Análisis Noticiosos
La ruptura Odebrecht impone sanciones y reformas políticas
Por Juan Bolívar Díaz
Las implicaciones en el país del escándalo continental de sobornos y financiamiento de campañas electorales por la empresa brasileña Odebrecht no podrán quedarse en el rosario de la impunidad nacional y tendrán que saldarse no sólo con sanciones, sino también con una profunda reforma política-electoral, hace tiempo demandada.
El presidente Danilo Medina no debería ampararse en que le demuestren culpabilidad, sino rendir cuentas como se le adelantó el expresidente Hipólito Mejía, y reconociendo la creciente indignación general, convocar al liderazgo nacional político para pactar una profunda reforma política, electoral e institucional.
Un clamor que no cesa, Fue significativo que millares de personas desfilaran el domingo en Puerto Plata contra la corrupción y la impunidad y que la marcha verde hiciera presencia en el Mundial de Beisbol en Miami. Se generaliza la percepción de que las dimensiones del escándalo Odebrecht han provocado una ruptura en la sociedad dominicana, hastiada de la corrupción y de la impunidad que la alimenta.
El 27 de febrero ya el presidente Medina reconoció la legitimidad de la protesta generalizada y luego varios defensores del Gobierno se han quejado del amplio respaldo que tiene la marcha verde contra la impunidad en los medios de comunicación, algunos denunciando conspiraciones y esbozando amenazas, como si de repente se hubiese apagado el enorme aparato propagandístico del partido gobernante pagado por el Estado.
Se cuenta que los firmantes del libro verde contra la impunidad han sobrepasado el medio millón, mientras una llama sale de los puntos cardinales para confluir el domingo en la capital, mientras los cibaeños juran que estremecerán a Santiago el día 26, plantando a los estrategas gubernamentales que han apostado a la dilución.
Las imputaciones judiciales en otros países y las expectativas de que los fiscales brasileños destaparán por completo los implicados latinoamericanos en el corrupto entramado de la Odebrecht en un período de tres a cinco meses, se han constituido en una llama de largo aliento. Y que aquí no haya un solo imputado mantiene muy pendientes la impunidad que ha predominado en múltiples escándalos de los últimos años, incluyendo los sobornos y sobrevaluación de los aviones Tucano, los grandes expedientes contra Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, y los casos de la OISOE, CORDE y CEA. Mientras, se ignora si devolvieron los US$30 millones que, según el Procurador Jean Rodríguez, había adelantado Odebrecht como parte del “acuerdo confidencial” que el juez Vargas rechazó.
Presión de Hipólito Mejía. El discurso del expresidente Hipólito Mejía el lunes 6 se constituyó en un nuevo elemento de presión sobre el procurador general, el Gobierno y su partido, al rendir cuenta pormenorizada de los dos contratos con la Odebrecht durante su gestión del 2000-04, el acueducto de la Línea Noroeste y la presa de Pinalito, ambos concluidos por su sucesor Leonel Fernández.
El primer contrato había sido negociado en 1999 durante el primer gobierno de Fernández, por la suma de US$129 millones, Mejía ofreció detalles de adiciones que lo elevaron en 10%, a US$141 millones. Lo concluyó Fernández a partir del 2004. No dijo el costo final, estimado en US$251, un 78 por ciento más. Precisó que su sucesor ejecutó la presa de Pinalito, contratada en el 2004, por US$131.7 millones. Se ha publicado que concluyó en más del doble, unos US$300 millones.
Mejía se desligó de los sobornos de Odebrecht, manifestando que si se demuestra que él, esposa o hijos incurrieron en algún acto de corrupción, se retiraría de la vida política y entregaría su patrimonio al Estado. Proclamó que “en los gobiernos del PLD una parte importante del patrimonio público fue dilapidada”, que quienes hayan ocupado cargos como la presidencia, están obligados a rendir cuentas, y justificó la indignación por los “altos niveles de impunidad” prevalecientes, por lo que “doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país”.
Un testimonio terremoto. Si Hipólito Mejía lanzó un misil provocativo, lo que llegó desde Brasil al día siguiente fue un terremoto. El diario O Estado de Sao Paulo y el portal digital de la reconocida revista Veija informaron que el prisionero Hilberto Mascarenhas Silva, quien fuera director del departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, (o “Departamento de Coimas”), había testimoniado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que entre 2006 y 2014 gastaron US$3 mil 390 millones en financiamiento de campañas en ese país, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá y Angola.
El impacto local fue mayor porque señaló a Joao Santana y su esposa Mónica Moura como los ejecutivos y beneficiarios del financiamiento que Macarenhas detalló por año, desde US$60 millones en el 2006 hasta alcanzar US$750 millones en el 2013, cayendo en el 2014 a US$450 millones.
Santana no sólo dirigió las exitosas campañas electorales de Lula da Silva y Dilma Rouseff, sino también las dos de Medina y el despliegue del testimonio y el escándalo en los periódicos dominicanos provocó que el mandatario nacional respondiera, por primera vez, una pregunta sobre el escándalo. Afirmó que él pagó los servicios de Santana, que la verdad va a salir de las investigaciones en Brasil y aquí, que hay mucha gente que “quisiera verme nadar en el lodo” y emplazó a quien le pueda probar que recibió dinero.
No aceptan la gravedad. El prolongado silencio del Presidente y de su partido sobre el escándalo choca con lo ocurrido en los otros países afectados. El presidente peruano Pedro P. Kuczynski, quien en un mes pronunció dos enérgicos discursos y anunció medidas concretas contra la corrupción, se sometió esta semana a un interrogatorio de periodistas internacionales y proclamó que “en Perú no hemos escondido esto debajo de la alfombra”, aunque allí los sobornos confesados sólo sumaron US$29 millones.
Tal como dijo el presidente Medina, habría que demostrarle si recibió dinero. Pero mientras, la esposa de Santana, Mónica Moura, ya aceptó en interrogatorio el año pasado, que tramitaron financiamiento a su campaña, aunque adujo no recordar el monto. Una decena de factores lo salpican y avergüenzan el país y son suficientes para que él haya detallado cómo y por cuánto se contrató a Santana y mostrara contratos y constancias de pagos. Aún se espera un pronunciamiento formal del PLD que tan activo fue contra la corrupción cuando perseguía el poder. Su secretario general Reinaldo Pared aceptó implícitamente la posibilidad del financiamiento de Odebrecht, se mostró sorprendido “de tanto escándalo”, y erró al plantear que “la ley no prohíbe recibir donativos de empresas privadas”. Desconoció los artículos 47 y 55 de la Ley Electoral 275-97, que las prohíben a las extranjeras.
Ineludible reforma política. Es amplio el consenso de que el escándalo Odebrecht, por sus dimensiones internacionales, no podrá quedar en el extenso archivo de la impunidad nacional, que tendrá que haber sanciones y que no basta tratar de generalizar las culpas de la corrupción. Pero mayor es la convicción de que para sofocarlo será ineludible una profunda reforma del sistema político electoral, y ni siquiera eso ha estado en las escasas respuestas peledeístas.
Si no contara con que se diluirá la indignación, el presidente Medina ya hubiese anunciado que convocará al liderazgo nacional para consensuar un paquete de reformas políticas, electorales e institucionales que prevengan, reduzcan y sancionen la corrupción y para evitar la prevalencia de la impunidad. Tendría que implicar sacar los agentes partidistas del sistema judicial, el ministerio público y los organismos electorales.
En las actuales circunstancias la nación tiene derecho a esperar acciones específicas de quien encarna su liderazgo, más allá de emplazar a que le demuestren que recibió dinero. Pero ni siquiera se escuchan enérgicas condenas del escándalo. Todavía hay tiempo.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.