Nacionales
La República Dominicana pone fin al diálogo con Haití
El gobierno acusa a Haití de romper el acuerdo firmado en Venezuela
SANTO DOMINGO. A menos de 10 días de haber firmado un acuerdo con Haití para priorizar el diálogo, ayer el gobierno dominicano decidió poner fin por el momento a las conversaciones que sostenían con las autoridades del vecino país, iniciadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la nacionalidad.
En tal sentido, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció la decisión del gobierno de no acudir a una nueva reunión, que se celebraría entre las partes este sábado en Caracas, Venezuela. «Entendemos que el gobierno haitiano ha roto el acuerdo que firmamos la semana pasada, en el que se priorizaba el diálogo entre los dos países para la búsqueda de soluciones ante cualquier asunto de nuestra agenda común. Haití ha preferido tomar otro camino», afirmó.
Montalvo hizo el anuncio pocas horas después de que la Comunidad del Caribe (Caricom) suspendiera la solicitud hecha por la República Dominicana para ingresar a ese organismo regional, en represalia a la sentencia 168-13, emitida en septiembre pasado por el TC.
A pesar de que las declaraciones del ministro de la Presidencia no establecen las razones que obligaron a las autoridades dominicanas a tomar esa decisión,, se presume que las mismas obedecen a la decisión del Caricom.
El pasado 19 de noviembre, Gustavo Montalvo y el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, firmaron, con la mediación de Venezuela, un acuerdo de tres puntos para priorizar el diálogo. El mismo fue rubricado en Caracas.
Días antes de esa firma, una comisión del gobierno dominicano viajó a Venezuela y Cuba, para explicar los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Respuestas Caricom
Más temprano, el presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchi), al preguntársele sobre el fallo de Caricom, consideró que algunos sectores están mal interpretando y hasta distorsionando la sentencia del TC. «Yo creo que en cuanto a la soberanía nacional, nadie puede venir a tratar de incursionar en ella, a menos que sean los dominicanos», expresó.
Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Fadul reiteró que el gobierno acudirá a los organismos internacionales que sean necesarios para explicar el Plan Nacional de Regularización que será implementado a partir de la emisión de un decreto en ese sentido.
«También podemos añadirle los pasos concretos que estamos dando como gobierno, con el Plan de Regularización que se ha hecho de manera pública, para que todo el mundo pueda opinar y hacer las consideraciones que consideren de lugar, aportando los elementos que crean importantes, y objetar lo que crean que debe ser objetado», subrayó el funcionario.
Asimismo, Fadul aclaró que no habrá deportaciones mientras se ejecute el Plan Nacional de Regularización, ya que se accionará con un criterio de humanidad y de respeto a la dignidad de todas las personas afectadas.
Iglesia católica
El obispo de la diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, también criticó al Caricom, por entender que su decisión obedece a un mecanismo de presión en contra de la República Dominicana.
Entrevistado en San Pedro de Macorís, luego de participar en la inauguración de la circunvalación de esta provincia, el religioso puntualizó que el país tiene todo el derecho de aplicar sus normas migratorias. «Ese es un derecho que tienen todos los países del mundo; a nosotros no se nos puede restringir», agregó
Ceara hatton
Para el economista Miguel Ceara Hatton, el impacto que tendrá el no ingreso de la República Dominicana a Caricom no sería significativo a nivel económico, sin embargo, señaló que en términos de aislamiento, el país se verá afectado. «Diría que es prácticamente insignificante, porque el comercio que tenemos con Caricom es reducido», dijo. Ceara Hatton expuso que hay que tomar en cuenta que el problema con Caricom no es económico, sino la capacidad que tienen esos 14 países de generar un aislamiento.
Diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.