Análisis Noticiosos
La seguridad social reta la concertación
Por Juan Bolívar Díaz (juanbolivardiaz@gmail.com)
Doce años después de ser creado, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) parece naufragar en medio de la incapacidad de sus actores fundamentales para operar un régimen basado en la concertación tripartita.
A casi seis años de ser instaurado el sistema de salud del fundamental régimen contributivo hace agua por diversos flancos en medio de la incapacidad de sus rectores y actores para operar un gran acuerdo nacional fundado en la concertación de Gobierno, empresarios y trabajadores.El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), máximo órgano rector del sistema, ha devenido en una torre de babel zarandeada por intereses sectoriales y con escaso liderazgo de quienes tienen la misión de defender una de las mayores conquistas de la sociedad dominicana.
Un limitado balance. Los rectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus actores sectoriales se sienten satisfechos con haber alcanzado una cobertura de salud del 52 por ciento de la población, con 2.9 millones de afiliados al régimen contributivo y 2.3 millones en el subsidiado, para un total de 5.2 millones de personas, pero la insatisfacción se generaliza en la población que cada vez tiene que pagar mayores cuotas adicionales para recibir una limitada cobertura de servicios médicos y de medicinas.
El mayor éxito del sistema parece ser la acumulación de 210 mil millones de pesos por las contribuciones de empresarios y empleados para el sistema de pensiones, pero su rentabilidad ha sido limitada, apenas por encima de la inflación acumulada en una década de implementación, en su mayor parte depositados en el sistema financiero cubriendo déficits del Banco Central. Tendrán que pasar muchos años aún para ver su eficiencia cuando los afiliados puedan comenzar a acceder a pensiones.
Por razones políticas los ejecutivos del SDSS con el Gobierno a la cabeza hicieron mucho énfasis en registrar una alta proporción de afiliados al seguro de salud mediante el régimen subsidiado.
Sin embargo, han ignorado el mandato legal de instituir el régimen mixto, (contributivo-subsidiado), a pesar de que en éste los beneficiarios estarían llamados a pagar una parte de su costo. Esa deficiencia conspira contra el 57 por ciento de la población que tiene un empleo informal.
Siempre se ha aducido que es más difícil implementar el régimen mixto, ya que en alta proporción sería de empleados independientes o de micro y pequeñas empresas, lo que es cierto si se compara con el contributivo que abarca a las medianas y grandes empresas, así como a las instituciones estatales y sociales. Pero la explicación se cae al comparársele con el régimen subsidiado, que es absolutamente individual y no paga.
Ampliación del plan básico. Un proyecto de ampliación del Plan Básico de Salud, presentado al Consejo de la Seguridad Social el 8 de julio por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y la amenaza de la Asociación de Clínicas Privadas de suspender los servicios a todos los usuarios si no le elevan las tasas, han detonado nuevas tensiones en el sistema.
Ya provocó un agrio intercambio de cartas entre el superintendente Fernando Caamaño y la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, originado en respectivas entrevistas en el telediario Uno+Uno.
El proyecto de la SISALRIL responde a dos resoluciones del CNSS de junio del 2012 y de abril pasado, y propone 3,708 nuevos servicios, medicamentos y procedimientos quirúrgicos, pero para financiarlos plantea la indexación de la cápita por inflación acumulada de 8.08 por ciento, al mismo tiempo que una elevación de 418 pesos mensuales por afiliado, en tres etapas entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014. Además un insignificante ajuste de 3.99 pesos mensuales por afiliado a la prima por accidentes de tránsito, que las aseguradoras están renuentes a cubrir.
En su entrevista por Teleantillas, y en una comunicación remitida a la presidenta del CNSS, Nélsida Marmolejos toma con poco entusiasmo la propuesta de Sisalril para ampliación de los servicios, argumentando que en muchos casos se trata de identificación de procedimientos que estaban cubiertos por paquetes. Centra su atención en el rechazo de la indexación de la cápita y de la elevación de los costos de los servicios y la prima de accidentes. Tiene razón en rechazar una elevación del 61 por ciento por los tres ajustes a la cápita actual de RD$788.58.
Caamaño auspicia el reajuste convencido de que sin el mismo no habrá expansión de los servicios, a menos que se combata frontalmente (cosa que duda) la evasión y la elusión que practican muchos empresarios y organismos estatales, como ayuntamientos, lo que él tiene en serias dudas. Asegura que muchas empresas declaran salarios hasta por la mitad del promedio de unos 7 mil pesos de los salarios mínimos, mientras los altos salarios públicos y privados quedan fuera del sistema.
Voluntad y liderazgo. El SDSS es definido como una inmensa torre de babel, demostrativa de la incapacidad de la sociedad dominicana para concertar en asuntos fundamentales. Un agudo conocedor del mismo lo definió así: el Gobierno pone la dirección, ministros, gerentes, los patronos tienen la tesorería, las aseguradoras cuentan con la SISALRIL, los bancos con los fondos de pensiones, y los sindicatos con la DIDA.
Es convicción general que después de Milton Ray Guevara, el primer presidente del CNSS, como ministro de trabajo, sus sucesores Ramón Fadul y la actual Maritza Hernández, han llegado al cargo con escaso conocimiento del sistema y menos voluntad política para liderarlo. El consejo ha devenido en un ente que no decide al no poder concertar, lo que es fundamental, ya que los tres sectores que lo integran, el público, los empresarios y los sindicatos tienen capacidad de veto.
La insostenibilidad financiera del sistema de salud está determinada por el pecado original de no haber implementado, como manda la ley, el nivel primario de atención, ni siquiera el Ministerio de Salud Pública ha centrado su atención en ese asunto primordial para reducir los costos. Las sociedades médicas resisten su implementación e imponen sus tarifas a través del copago.
El silencio sindical. Todos los sectores saben del subregistro de salarios y las evasiones. Empresarios justifican lo primero alegando que se trata de empleados de medio tiempo o por hora, especialmente en zonas francas y turismo. Pero en cualquier caso, están cotizando hasta menos de la mitad pero hay que darle servicios iguales a quienes cotizan como empleados de tiempo completo.
En el fondo hay nostálgicos que todavía sueñan con un seguro estatal sin negociar con la salud, que nunca funcionó, que discuten la indexación por inflación que defienden en los salarios, y sectores empresariales que han maximizado sus beneficios y pretenden inflar el globo hasta los límites de la explosión, contando con que ningún gobierno va a cargar con esa responsabilidad.
Y ahí están los sindicalistas, llamados a representar el interés de los trabajadores, pero que han perdido hasta la voz de denuncia, con sus cuotas de cientos de empleos y financiamientos para actividades sindicales.
El mejor ejemplo de su irresponsabilidad fue cuando en diciembre del 2010 acordaron que el Consejo devolviera 9,995 millones de pesos del fondo de riesgos laborales. Ellos recibirían 60 millones de pesos para emplearlos en programas de capacitación, a los empresarios se les acreditaban RD$6,982 millones y al Gobierno le devolvían RD$3,123 millones.
A instancia del Colegio Médico, un tribunal de amparo anuló meses después la resolución del CNSS, pero ya la voracidad de gasto del Gobierno de Leonel Fernández había dispuesto de su cuota y hasta ahora nadie ha reclamado la devolución.
Diagnósticos pesimistas
Los diagnósticos que se formulan coinciden en señalar que el Sistema de salud ha entrado en una etapa de insostenibilidad, que las aseguradoras estatales, Seguro Nacional de Salud (SENASA) Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y Seguro Nacional de Maestros, están en quiebra técnica o en serias dificultades.
SENASA ha sido manejada con criterios de competitividad, pero en desventaja al cargar con los pensionados del Estado y ofertando una mayor cobertura de servicios que las aseguradoras privadas, El desastre lo constituye el IDSS que sigue siendo un patrimonio político que el gobierno entregó hace 9 años al doctor Sabino Báez.
La Ley que crea el SDSS, 87-01, otorgó un plazo de gracia de cinco años al IDSS para que pudiera transformarse en una eficiente administradora de riesgos y proveedora de servicios de salud en capacidad de competir con las de carácter privado. A pesar de haber partido con una alta proporción de afiliados y la más grande red de instalaciones y equipos fuera del ministerio de Salud, doce años después el Instituto languidece y si no ha desaparecido es por el subsidio del Estado.
En el ámbito privado han desaparecido o se han fusionado con otras, media docena de las aseguradoras creadas originalmente, las últimas la SDS y La Colonial de Seguros asumida por la Universal de Seguros, una de las tres que van concentrando la población asegurada. Mientras fueron suspendidas aseguradoras de entidades autónomas del Estado, como a UASD.
Se denuncia una infinidad de maniobras para reducir el alcance de los servicios de salud, o dilatarlos, mientras la asignación de 2 mil pesos anuales como límite de cobertura de medicamentos, que siempre ha sido pírrica, es cada vez más insuficiente por el aumento sistemático de sus costos. Por su parte los médicos especialistas cada vez imponen mayores cuotas como copago por sus servicios. Todo ello genera una creciente insatisfacción de los usuarios que saturan de quejas la Dirección de Información y Defensa de los afiliados (DIDA), una de los ejes del sistema y probablemente el menos financiado.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.