Nacionales
La República Dominicana pone fin al diálogo con Haití
El gobierno acusa a Haití de romper el acuerdo firmado en Venezuela
SANTO DOMINGO. A menos de 10 días de haber firmado un acuerdo con Haití para priorizar el diálogo, ayer el gobierno dominicano decidió poner fin por el momento a las conversaciones que sostenían con las autoridades del vecino país, iniciadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la nacionalidad.
En tal sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la decisión del gobierno de no acudir a una nueva reunión, que se celebraría entre las partes este sábado en Caracas, Venezuela. «Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común. Haití ha preferido tomar otro camino», afirmó.
Montalvo hizo el anuncio pocas horas después de que la Comunidad del Caribe (Caricom) suspendiera la solicitud hecha por la República Dominicana para ingresar a ese organismo regional, en represalia a la sentencia 168-13, emitida en septiembre pasado por el TC.
A pesar de que las declaraciones del ministro de la Presidencia no establecen las razones que obligaron a las autoridades dominicanas a tomar esa decisión,, se presume que las mismas obedecen a la decisión del Caricom.
El pasado 19 de noviembre, Gustavo Montalvo y el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, firmaron, con la mediación de Venezuela, un acuerdo de tres puntos para priorizar el diálogo. El mismo fue rubricado en Caracas.
Días antes de esa firma, una comisión del gobierno dominicano viajó a Venezuela y Cuba, para explicar los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Respuestas Caricom
Más temprano, el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchi), al preguntársele sobre el fallo de Caricom, consideró que algunos sectores están mal interpretando y hasta distorsionando la sentencia del TC. «Yo creo que en cuanto a la soberanía nacional, nadie puede venir a tratar de incursionar en ella, a menos que sean los dominicanos», expresó.
Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Fadul reiteró que el gobierno acudirá a los organismos internacionales que sean necesarios para explicar el Plan Nacional de Regularización que será implementado a partir de la emisión de un decreto en ese sentido.
«También podemos añadirle los pasos concretos que estamos dando como gobierno, con el Plan de Regularización que se ha hecho de manera pública, para que todo el mundo pueda opinar y hacer las consideraciones que consideren de lugar, aportando los elementos que crean importantes, y objetar lo que crean que debe ser objetado», subrayó el funcionario.
Asimismo, Fadul aclaró que no habrá deportaciones mientras se ejecute el Plan Nacional de Regularización, ya que se accionará con un criterio de humanidad y de respeto a la dignidad de todas las personas afectadas.
Iglesia católica
El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, también criticó al Caricom, por entender que su decisión obedece a un mecanismo de presión en contra de la República Dominicana.
Entrevistado en San Pedro de Macorís, luego de participar en la inauguración de la circunvalación de esta provincia, el religioso puntualizó que el país tiene todo el derecho de aplicar sus normas migratorias. «Ese es un derecho que tienen todos los países del mundo; a nosotros no se nos puede restringir», agregó
Ceara hatton
Para el economista Miguel Ceara Hatton, el impacto que tendrá el no ingreso de la República Dominicana a Caricom no sería significativo a nivel económico, sin embargo, señaló que en términos de aislamiento, el país se verá afectado. «Diría que es prácticamente insignificante, porque el comercio que tenemos con Caricom es reducido», dijo. Ceara Hatton expuso que hay que tomar en cuenta que el problema con Caricom no es económico, sino la capacidad que tienen esos 14 países de generar un aislamiento.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.