Disyuntiva nacional de tolerancia con la corrupción o aplicación implacable de la ley.

El entramado de corrupción que encabezaba la familia Medina Sánchez parece involucrar de manera directa al expresidente Danilo Medina, cuya conexión con los que operaban el ilícito negocio se devela a través de uno de los mecanismos de inversión pública como eran las visitas sorpresas.

Los detalles ofrecidos por el Ministerio Público sobre la operación Anti-Pulpo en la que están involucrados la mayoría de los hermanos del expresidente Danilo Medina, quien de acuerdo a los seguimientos al entramado de corrupción, lo convierten en un blanco principal de la investigación.

Por donde sea que se tomen los detalles ofrecidos por la Procuraduría General de la República no hay forma de desvincular a Danilo de los hechos que se les imputan a unos diez acusados, de cuyas ilegalidades el Ministerio Público dice tener unos trescientos elementos de pruebas.

El principal centro de operación de la mafia era el Fondo de Empresas Reformadas (FOMPER), que dirigía un dirigente peledeísta de Santiago de segunda categoría, Fernando Rosa, quien mantenía unos vínculos muy estrechos a partir de su designación en el referido órgano público con la esposa del expresidente, Cándida Montilla, y con los hermanos del entonces presidente de la República, Danilo Medina.

La designación de Rosa al frente del FOMPER parece que fue parte de la estrategia, porque en función de los planes de desfalcar al Estado no era conveniente que la presidiera la hermana de Danilo Medina, y por esa razón ella pasó a ser la vicepresidenta a pesar de que las decisiones provenían de la familia presidencial.

Las evidencias no dejan dudas de que el expresidente Medina estaba al tanto de las andanzas de su hermano Alexis, pero para que las acciones de la Procuraduría tengan legitimidad se debe perseguir también a otros de pasados gobiernos que también han depredado el patrimonio público.

Todavía falta ver como se manejan los jueces que conocerán el presente caso, porque será a partir de ahí que se podrá medir si los operativos Anti-Pulpo han sido exitosos, ya que no es tan fácil en el país lograr sanciones para personas que tienen fuertes tentáculos en el ámbito jurisdiccional, por lo que casi siempre se impone la impunidad.

Dos cosas serán muy importantes en el presente proceso de persecución de la corrupción, y la primera es que los expedientes no se caigan por debilidades en su elaboración y lo segundo que la persecución en contra del flagelo no se detenga sólo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino que alcance a muchos otros que han ocupado posiciones públicas y que hoy disfrutan el dinero del pueblo como si fuera propio.

En esa virtud, la persecución de la corrupción debe tener como blanco a leonelístas, hipolitistas e incluso reformistas o balaguerístas, a fin de que se imponga la institucionalidad y que el combate a la corrupción tenga la suficiente credilibidad que merezca el apoyo de todos los sectores que conforman la vida nacional.

La imposición de las medidas de coerción solicitadas en contra de unos diez imputados que han acumulado grandes fortunas sobre la base de engañar al Estado y a la sociedad dominicanas, es el primer reto del Ministerio Público y después que el juicio preliminar y de fondo se conviertan en una condena segura para los inculpados.

Todas estas acusaciones tienen que ser en el marco del debido proceso y la tutela judicial, la cual parte del principio de la presunción de inocencia, pero que estos derechos no se constituyan en motivo para que los que conocen estos casos en los tribunales competentes tengan una justificación para salirse con las suyas.