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Senador y otros acusados en el caso Odebrech podrían ser inhabilitados de por vida por SCJ
Con los argumentos del Ministerio Público el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició ayer jueves las audiencias del juicio de fondo del caso Odebrecht, a fin de determinar si condenará a 10 años de prisión a los seis imputados por los 92 millones de dólares que la constructora pagó en sobornos en República Dominicana. Los jueces de la Alta Corte ponderarán si sería una pena justa, y apegada a la gravedad de los hechos imputados, poner fin a la carrera política del senador Tommy Galán Grullón, del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); Juan Roberto Rodríguez Hernández, así como impedir que en algún momento el empresario Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga puedan ejercer alguna función pública.
Las penas en caso de ser declarados culpables van desde seis meses hasta 10 años de prisión de acuerdo con la acusación de soborno o cohecho, lavado de activos, sobre falsedad, prevaricación, delito de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, acogida por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco.
Además de esto, la parte final del artículo 175 del Código Penal colocada en la calificación jurídica dada a los hechos presuntamente cometidos por Galán, Bautista García, Rodríguez Hernández, Díaz Rúa y Pittaluga, establece que “se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos”.
Aunque fueron muchos los interrogados, a la hora de acusar, la Procuraduría enfiló sus cañones contra 14 personas para luego solo presentar acusación contra seis de ellas por la adjudicación y financiamiento de las siguientes obras: Acueducto de la Línea Noroeste, ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, autopista del Coral, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, carretera Casabito, Corredor Duarte I y II, carretera del río Jarabacoa, acueducto Samaná, acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bávaro Miches. El expresidente del Senado, Jesús –Chú- Vásquez también formó parte del grupo de imputados, pero fue descargado por insuficiencia de pruebas.
Según la Procuraduría, Víctor Díaz Rúa recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850,000. Además de US$6,629,080 por la Autopista del Coral a través de Pittaluga y US$4,000,000 de Odebrecht en el Antigua Overseas Bank, según Hilberto Mascarenhas Alves, sumado a un viaje a Antigua y Barbuda.
El Ministerio Público acusa a Conrado Pittaluga de ser el testaferro de Díaz Rúa, así como de firmar contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituir sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Dice también que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.
A Ángel Rondón lo señala como la persona que distribuyó los sobornos a los funcionarios públicos a nombre de Odebrecht. Dice que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos por RD$983,682,226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2,690,155.73. Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.
De Tommy Galán, la Procuraduría afirma que en su calidad de funcionario falseó su declaración jurada de patrimonio para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Asegura también que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en un 63 %, y ocultó la suma de RD$63,000,000 en inmuebles y lavó dinero en constructora que creó en 2008.
Según la acusación, Andrés Bautista, de 1994 al 2004 incrementó en 668 % su patrimonio inmobiliario y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.
En tanto, Roberto Rodríguez, es acusado de recibir un soborno de Ángel Rondón a través de su cuñada.
El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009. La acusación describe además los productos financieros con que se gestionó el soborno.
Nacionales
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.
La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.
El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.
Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.
El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.
Detalles del incidente
El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.
El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.
Según Féliz, Cohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.
- «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.
Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.
Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.
El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.
De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.
El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.
El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.
En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.