Santo Domingo, RD.-Veintinueve empresarios dominicanos que se destacaron por su solidaridad y que, además, demostraron que al ser líderes del sector privado no estaban dispuestos a rendirse ante las dificultades que trajo la pandemia del COVID-19, y que por el contrario apostaron por su país, fueron reconocidos anoche por la Revista Mercado.Más Noticias
La Revista Mercado reconoce a 29 empresarios
La lista la encabeza el José Luis Pepín Corripio, presidente Grupo Corripio, seguido de Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana
Santo Domingo, RD.-Veintinueve empresarios dominicanos que se destacaron por su solidaridad y que, además, demostraron que al ser líderes del sector privado no estaban dispuestos a rendirse ante las dificultades que trajo la pandemia del COVID-19, y que por el contrario apostaron por su país, fueron reconocidos anoche por la Revista Mercado.La lista la encabeza el José Luis Pepín Corripio, presidente Grupo Corripio, seguido de Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana.
En esta oportunidad el reconocimiento no se realizó a un único empresario, como ha sido lo habitual durante los años anteriores, por lo que en esta edición Revista Mercado decidió distinguir a 29 Empresarios Solidarios, por la invaluable labor de apoyo durante la crisis provocada por la pandemia, quienes sobresalieron por su compromiso con el país y los dominicanos.
Por las mismas razones fueron reconocidos Ligia Bonetti, presidente ejecutiva del Grupo SID; Juan Bautista Vicini, de JBVLL y Pedro Brache, quien lidera el Grupo Rica.
Por mostrar su lado solidario en medio de la pandemia del coronavirus, también fue reconocido el empresario José Miguel González, presidente de CCN y Mercedes Ramos, del Grupo Ramos.
La lista de galardonado la integra, además, Héctor José Rizek, presidente del Grupo Rizek, Manuel Pozo Perelló, de INDUBAN, y Rosa Bonetti de Santana de la Fundación Propagas.
Recibieron sus galardones también Rolando González Bunster, presidente y CEO de Interenergy Group; Carlos José Martí, del Grupo Martí, Manuel A. Grullón, presidente del consejo de administración del Grupo Popular y Luis Molina Achécar, del Centro Financiero BHD León.
Por sus aportes en la pandemia a favor de los más necesitados, de la misma forma fueron galardonados Ernesto Izquierdo, presidente Grupo Universal; Eduardo Cruz, del Grupo Humano; Andrés Mejía, de Mapfre Salud ARS y Félix García del Grupo Linda.
Entre otros destacados empresarios que mostraron su lado solidario fueron reconocidos Manuel Estrella, presidente y Fundador del Grupo Estrella; Fernando Capellán del Grupo M; María Amalia León, de la Fundación Eduardo León; Miguel Lama, de la Corporación Zona Franca Santiago y Marcio Juliano, director de la Cervecería Nacional Dominicana.
Además fueron galardonados los empresarios Juana Barceló, presidente Barrick Pueblo Viejo; Rogelio Viesca, presidente y CEO de Claro Dominicana, Ana Figueiredo, CEO de Altice Dominicana; Pablo Wiechers, de Nestlé para Región Caribe Latino; Morten Johansen, CEO DP World Caucedo y Roberto Yunen, director General Philip Morris Dominicana.
Al evento estaba invitado el presidente de la República, Luis Abinader, pero minutos antes de que iniciara, retiraron su seguridad y se informó que no asistiría.
Patricia De Moya, quien es la editora en Jefe y presidente de Mercado Media Network, destacó la importancia de esta cadena de solidaridad que se tejió entre el empresariado dominicano.
“El empresario del Año de Revista Mercado es hoy dedicado a todos estos empresarios solidarios, que son la imagen misma de la dignidad humana, y representan lo mejor de cada uno de los sectores que lideran. Sus empresas suman cientos de miles de empleos que han sabido mantener en estos duros momentos, generando estabilidad social”, dijo.
De su lado el Señor Pedro Brache, presidente del Grupo Rica y del Consejo Nacional de la Empresa Privada, agradeció en nombre de todos los galardonados por tan valioso reconocimiento y agregó: “Vamos a continuar aunando nuestros esfuerzos, de tal forma que podamos hacer frente a la pandemia y mitigar los efectos de una crisis sanitaria de dimensiones mayores”.
En el marco de este encuentro, Revista Mercado hizo un especial reconocimiento a la Fundación David Collado y su iniciativa “Mascarilla por la vida”.
Revista Mercado
Es una revista de inteligencia de negocios, que fue creada el 27 de septiembre de 1993. En esta se abordan temas de finanzas, tecnología, construcción, medicina y agropecuaria a la par con una plataforma de eventos, llamada Mercado Exchange.
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Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
El tribunal ordenó la libertad de los 13 ciudadanos, pero el caso no fue el último. Días después, durante una nueva inspección en el destacamento de El Tamarindo, en Santo Domingo Este, las defensoras públicas encontraron a otro hombre que llevaba casi 12 días privado de libertad sin haber sido presentado ante un juez, en circunstancias similares a las detectadas previamente en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.