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Senador y otros acusados en el caso Odebrech podrían ser inhabilitados de por vida por SCJ
Con los argumentos del Ministerio Público el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició ayer jueves las audiencias del juicio de fondo del caso Odebrecht, a fin de determinar si condenará a 10 años de prisión a los seis imputados por los 92 millones de dólares que la constructora pagó en sobornos en República Dominicana. Los jueces de la Alta Corte ponderarán si sería una pena justa, y apegada a la gravedad de los hechos imputados, poner fin a la carrera política del senador Tommy Galán Grullón, del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); Juan Roberto Rodríguez Hernández, así como impedir que en algún momento el empresario Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga puedan ejercer alguna función pública.
Las penas en caso de ser declarados culpables van desde seis meses hasta 10 años de prisión de acuerdo con la acusación de soborno o cohecho, lavado de activos, sobre falsedad, prevaricación, delito de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, acogida por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco.
Además de esto, la parte final del artículo 175 del Código Penal colocada en la calificación jurídica dada a los hechos presuntamente cometidos por Galán, Bautista García, Rodríguez Hernández, Díaz Rúa y Pittaluga, establece que “se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos”.
Aunque fueron muchos los interrogados, a la hora de acusar, la Procuraduría enfiló sus cañones contra 14 personas para luego solo presentar acusación contra seis de ellas por la adjudicación y financiamiento de las siguientes obras: Acueducto de la Línea Noroeste, ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, autopista del Coral, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, carretera Casabito, Corredor Duarte I y II, carretera del río Jarabacoa, acueducto Samaná, acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bávaro Miches. El expresidente del Senado, Jesús –Chú- Vásquez también formó parte del grupo de imputados, pero fue descargado por insuficiencia de pruebas.
Según la Procuraduría, Víctor Díaz Rúa recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850,000. Además de US$6,629,080 por la Autopista del Coral a través de Pittaluga y US$4,000,000 de Odebrecht en el Antigua Overseas Bank, según Hilberto Mascarenhas Alves, sumado a un viaje a Antigua y Barbuda.
El Ministerio Público acusa a Conrado Pittaluga de ser el testaferro de Díaz Rúa, así como de firmar contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituir sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Dice también que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.
A Ángel Rondón lo señala como la persona que distribuyó los sobornos a los funcionarios públicos a nombre de Odebrecht. Dice que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos por RD$983,682,226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2,690,155.73. Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.
De Tommy Galán, la Procuraduría afirma que en su calidad de funcionario falseó su declaración jurada de patrimonio para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Asegura también que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en un 63 %, y ocultó la suma de RD$63,000,000 en inmuebles y lavó dinero en constructora que creó en 2008.
Según la acusación, Andrés Bautista, de 1994 al 2004 incrementó en 668 % su patrimonio inmobiliario y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.
En tanto, Roberto Rodríguez, es acusado de recibir un soborno de Ángel Rondón a través de su cuñada.
El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009. La acusación describe además los productos financieros con que se gestionó el soborno.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.