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Muerte de neonatos es resultado de la pérdida de la ética, de la cultura del trabajo y del sentido humano de la vida en el país.
Por Elba Rosa
La falta de responsabilidad, ética y hasta poco humana del personal de una serie de instituciones públicas y privadas se observa con contundencia cuando el ciudadano o cualquier persona tiene que acudir a buscar algún servicio importante, cuyo comportamiento de quien debe ofrecerlo deja mucho que desear e incluso generalmente no sabe sobre cuestiones elementales que se supone que debe manejar.
Este problema va desde las instituciones de intermediación financiera hasta los servicios públicos de salud y educación, donde el personal no entiende muy bien su responsabilidad y en consecuencia el mismo es pésimo o deficiente, lo cual genera serias molestias al usuario.
Pero donde esta conducta tiene un impacto mucho más severo es en el servicio de salud, donde la rutina del médico y del demás personal de los centros asistenciales se constituye en una amenaza en contra del paciente que procura dotarse de una atención que muchas veces les puede salvar la vida.
No hace mucho tiempo que igual como ocurre ahora en el hospital Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina, cientos de parturientas murieron en la Maternidad Nuestra de La Altagracia por causas que no tenían ninguna justificación, pero que el personal de ese centro asistencial atribuía los decesos a enfermedades que realmente no eran otra cosa que un descuido y un invento.
En ese momento la muerte de parturientas eran justificadas a través del llamado ataque clan, pese a que la realidad era que todo obedecía a un descuido de los anestesiólogos que cuando hacían su trabajo sin poner el cuidado que demanda tan delicada responsabilidad, prácticamente mataban a las parturientas por la distracción que les causaba hablar al propio tiempo de cumplir con su trabajo por sus dispositivos móviles.
En aquel momento, igual que ahora, el caso provocó el consecuente escándalo cuando se difundió por los medios de comunicación, pero sin que se resolviera la deficiencia el asunto pasó a un segundo plano y jamás se volvió a hablar del mismo.
El problema a este respecto está asociado a un proceso de que se ha llevado consigo la cultura del trabajo, la deshumanización y lo poco que importa la ética profesional en este caso de la medicina que hoy afecta a la República Dominicana, donde incluso hasta se ha caído en una labor tan rutinaria que hasta la muerte de los pacientes por descuido del personal de salud ha pasado a ser algo del día a día en todo el sistema sanitario nacional.
El escándalo del Hospital San Lorenzo de Los Minas hoy ocupa las primeras planas y toda la atención de los diarios nacionales, tanto impreso como digitales, así como de los canales de televisión y las emisoras de radio, pero el asunto también termina como todo lo anterior y sin que se produzca un régimen de consecuencias que no va más allá que la simple destitución de los responsables de la muerte de 34 niños en un solo mes.
Por el momento lo que se sabe es que el Gobierno sacó del puesto a los presuntos culpables de la irresponsabilidad y que por lo menos son investigados sobre los hechos, pero ello no representa una respuesta adecuada a lo que ocurre allí, porque ya se ha comprobado que en el fallecimiento de los neonatos hay mucha mentira, pero también mucha deficiencia, lo cual es transversal a todo el sistema sanitario nacional.
Este miércoles fue juramentado un nuevo director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, el doctor Armando Camejo, en sustitución del doctor Leonel Aquino, lo cual, aunque parece una medida positiva, en realidad se trata de buscar la fiebre en la sabana y no en el enfermo, aunque la medida no luce descabellada.
Asimismo, la doctora Ruth Encarnación fue designada como encargada del Departamento de Neonatología del referido central asistencial involucrado en la muerte de unos 34 niños en un espacio de tiempo que no supera los 28 días que tiene el mes de febrero.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) ha dispuesto una investigación sobre lo ocurrido, pero lamentablemente ello no constituye la respuesta que la población necesita, dado que se trata de un mal que demanda que las autoridades nacionales formen de una forma diferente a los que van al sector publico a un ofrecer un servicio sin el más mínimo sentido de responsabilidad.
Ni siquiera se trata de que los nuevos designados sean o no especialistas en medicina infantil, como los son, sino que el Estado requiere asumir mayores compromisos con las necesidades de la gente, dígase, niños, ancianos y sociedad en general.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.