Economía
La sagrada cesantía
Santo Domingo, R.D.-Luego de publicar el 2 de septiembre del año pasado el artículo “Que la pacten el trabajador y el empleador”, algunos amigos economistas a quienes aprecio y respeto me recomendaron no volver a tocar el tema que abordé en esa ocasión: el derecho de cesantía. Me señalaron que la cesantía es una conquista sagrada y que, en consecuencia, nunca debería ser tocada ni con el pétalo de una rosa en el marco de una verdadera reforma laboral. Por alguna razón, esa veneración de la cesantía, nos hace recordar otra de similar intensidad y que se mantuvo por casi 40 años como el más sagrado de los tótems económicos que hemos venerado, adorado y defendido los dominicanos en nuestra historia económica: la paridad del peso con el dólar.
En el caso de la sagrada paridad del peso, no importaba que esta constituyese una barrera para el crecimiento de las exportaciones, el desarrollo de las zonas francas y el surgimiento del turismo, o que operase como un subsidio a las importaciones de bienes y servicios. Quienes se atreviesen a plantear que el peso estaba sobrevaluado y que el país se beneficiaría con un sistema de tasa de cambio flexible y única, lo que implicaba “modificar” la paridad original fijada en 1947 con la creación del Banco Central (BCRD), tendrían que hacer frente a una junta de inquisidores monetarios conformada por abogados, economistas y empresarios que se beneficiaban del peso sobrevaluado. La junta era receptora de la acusación de conspiración contra el peso elaborada por el procurador fiscal cambiario de turno con sentencia pre-redactada para desacreditar y descalificar a los osados que atentaran contra el tótem sagrado de la paridad.
El temor a la inquisición monetaria caló tanto que muy pocos economistas del país todavía mantienen en su diccionario el término “devaluación”, prefiriendo recurrir a otros menos políticamente incorrectos como “modificar”, “deslizar”, “sincerar” o “ajustar” la tasa de cambio. El 23 de enero de 1985, el tótem fue demolido con la devaluación del peso dominicano en el mercado oficial y la unificación de las tasas múltiples al nivel que determinara el mercado libre o paralelo de divisas. La “destrucción creadora” del tótem de la paridad del peso y el dólar se convirtió en uno de los pilares fundamentales del conjunto de reformas estructurales que allanaron el camino al crecimiento y progreso económico de la nación durante las últimas cuatro décadas.
Con el perdón de mis amigos economistas, no me parece sensato que permanezcamos de brazos cruzados frente a una conquista, auxilio o derecho basado en principios morales y sociales que todos defendemos pero que, sin proponérselo, ha erosionado la capacidad del sector formal privado de crear empleos y expandido la participación del sector público y del sector informal en la absorción de empleo en el país. Si ajustamos el dato poblacional de 10,878,267 habitantes que sirve de base a la muestra de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del BCRD al nivel de 12,593,516 para corregir por la subestimación del censo de 2022, mantenemos invariable la tasa de desocupación oficial y reconocemos que cualquier incremento de la población ocupada derivado de la corrección de la subestimación poblacional solo puede tener lugar en el sector informal, se puede comprobar que entre 2000 y 2025, mientras las tasas de crecimiento anual promedio del empleo en el sector público y en el sector informal fueron de 4.73% y 2.72%, respectivamente, la correspondiente al sector formal privado fue de apenas 1.49%. Con el ajuste para corregir la subestimación poblacional tendríamos que, en 2025, los ocupados en el sector formal equivaldrían al 44.7% del total de ocupados, de los cuales 31.2% corresponden al sector formal privado y el 13.5% a los empleados del sector público. El sector informal, por su parte, emplea al 55.3% de toda la fuerza laboral ocupada del país. ¿Han mejorado esos indicadores con relación a los de 25 años atrás? No. En 2000, el sector formal empleaba el 47.7% del total de ocupados, correspondiendo el 39.8% al sector formal privado y el 7.8% a los empleados en el sector público. El sector informal, por su parte, empleaba al 52.3% del total de la fuerza laboral ocupada.
Respeto el derecho que tienen mis colegas economistas y mis amigos que han consagrado su vida al derecho laboral de plantear que contamos con el mejor Código de Trabajo de la región. Me atrevería a plantear, sin embargo, que ninguno de nosotros nos sentimos complacidos con los resultados de una institucionalidad del mercado de trabajo que ha fomentado el aumento del empleo informal y sustentado un aumento mucho menor en el formal empujado, en gran parte, por el boom que ha exhibido el empleo en el sector público.
La segunda opción que ofrecería la reforma que proponemos es que en caso de que los dos, el trabajador y el empleador, acuerden traspasarse a un sistema de seguro de cesantía o desempleo que descansaría en un aporte mensual que el empleador realizaría al fondo que se crearía, ambos deberán acordar el pago de la cesantía que corresponda a la fecha del traspaso, teniendo en cuenta ambos que el monto acordado podría ser inferior al 100% del estimado del pago de cesantía, dado que esta, en primer lugar, es un pasivo contingente del empleador, no un pasivo real que tendrá que pagar y, en segundo lugar, que el empleador, en lo adelante, contribuirá mensualmente con un porcentaje del salario del trabajador para alimentar el fondo que sustentará el seguro de cesantía o de desempleo.
Quienes ingresen al mercado laboral formal a partir de la fecha de aprobación de la nueva reforma, serían enrolados al sistema de seguro de cesantía o de desempleo. En consecuencia, no tendrían la opción de ingresar al sistema actual de auxilio de cesantía a no ser que el empleador y el nuevo trabajador lo acuerden en el contrato de trabajo que enviarían, para fines de registro, al Ministerio de Trabajo. Está de más decir que el proyecto de ley de reforma del Código de Trabajo deberá incluir el Sistema de Seguro de Cesantía o de Desempleo que se ofrecería como alternativa a los trabajadores y empleadores, siguiendo las normas y los parámetros de los mejores sistemas de seguro de cesantía vigentes en la región.
Tres plantas procesadoras de Canadá fueron autorizadas para exportar carne de res y productos derivados al mercado dominicano, luego de una evaluación de los controles sanitarios y de inocuidad del país norteamericano.
SANTO DOMINGO.– República Dominicana autorizó nuevamente la entrada al país de carne de res procedente de Canadá, poniendo fin a las restricciones que durante más de dos décadas limitaron el acceso de estos productos al mercado nacional.
La decisión permite la importación de carne bovina y productos cárnicos canadienses, incluidas vísceras provenientes de ganado de diferentes edades, de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA).
Las restricciones dominicanas habían sido establecidas en 2003, luego de que Canadá reportara su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enfermedad conocida popularmente como “mal de las vacas locas”.
Evaluación sanitaria abrió paso a la autorización
La reapertura del mercado se produce después de una auditoría al sistema canadiense de inspección de carne bovina, en la que participaron autoridades dominicanas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).
Según la información ofrecida por la parte canadiense, la evaluación permitió verificar los mecanismos implementados por Canadá en materia de seguridad alimentaria, inspección de productos y sanidad animal.
Tras el proceso, las autoridades dominicanas procedieron a levantar las restricciones que permanecían vigentes para las importaciones de carne bovina de ese país.
La CFIA informó, además, que tres plantas procesadoras canadienses ya cuentan con autorización para realizar exportaciones hacia República Dominicana.
Mercado dominicano atrae a productores canadienses
La apertura representa una nueva oportunidad comercial para la industria cárnica canadiense, debido al volumen de productos que República Dominicana adquiere en los mercados internacionales.
De acuerdo con los datos divulgados, durante 2025 el país importó aproximadamente US$215 millones en carne de res y productos cárnicos procedentes de diferentes mercados.
Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, destacó la importancia que representa el mercado dominicano para los productores de su país y señaló que la autorización permitirá a las empresas canadienses competir para abastecer a los consumidores locales.
Más competencia en el mercado nacional
La incorporación de Canadá como proveedor podría ampliar las alternativas disponibles para importadores y distribuidores dominicanos, al tiempo que introduce un nuevo competidor dentro de un mercado que depende parcialmente de las compras internacionales para cubrir su demanda.
La medida también marca la normalización de las relaciones comerciales en este segmento después de más de 20 años de restricciones sanitarias.
A partir de la autorización, las empresas canadienses habilitadas deberán cumplir con los requisitos sanitarios, de inspección y certificación establecidos por las autoridades dominicanas para que sus productos puedan ingresar y comercializarse en el territorio nacional.
Economía
Contrataciones Públicas paraliza licitación por RD$240 millones del Ayuntamiento de San Cristóbal
La DGCP detectó falta de estudios previos, contradicciones en las especificaciones técnicas y requisitos que podrían afectar la libre competencia en el proceso para la recolección y transporte de residuos sólidos.
SANTO DOMINGO, RD.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la suspensión de oficio de un procedimiento de licitación pública nacional convocado por el Ayuntamiento de San Cristóbal, por un monto de RD$240 millones, destinado a contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos durante el período 2026-2028.
La decisión afecta el procedimiento ASC-CCC-LPN-2026-0003 y fue adoptada luego de que el órgano rector realizara un monitoreo preventivo en el que identificó una serie de situaciones que, según informó, contravienen disposiciones de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
Entre los principales hallazgos, la institución señaló la ausencia de estudios previos obligatorios y la existencia de inconsistencias importantes en la elaboración de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones.
De acuerdo con la DGCP, esas condiciones podrían vulnerar principios fundamentales que deben regir las contrataciones públicas, entre ellos la libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Requisitos bajo cuestionamiento
El análisis realizado por Contrataciones Públicas identificó, además, exigencias que consideró contradictorias o desproporcionadas.
Entre ellas figura el requerimiento de disponer de instalaciones operativas antes de la presentación de cartas compromiso con un plazo de 30 días.
También fue cuestionada la combinación de dos requisitos: acreditar experiencia previa en municipios de alta densidad poblacional y, al mismo tiempo, cumplir con una exigencia estricta de domicilio local.
La institución encontró igualmente ambigüedades en el pliego respecto de la diferencia entre el domicilio legal de los participantes y sus centros de operaciones.
Debida diligencia sobre oferente habilitado
Como parte del monitoreo y de las labores de debida diligencia, la DGCP examinó documentación correspondiente al oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal.
Según las informaciones divulgadas por el órgano rector, dentro de la oferta técnica fueron verificados contratos de arrendamiento relacionados con las operaciones comerciales en los que aparecen Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares del inmueble.
La DGCP indicó que Ruiz de la Rosa formó parte, hasta 2023, del órgano de administración de la misma empresa participante en el procedimiento, conforme a documentación societaria disponible en el Registro de Proveedores del Estado.
Asimismo, el organismo señaló que Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
La referencia a estos vínculos forma parte de los hallazgos comunicados por la DGCP y no implica, por sí sola, una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Suspensión fue ejecutada inmediatamente
Tras los resultados del monitoreo, Contrataciones Públicas ordenó la suspensión cautelar del procedimiento.
La medida fue ejecutada de manera inmediata a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, mientras el Ayuntamiento de San Cristóbal fue formalmente notificado de la decisión para los fines correspondientes.
La intervención del órgano rector coloca ahora bajo revisión un contrato de considerable impacto económico y operativo para el municipio, debido a que involucra RD$240 millones en recursos públicos y un servicio esencial como la recolección y transporte de los residuos sólidos.
El WTI llegó a US$102.95 y el Brent se acercó a US$109, mientras el encarecimiento del crudo eleva los riesgos para una economía dominicana altamente dependiente de las importaciones energéticas
SANTO DOMINGO.– La escalada de los precios internacionales del petróleo vuelve a colocar presión sobre la economía dominicana, luego de que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzara este miércoles los US$102.95 por barril en Nueva York, mientras el Brent se aproximó a los US$109 en los mercados internacionales.
El WTI llegó a registrar un incremento de US$6.90 por barril, equivalente a 7.18 %, en las operaciones correspondientes a los contratos del mes.
Horas después moderó ligeramente su avance y se situó alrededor de US$102.48.
Mientras tanto, el crudo Brent mostró un comportamiento similar. Los contratos futuros llegaron a cotizarse en US$108.24, con un aumento de US$7.03, equivalente a 6.95 %, y posteriormente se ubicaron alrededor de US$108.93 por barril.
Conflictos internacionales presionan el mercado
La escalada ocurre en un escenario marcado por tensiones geopolíticas y preocupación sobre la seguridad de las principales rutas utilizadas para transportar petróleo.
Uno de los focos de mayor atención continúa siendo el estrecho de Ormuz, considerado un punto estratégico para el comercio energético mundial.
La intensificación de los conflictos en esa zona ha elevado la incertidumbre sobre el suministro y contribuido a mantener la volatilidad de los precios internacionales.
El Brent se mantiene por encima de la barrera de los US$100 en medio de ese escenario de inestabilidad.
RD enfrenta mayor presión por su dependencia energética
Para República Dominicana, el incremento representa un desafío adicional debido a que el país depende de las importaciones de petróleo y, en una proporción significativa, de sus derivados.
El impacto no se limita al precio de las gasolinas.
El encarecimiento del gasoil o diésel tiene efectos directos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, la producción, la agricultura y otros sectores económicos.
El economista Henri Hebrard ha advertido que, por cada dólar adicional en el precio internacional del barril, el costo de las gasolinas y el gasoil en República Dominicana podría experimentar una presión equivalente a aproximadamente RD$1.60 a RD$1.80 por galón.
Ese aumento puede posteriormente trasladarse al costo del transporte y de numerosos productos adquiridos por los consumidores, generando nuevas presiones inflacionarias.
Subsidios superan los RD$30,000 millones
El incremento internacional encuentra al Gobierno dominicano aplicando un programa de subsidios destinado a evitar que la totalidad de las alzas externas sea transferida inmediatamente a los consumidores.
Según informaciones oficiales, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ya superan los RD$30,000 millones.
El esquema extraordinario adoptado por el Gobierno dentro del denominado Plan Anticrisis fue establecido inicialmente por un período de 90 días, con el propósito de preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de los aumentos sobre los hogares.
El vencimiento de ese período coincide ahora con una nueva escalada internacional del petróleo, aumentando la expectativa sobre la política que adoptará el Gobierno respecto a los precios internos de los combustibles.
Dilema entre precios y finanzas públicas
Mantener congelados determinados precios representa una protección inmediata para consumidores y sectores productivos, pero también incrementa el costo fiscal asumido por el Estado.
Permitir que una mayor proporción de las alzas internacionales llegue a los precios locales, en cambio, podría ejercer presión sobre la inflación y el presupuesto de los hogares.
El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha advertido que el aumento del diésel puede afectar la producción, el transporte interno, las mercancías importadas y la actividad agrícola.
Collado también llamó la atención sobre la necesidad de proteger las finanzas públicas ante un escenario internacional adverso.
De prolongarse los elevados precios energéticos, los gastos destinados a subsidios y otras transferencias podrían incrementar las necesidades de financiamiento del Gobierno, particularmente de cara a 2027.
El petróleo vuelve a convertirse en un riesgo para la economía
La evolución del mercado durante las próximas semanas será determinante para República Dominicana.
Una permanencia prolongada del petróleo por encima de los US$100 por barril podría obligar al Gobierno a decidir entre continuar destinando miles de millones de pesos para amortiguar las alzas o permitir ajustes graduales en los precios internos.
En cualquiera de los escenarios, el comportamiento del crudo vuelve a convertirse en una variable clave para la inflación, el transporte, la producción, el costo de los alimentos y las finanzas públicas dominicanas.