Economía
La sagrada cesantía
Santo Domingo, R.D.-Luego de publicar el 2 de septiembre del año pasado el artículo “Que la pacten el trabajador y el empleador”, algunos amigos economistas a quienes aprecio y respeto me recomendaron no volver a tocar el tema que abordé en esa ocasión: el derecho de cesantía. Me señalaron que la cesantía es una conquista sagrada y que, en consecuencia, nunca debería ser tocada ni con el pétalo de una rosa en el marco de una verdadera reforma laboral. Por alguna razón, esa veneración de la cesantía, nos hace recordar otra de similar intensidad y que se mantuvo por casi 40 años como el más sagrado de los tótems económicos que hemos venerado, adorado y defendido los dominicanos en nuestra historia económica: la paridad del peso con el dólar.
En el caso de la sagrada paridad del peso, no importaba que esta constituyese una barrera para el crecimiento de las exportaciones, el desarrollo de las zonas francas y el surgimiento del turismo, o que operase como un subsidio a las importaciones de bienes y servicios. Quienes se atreviesen a plantear que el peso estaba sobrevaluado y que el país se beneficiaría con un sistema de tasa de cambio flexible y única, lo que implicaba “modificar” la paridad original fijada en 1947 con la creación del Banco Central (BCRD), tendrían que hacer frente a una junta de inquisidores monetarios conformada por abogados, economistas y empresarios que se beneficiaban del peso sobrevaluado. La junta era receptora de la acusación de conspiración contra el peso elaborada por el procurador fiscal cambiario de turno con sentencia pre-redactada para desacreditar y descalificar a los osados que atentaran contra el tótem sagrado de la paridad.
El temor a la inquisición monetaria caló tanto que muy pocos economistas del país todavía mantienen en su diccionario el término “devaluación”, prefiriendo recurrir a otros menos políticamente incorrectos como “modificar”, “deslizar”, “sincerar” o “ajustar” la tasa de cambio. El 23 de enero de 1985, el tótem fue demolido con la devaluación del peso dominicano en el mercado oficial y la unificación de las tasas múltiples al nivel que determinara el mercado libre o paralelo de divisas. La “destrucción creadora” del tótem de la paridad del peso y el dólar se convirtió en uno de los pilares fundamentales del conjunto de reformas estructurales que allanaron el camino al crecimiento y progreso económico de la nación durante las últimas cuatro décadas.
Con el perdón de mis amigos economistas, no me parece sensato que permanezcamos de brazos cruzados frente a una conquista, auxilio o derecho basado en principios morales y sociales que todos defendemos pero que, sin proponérselo, ha erosionado la capacidad del sector formal privado de crear empleos y expandido la participación del sector público y del sector informal en la absorción de empleo en el país. Si ajustamos el dato poblacional de 10,878,267 habitantes que sirve de base a la muestra de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del BCRD al nivel de 12,593,516 para corregir por la subestimación del censo de 2022, mantenemos invariable la tasa de desocupación oficial y reconocemos que cualquier incremento de la población ocupada derivado de la corrección de la subestimación poblacional solo puede tener lugar en el sector informal, se puede comprobar que entre 2000 y 2025, mientras las tasas de crecimiento anual promedio del empleo en el sector público y en el sector informal fueron de 4.73% y 2.72%, respectivamente, la correspondiente al sector formal privado fue de apenas 1.49%. Con el ajuste para corregir la subestimación poblacional tendríamos que, en 2025, los ocupados en el sector formal equivaldrían al 44.7% del total de ocupados, de los cuales 31.2% corresponden al sector formal privado y el 13.5% a los empleados del sector público. El sector informal, por su parte, emplea al 55.3% de toda la fuerza laboral ocupada del país. ¿Han mejorado esos indicadores con relación a los de 25 años atrás? No. En 2000, el sector formal empleaba el 47.7% del total de ocupados, correspondiendo el 39.8% al sector formal privado y el 7.8% a los empleados en el sector público. El sector informal, por su parte, empleaba al 52.3% del total de la fuerza laboral ocupada.
Respeto el derecho que tienen mis colegas economistas y mis amigos que han consagrado su vida al derecho laboral de plantear que contamos con el mejor Código de Trabajo de la región. Me atrevería a plantear, sin embargo, que ninguno de nosotros nos sentimos complacidos con los resultados de una institucionalidad del mercado de trabajo que ha fomentado el aumento del empleo informal y sustentado un aumento mucho menor en el formal empujado, en gran parte, por el boom que ha exhibido el empleo en el sector público.
La segunda opción que ofrecería la reforma que proponemos es que en caso de que los dos, el trabajador y el empleador, acuerden traspasarse a un sistema de seguro de cesantía o desempleo que descansaría en un aporte mensual que el empleador realizaría al fondo que se crearía, ambos deberán acordar el pago de la cesantía que corresponda a la fecha del traspaso, teniendo en cuenta ambos que el monto acordado podría ser inferior al 100% del estimado del pago de cesantía, dado que esta, en primer lugar, es un pasivo contingente del empleador, no un pasivo real que tendrá que pagar y, en segundo lugar, que el empleador, en lo adelante, contribuirá mensualmente con un porcentaje del salario del trabajador para alimentar el fondo que sustentará el seguro de cesantía o de desempleo.
Quienes ingresen al mercado laboral formal a partir de la fecha de aprobación de la nueva reforma, serían enrolados al sistema de seguro de cesantía o de desempleo. En consecuencia, no tendrían la opción de ingresar al sistema actual de auxilio de cesantía a no ser que el empleador y el nuevo trabajador lo acuerden en el contrato de trabajo que enviarían, para fines de registro, al Ministerio de Trabajo. Está de más decir que el proyecto de ley de reforma del Código de Trabajo deberá incluir el Sistema de Seguro de Cesantía o de Desempleo que se ofrecería como alternativa a los trabajadores y empleadores, siguiendo las normas y los parámetros de los mejores sistemas de seguro de cesantía vigentes en la región.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante el mes de febrero de 2026 logró una recaudación total de RD$72,096.8 millones, lo que representa un incremento de RD$6,103.6 millones en comparación con el mismo período del año anterior, equivalente un crecimiento interanual de 9.2%.
En una nota, la institución explicó que este desempeño permitió alcanzar un cumplimiento de 102.1% respecto a la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, superando lo proyectado en RD$1,514.6 millones.
De igual forma, precisó que, al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2025 como en 2026, el crecimiento mensual se sitúa en 7.8%, equivalente a RD$5,069.2 millones adicionales.
Con estos resultados, la entidad reafirma su rol como la principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano, al aportar el 78.7 % del total de los recursos captados a través de entidades recaudadoras.
Desempeño de los principales impuestos
Este desempeño estuvo impulsado por el dinamismo en sectores como hoteles, bares y restaurantes, comercio vehículos y elaboración de bebidas, cuyas ventas gravadas crecieron 10.8%, 8.1% y 10.6%, respectivamente.
El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó un total de RD$14,568.3 millones, registrando un crecimiento interanual de 17.3%, lo que equivale a un incremento de RD$2,145.3 millones más que en febrero de 2025.
De igual manera, el recaudo correspondiente al Impuesto Selectivo a los Combustibles alcanzó un total de RD$6,836.7 millones, mientras los ingresos por Marbete, Primera Placa, CO2 y Traspaso de Vehículos sumaron RD$3,036.7 millones, reflejando un crecimiento de 1.5%, equivalente a RD$46.1 millones adicionales.
Los demás impuestos aportaron en conjunto RD$15,332.8 millones, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de febrero de 2026.
“A pesar del complejo entorno internacional marcado por el resurgimiento de la incertidumbre, las perspectivas de la economía dominicana para 2026 siguen siendo favorables, aunque los riesgos podrían estar a la baja”, así lo señalan analistas del Banco Central en su foro Página Abierta “La economía dominicana en un entorno de incertidumbre creciente”.
Refieren que, desde comienzos de 2026, los riesgos geopolíticos han aumentado significativamente. La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha llevado a ataques directos en Teherán y a represalias iraníes contra Israel y bases estadounidenses en distintos países entre los que se incluyen los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Arabia Saudita y Kuwait, entre otros.
Apuntan que esta situación, sumada a la inestabilidad en Venezuela y a tensiones en regiones no tradicionales como Groenlandia, ha afectado los mercados energéticos, el comercio marítimo y la percepción de riesgo global, reduciendo las expectativas de crecimiento mundial.
Indican que para República Dominicana, donde la factura petrolera ha promediado un 17 % de las importaciones en los últimos cinco años, estos hechos son altamente relevantes y que luego de una caída sostenida en los precios del petróleo, los nuevos conflictos geopolíticos han revertido esta caída, elevando su precio por encima de US$75 por barril en la primera semana de marzo. Agregan que en un escenario posible de cierre prolongado del Estrecho de Ormuz por el conflicto con Irán, la oferta continuaría reduciéndose, presionando al alza los precios.
En su escenario base de proyecciones, el Banco Central prevé un déficit de cuenta corriente de 1.1% del producto interno bruto (PIB) para 2026, utilizando como supuestos básicos un precio del petróleo de US$60/barril y un precio del oro de US$4,450/onza troy. Sostienen que este déficit estaría totalmente financiado por una inversión extranjera directa (IED) que cerraría el presente año en unos US$5,150 millones, ratificando la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana.
El BCRD destaca que cada incremento de US$1 en el precio de referencia del petróleo aumenta la factura petrolera nacional en unos US$63.4 millones y que “en un escenario hipotético donde los precios promedios del petróleo en 2026 fuesen US$10 más altos que el precio del escenario base, se registraría un gasto adicional de US$634 millones que elevaría el déficit de cuenta corriente en 0.48% del PIB. La buena noticia es que este efecto podría compensarse si los precios del oro, tradicional refugio de valor, se mantienen elevados”.
Los expertos señalan que las estimaciones indican que un alza en el precio del oro de US$95.5/onza troy con respecto al escenario base sería suficiente para compensar los efectos de un dólar adicional en el precio del petróleo sobre la cuenta corriente.
Alza de aranceles
En cuanto a los efectos adversos que tendría sobre la economía la intención del presidente de los Estados Unidos de elevar los aranceles a 15%, el Banco Central indica que “aún es pronto para una evaluación concreta, pero que se puede argumentar que el arancel global no debería tener mayores efectos sobre la competitividad dado que se aplica por igual a todos los países. Sin embargo, podría afectar la demanda de exportaciones de ciertos productos por el aumento de precios que su aplicación generaría.
Como una nota positiva señala que la Casa Blanca ha indicado que los textiles y prendas de vestir del DR CAFTA estarían exentos de dicho arancel, por lo que las exportaciones de zonas francas de estos productos no se verían impactadas.
Afirma que dado que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, un déficit externo manejable y exportaciones diversificadas, el principal reto sería reforzar esfuerzos diplomáticos si el arancel global se mantiene más allá de lo permitido, como ocurrió con aranceles previos aplicados por órdenes ejecutivas. Indican que el país ha fortalecido su posición internacional exhibiendo una reducción sostenida del riesgo.
Consideraciones
Se espera un mayor dinamismo económico que en 2025 en un contexto de estabilidad de precios, especialmente en la segunda mitad del año, cuando se disipen las presiones.
La recuperación gradual de sectores claves, el continuo flujo de IED, la mejora en los términos de intercambio y el buen desempeño del turismo seguirán impulsando el crecimiento y el empleo, pese a la incertidumbre global.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó el pasado 16 de febrero de 2026 un nuevo esquema de facilidades de pago para sus contribuyentes con deudas tributarias pendientes mediante la circular número 03.
Según el documento al que el Listín Diario tuvo acceso, mediante esta los contribuyentes podrán beneficiarse de un descuento que aplicará sobre el monto de los recargos, debiendo pagar la base del impuesto más la totalidad de los intereses a compensar.
La disposición dispondrá beneficios diferenciados según el período fiscal de las deudas, donde las obligaciones anteriores al año 2020 tendrán un descuento sobre los recargos del 70% si el contribuyente realiza un pago único, del 50% si la deuda se salda mediante un acuerdo de pago con un máximo de seis cuotas iguales pagadas mes por mes y un pago inicial del 30%.
La institución indicó que lo dispuesto “aplicará a toda deuda tributaria de los periodos señalados, sin importar el tipo de impuesto o proceso que le diera origen. También aplicará para todos aquellos contribuyentes que se presenten voluntariamente a realizar sus declaraciones, ya sea que se encuentren omisos o por haber realizado rectificativas”.
Cómo acceder a los beneficios
Para poder obtener cualquiera de estas facilidades, es importante que los contribuyentes no se encuentren bajo un proceso de investigación por fraude ante la Administración Tributaria y, en caso de optar por la suscripción de un acuerdo de pago, deberá mantener al día otras obligaciones durante el período beneficiado.
Asimismo, si se incumple algún acuerdo de pago suscrito durante el último año hasta la fecha de la circular, el contribuyente solo podrá beneficiarse de la opción pago único.
Regulaciones
Es bueno señalar que estos beneficios solo podrán ser aprobados por el administrador local de la oficina o por el gerente de cobranzas si se trata de cobros en periodo coactivo.
“Para las deudas cuyos montos de los recargos sean superiores a los cinco millones de pesos dominicanos, se requerirá la aprobación del Director General o del Subdirector de Gestión de Cumplimiento o del Subdirector de Facilitación y Servicios”, explicó la dirección, con la salvedad de que este último solo podrá autorizar cuando el caso se encuentre en la Gerencia de Cobranzas.
Los contribuyentes que pertenezcan a la Gerencia de Grandes Contribuyentes deberán ser autorizados por su gerente y, si la suma de recargos superara el monto de diez millones de pesos dominicanos, serían sometidos a la aprobación del director general o el subdirector de Gestión de Cumplimiento.
Advertencias
El incumplimiento de una cuota dará lugar a la pérdida del beneficio, dando por finalizado el acuerdo y reactivando los procedimientos de cobro compulsivo establecidos en el Código Tributario, dejando sin efecto los beneficios que estipula la circular.
Las cuotas pagadas serán acreditadas al total de la deuda según el orden de prelación establecido en la ley.
Estas normas entraron en vigor el pasado 13 de febrero del 2026.