Nacionales
Continúa dialogo entre Haití y República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-Haití y República Dominicana continúan las conversaciones sobre su diferendo por la construcción de un canal en el río Masacre y el uso de los recursos hídricos en ese afluente.
Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado emitido tras una reunión realizada los días 9 y 10 del presente mes la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., en la sede la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En la reunión participaron delegaciones de República Dominicana y Haití, encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, Roberto Álvarez y Jean Victor Généus, respectivamente.
El comunicado del Mirex resalta que ambas partes compartieron sus puntos de vista sobre el tema y exploraron diversas opciones para llegar a una solución justa, equitativa y razonable, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929 y el derecho internacional que rige la materia.
El comunicado además detalla que los dos países acordaron la necesidad de llevar a cabo un estudio técnico con el apoyo de una organización internacional calificada, seleccionada de común acuerdo, para determinar la realidad hidrológica, ambiental y social de la cuenca del río Dajabón/Masacre, tanto en el lado oriental dominicano como en el lado occidental haitiano.
Agrega que las discusiones que se realizaron de manera constructiva, también giraron en torno a otros temas de la agenda binacional, como la migración, el comercio y la seguridad transfronteriza.
Al término del encuentro, ambas partes dispusieron continuar la conversación en una próxima oportunidad.
Construcción del canal avanza de forma lenta
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que República Dominicana y Haití han informado sobre la reanudación de las conversaciones relacionadas con la construcción del canal de Pittobert, estos continúan en la ribera del lado de Juana Méndez, anque de forma más lenta.
Los trabajos lucen rezagados, aunque se observa personal en los preparativos para detener el caudal mediante la construcción de un dique, con el que se pretende aumentar el volumen de agua que circulará por el canal, construido por encima del nivel del río.
La lentitud del avance de los trabajos es atribuida la falta de materiales de construcción como varillas y cemento, ya que pese a la frontera fue abierta para el comercio de alimentos y otros productos, se mantienen las restricciones a los materiales de construcción.
También las constantes crecidas del caudal de río por las lluvias, dificulta los trabajos. Otro aspecto que afecta la obra es la falta de pagos a los obreros, quienes en principio lucían motivados por los incentivos entregados con envíos de remesas.
Las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), aumentaron los niveles de seguridad, requisando todos tipos de vehículos que transportan mudanzas, provisiones y rubros hacia el vecino país, los cuales eran utilizados para llevar materiales de contrabando.
En la zona de La Vigía, de la fronteriza ciudad de Dajabón se han reportado situaciones con algunos motoristas que tratan de burlan la vigilancia militar para contrabandear con fundas de cemento camufladas.
No dicen si detendrán construcción de canal
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores no ofrece detalles sobre si será paralizada la construcción del canal que se levanta del lado haitiano, que desvía las aguas del río Masacre hacia la vecina nación. Se recuerda que una de las condiciones que alegaba el Gobierno dominicano para retomar el diálogo con las autoridades de Haití, era que se detuviera la construcción del referido canal.
La construcción del canal sobre el río Masacre ha sido un tema de conflicto entre ambas naciones. Según informes, el proyecto avanzó en casi un 80% y ya se encuentra en la fase final.
Recientemente Jean-Baptiste Bien-Aimé, exsenador haitiano y uno de los partidarios de la construcción del canal, informó que los agricultores de la zona están decididos a encontrar suficiente agua para regar toda la llanura de Maribaroux y no tienen intención de limitarse a la construcción de un solo canal. Esta construcción ha sido considerada ilegal por la República Dominicana, porque viola el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambos países en 1929. Este tratado prohíbe que Haití o República Dominicana realicen obras que desvíen el curso de alguno de los ríos que corren entre ambas naciones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.