Nacionales
La SCJ analiza su fondo de pensiones
Mariano Germán Mejía dijo que la decisión de la SCJ estará apegada a la ley.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reveló ayer que el reglamento y el funcionamiento del fondo de retiro, pensiones y jubilaciones de esta institución está siendo analizado. Mariano Germán Mejía, también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), dijo que dicha evaluación se desarrolla para determinar si el fondo debe ser modificado o debe continuar funcionando como fue concebido.
“Tan pronto tengamos los resultados de los estudios y ponderaciones que estamos realizando informaremos oficialmente sobre la decisión tomada. Lo que podemos garantizar es que la misma será pertinente y apegada a la Constitución y las leyes que rigen sobre la materia”, indicó Germán Mejía a elCaribe.
Legalidad del fondo
Germán Mejía defendió la legalidad del régimen al referir que “el Poder Judicial tiene su Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones, reglamentado en la Resolución 1651-2007, rectificada por acta 07-2009 del 19 de febrero de 2009 del Pleno de la SCJ y modificada por el acta 44-2011 del 14 de diciembre de 2011 del Consejo del Poder Judicial”.
El magistrado expuso, además, que este “fondo tiene entre sus objetivos velar y asegurar que el régimen de jubilaciones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial goce de la autonomía administrativa y presupuestaria que disfruta el Poder Judicial, conforme a la Constitución Dominicana”.
Este sistema es de cobertura y contribución obligatoria para los servidores remunerados del Poder Judicial y que presten servicio de manera permanente.
Se recuerda que luego del escándalo de los planes complementarios, la Superintendencia de Pensiones dijo que las pensiones fuera del sistema de capitalización individual que establece la Ley 87-01, y que actualmente tienen vigentes entre otras instituciones la SCJ, tendrán que ser descontinuados.
Servicios de prestaciones del fondo de pensiones
Prevé pensión facultativa por antigüedad, pensión obligatoria, por discapacidad, por sobrevivientes y seguro de vida. Busca realizar una adecuada inversión de los fondos, conjugando beneficios y niveles de riesgo de modo que asegure la rentabilidad igual o superior a la obtenida por las AFP que operan bajo el régimen de seguridad social instituido por la Ley 87-01.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-Sera el lunes 17 de agosto cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La decisión, que originalmente se conocería este miércoles, fue reprogramada de manera administrativa por la secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado además por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo.
Los abogados del exprocurador, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitaron al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración, un retraso que, según sostienen, es enteramente atribuible al ministerio público.
Como sustento legal, invocaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar ese plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada emitida en su momento circunstancias que, según la defensa, no se configuran en este expediente.
El órgano acusador pidió rechazar la petición, al considerar que carece de fundamento jurídico y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.
Ortiz precisó que aplazamientos por motivos de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la propia defensa, derechos del personal judicial y la carga de trabajo de los tribunales no pueden atribuirse al órgano persecutor.
Citó como precedente la resolución del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, cuando también fue rechazada una solicitud similar.
Santo Domingo, R.D.-Fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos por la República Dominicana David Armando Brito Brito (El Jamaquen) acusado de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y otros delitos.
Se recuerda que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del arresto de este hombre el pasado mes de mayo, tras varios allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia en seguimiento a la Operación PT7.
La autorización de la extradición de David Armando Brito Brito se realizó a través del decreto 346-26 y salió del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue entregado a oficiales estadounidenses que lo trasladaron bajo custodia hacia Puerto Rico para responder en un tribunal las acusaciones que pesan en su contra.
“La captura y posterior extradición del dominicano es parte del trabajo conjunto, la cooperación y el intercambio constante de información entre la Republica Dominicana y Estados Unidos para capturar a fugitivos buscados por cometer delitos de narcotráfico, fraudes, lavado, asesinatos, violaciones, entre otros”, explicaron las autoridades.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades de la República Dominicana aclararon que el informe de la Casa Blanca titulado “La Gran Estafa del Transbordo”, el cual analiza prácticas ilegales mediante las cuales mercancías procedentes de países con aranceles más altos, especialmente China, podrían ser enviadas a terceros países para luego reexportarse a los Estados Unidos, no involucra, en términos generales al país en acciones ilícitas de esa naturaleza.
A través de un comunicado, enviado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se informó que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
Asimismo, el MICM informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades aduaneras y comerciales nacionales, y que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses competentes para entender los indicadores específicos señalados en el informe y fortalecer aún más la trazabilidad, los controles y los mecanismos de cooperación bilateral.
“El objetivo del Gobierno dominicano es claro: distinguir entre la triangulación ilegal y la producción legítima que ocurre cuando una empresa invierte, produce, emplea dominicanos y transforma bienes en la República Dominicana. Esa distinción es fundamental para proteger la reputación del país, defender el comercio formal y preservar la confianza de nuestros socios comerciales”, agregó el MICM.