta forma de acumular fortunas.
El asunto descansa en un problema más complejo de lo que se ve a simple vista y en esa virtud la debilidad del sistema en este sentido no puede buscarse de forma individual, sino institucional, que implique la creación de mecanismos que combata el flagelo que ya se trata de una cultura de una sociedad que ve como normal que la gente vaya al Estado para enriquecerse.
Los esquemas de corrupción estructurados dentro de la administración de la cosa pública involucran no sólo al jefe del Poder Ejecutivo, ya que por omisión o comisión o sencillamente por una complicidad pone la primera piedra para que las cosas se concreten en este sentido, que se inicia con el nombramiento en un cargo en el gobierno de individuos sin tener la suficiente preparación para ocupar eficientemente la posición.
De manera, que el primer estímulo para que el funcionario público tenga la tentación de robarse los dineros de las arcas nacionales comienza cuando por razones politiqueras es designado en un puesto que no tiene la menor idea de cómo servirle al país, sino servirse él de forma personal.
Los sometimientos por esta razón son diversos y variados, pero al final, sobre todo por el fenómeno de la impunidad que prevalece en la justicia dominicana, el responsable sale legitimado y lo menos que pretende a partir de ahí es aspirar a la presidencia de la República.
La impunidad, que es una hija legitima de la falta de institucionalidad de que adolece el Estado dominicano, ha conllevado que los que han sido señalados como responsables de grandes robos del dinero público hoy sean, sino potenciales candidatos presidenciales, aspirantes que tienen un cierto de aceptación popular.
De forma concrete en este esquema se puede citar a Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Abel Martínez, entre muchos otros que si hoy no guardan prisión en una cárcel nacional es precisamente por los niveles de impunidad que prevalecen en la sociedad dominicana, lo cual explica el nivel de descredito del principal instrumento para llegar al poder que son los partidos políticos.
El último escándalo que ha explotado en la República Dominicana tiene que ver con el entramado de corrupción montado en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuya dirección estuvo en manos del doctor Santiago Hazín, quien en todo momento quiso darle una connotación política a las denuncias que se producían de que la ARS pública del país estaba en quiebra por las travesuras cometidas por este profesional de la medicina.
El primero que salió a defender al funcionario corrupto fue el propio Luis Abinader, quien durante su control del Estado en los últimos cinco años se ha caracterizado por nombrar a personas sin ninguna capacidad ni preparación para manejar grandes presupuestos públicos, cuyo último ejemplo en esta materia fue la designación en el Consejo de Desarrollo Fronterizo de una persona que fue señalada por el propio mandatario de haber quebrado al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).
Esta doble moral de Abinader ha quedado expresada a diferentes niveles de la administración pública, como por ejemplo con el envío como cónsules de dirigentes de la cúpula de su partido, el Revolucionario Moderno, entre ellos Eligio Jáquez y Jesús Chu Vásquez, quienes han sido designados al frente del consulado en el estado de Nueva York con ingresos que superan los 150 mil dólares mensuales en vez de cumplir con su promesa de campaña de reestructurar el concepto con que se manejan estas instituciones recaudadoras del Estado, ya que en vez de ser una fuente de inyectar recursos al fisco nacional, son una vía para enriquecer a dirigentes partidistas sobre la base de la explotación a los criollos a través de las tarifas que pagan los dominicanos que han tenido que huir del país como consecuencia de los altos niveles de corrupción, el costo de la vida y la carencia de empleos de calidad.
Otro ejemplo de lo que ocurre con la doble moral del jefe del Poder Ejecutivo es implementar una campaña de deportación de haitianos sin diseñar un buen plan en este sentido para no lesionar la economía nacional y evitar que los grupos mafiosos que operan en la frontera acumulen grandes fortunas con el tráfico humano y de otros tipos de travesuras, y al mismo tiempo designa como cónsules a amigos personales que venden la visa dominicana a los haitianos a razón de quinientos dólares por cabeza, como ocurre con Margarito de León en Juana Méndez.
En la actualidad la sociedad dominicana se debate en el entramado de corrupción que fue instalado en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la ARS del régimen subsidiado, es decir de la gente más pobre del país, que involucra unos actos de corrupción sumamente escandalosos a través de quien la presidía desde la llegada al poder de Abinader, el doctor Santiago Hazín.
Lo grave del asunto es que la incapacidad del presidente se quiere cubrir con una aparente intención de que el asunto se investigue cuando se sabe que todo es el resultado de su falta de visión estratégica y de manejo del Estado, lo cual explica claramente todo lo ocurrido.
Una deducción lógica, por ejemplo, de la designación de Jorge Zorrilla Ozuna en el Consejo Fronterizo, cuyo órgano tiene un presupuesto que llega a 1,484.234.6 millones en este año 2025, el cual no incluye los proyectos que se puedan presentar sobre la marcha, es que cualquier travesura de este hombre en la administración pública es responsabilidad del presidente Abinader, ya que de este funcionario difícilmente se pueda esperar algo contrario a la quiebra que sometió al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).
La crisis que se le viene encima a la sociedad dominicana por endeudamiento, déficits fiscales, la corrupción generalizada en la administración pública y todas las metidas de patas del Gobierno, tienen su explicación en la existencia de un presidente que no tiene la menor idea de cómo dirigir los destinos nacionales, lo cual es medible por la poca capacidad de las personas escogidas para administrar grandes presupuestos sin tener la menor capacidad para ello.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.